El Tribunal de Estrasburgo condena a España por aplicar la 'doctrina Parot'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha confirmado este lunes la condena a España por aplicar la conocida como doctrina Parot a la etarra Inés del Río, sentenciada en España a 3.828 años de prisión por un total de 24 asesinatos. La doctrina Parot permite prolongar los tiempos en prisión de los delincuentes que suman varias condenas. Esta decisión puede suponer la excarcelación de unos 60 etarras y una quincena de delincuentes comunes, según la interpretación que realicen las autoridades judiciales españolas del fallo de Estrasburgo.

La Gran Sala del TEDH ha confirmado en su sentencia firme de este lunes, dada a conocer en lectura pública por su presidente, el luxemburgués Dean Spielmann, que España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que respectivamente establecen que "no hay pena sin ley" que la avale y "el derecho a la libertad y la seguridad" en el caso de Inés del Río. El tribunal ha instado a España a liberarla "a la mayor brevedad" y le obliga a indemnizarla con 30.000 euros por daños morales en un plazo de tres meses, tal y como dictó su Tercera Sección en su sentencia del 10 de julio de 2012. También obliga a España a pagarla 1.500 euros en concepto de costas judiciales.

Cómo afectara a otros reclusos

La excarcelación de los 60 etarras podrían producirse en los próximos meses. Según el Ministerio del Interior, al menos otros 75 terroristas podrían quedar libres posteriormente, en pocos años. Algunos de los presos a los que afectará la decisión del Tribunal son jefes históricos tanto del aparato político, como militar y logístico de la banda que han mantenido un alto grado de influencia dentro y fuera de las cárceles, a pesar de los años de reclusión: Santi Potros, Txikierdi o Josu Amantes.

No obstante, plataformas de apoyo a los presos de ETA como Etxerat sitúan la cifra en 71 presos, de los cuales 52 ya estarían en libertad si no les hubiera afectado la doctrina Parot. Además, ya hay otros 22 en libertad que vieron retrasada su salida de prisión al aplicárseles la nueva interpretación que hizo el Supremo de los beneficios penitenciarios.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press se muestran interesados en conocer el acople que tendrían de forma repentina estos terroristas de la vieja guardia en la actual izquierda abertzale, y la influencia que su autoridad podría tener en futuras estrategias, o si aceptarán las directrices de sus nuevos dirigentes, con una “hoja de servicios” a la causa mucho más reducida.

Entre la prevención y la bienvenida

El fallo del Tribunal de Estrasburgo coincide en el tiempo con el segundo aniversario del anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, el 20 de octubre de 2011. Dos años en los que no se han hecho grandes avances políticos: ETA se resiste a desaparecer definitivamente y el Gobierno rechaza hacer concesiones en materia penitenciaria a los presos etarras. Cómo se reciba la sentencia de Estrasburgo supondrá un nuevo reto para el proceso de reconciliación en el País Vasco.

El presidente del Gipuzko Buru Batzar del PNV, Joseba Egibar, ha asegurado ya que una sentencia contraria a la doctrina Parot “oxigenaría” el ambiente político, que en la actualidad se encuentra, a su juicio, “un poco pesado”. Es preciso, destacó, “entrar en un nuevo tiempo de gestión y administración de toda la cuestión penitenciaria”.

En su momento, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a sugerir la posibilidad de aplicar la “ingeniería jurídica” para retrasar la salida de los etarras de la cárcel. Pero, preguntado por el escenario que se abrirá tras el fallo de Estrasburgo, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se limitó a atribuir la responsabilidad de la aplicación de la sentencia a los jueces de la Audiencia Nacional. La del Ejecutivo, añadió, acaba con la defensa del recurso ante el Tribunal y en ningún momento se ha planteado la posibilidad de no atender el veredicto. Según el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, habrá que “examinar en cada caso concreto” los efectos del fallo.

Las víctimas vigilarán a los fiscales

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Los más beligerantes, por el contrario, son los miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que creen que el Gobierno podría negarse a aplicar la sentencia alegando que afecta a la seguridad de sus ciudadanos y genera “alarma social”, como ya hizo el Reino Unido en una ocasión anterior. Según una de las abogadas de la AVT, el fallo es vinculante para España pero “no directamente ejecutable”, ya que el ordenamiento jurídico español no establece la forma en la que han de cumplirse estas sentencias.

Además, sostiene que la salida de prisión de los terroristas no sería automática, podría dilatarse en el tiempo. Es el caso concreto de Inés del Río, cuyo recurso motiva la sentencia y cuya salida la AVT cree que puede alargarse hasta dos años.

“Esto no abrirá las puertas de las cárceles”, ha dejado claro la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza. Cada recluso, explica, deberá presentar su propio recurso, que tendrá que ser dirimido por los tribunales con las correspondientes alegaciones de la Fiscalía y las propias víctimas. “Estaremos muy vigilantes con la actuación de la Fiscalía”, advierte Pedraza, tras resaltar que no comparte algunas de sus últimas decisiones, como la de no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán.