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Derechos humanos

El Gobierno recalca que se trata de un “caso concreto” y deja en manos de la Justicia la aplicación a otros presos

  • Ruiz-Gallardón lamenta el fallo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
  • El titular de Interior sostiene que las posibles excarcelaciones no supondrán impunidad y que su departamento estará vigilante ante posibles actos de enaltecimiento
  • Fernández Díaz reitera el compromiso del Gobierno con las víctimas y señala que el Ejecutivo ni negocia ni negociará con la banda terrorista

Publicada 21/10/2013 a las 16:27 Actualizada 21/10/2013 a las 18:18    
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Los ministros Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, poco antes de su comparecencia conjunta este lunes 21 de octubre.

Los ministros Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz-Gallardón, poco antes de su comparecencia conjunta este lunes 21 de octubre.

EFE
Poco más de dos horas después de hacerse público el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumba la denominada doctrina Parot, los ministros de Justicia e Interior comparecieron en rueda de prensa conjunta para reaccionar a la sentencia. Ambos insistieron en que se trata de un texto que afecta a un “caso concreto” y dejaron en manos de la Audiencia Nacional y las provinciales la aplicación del fallo a otros casos concretos. Tanto Alberto Ruiz-Gallardón como Jorge Fernández Díaz fueron muy insistentes en la idea de que se trata de una decisión judicial y no política.

“La decisión a quien corresponde a efectos de aplicación práctica es a la Justicia, no al Gobierno. Es la Audiencia Nacional a quien le corresponde establecer cuáles son la consecuencias prácticas de esta resolución del Tribunal Superior de Derechos Humanos. El propio fiscal general del Estado me ha trasladado que en cada procedimiento se hará un estudio profundo para la aplicación de esta sentencia a otros supuestos distintos”, señaló el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sobre esta misma base, Gallardón, que ya había recalcado que a este último fallo no cabe la presentación de recurso, fue preguntado por la posibilidad de recurrir otras eventuales excarcelaciones. El ministro dijo que esta decisión corresponderá a los respectivos tribunales una vez analizado detenidamente cada uno de los casos.

No es un secreto que la sentencia de Estrasburgo, pese a esperada, ha supuesto un mazazo en el Gobierno. “Ya dije que lo lamento”, respondió Ruiz-Gallardón cuando se le cuestionó sobre su opinión personal. No obstante, ambos ministros se conjuraron para, además de desviar el foco hacia los tribunales, señalar que todo sigue igual en lo que ha política antiterrorista se refiere.

“Esta sentencia no cambia el estado fundamental de la cuestión. Ayer hizo dos años del anuncio por parte de ETA […] del cese de su actividad terrorista. ETA decidió el cese porque fue derrotada, ha sido derrotada por el Estado de derecho. Ganaron los demócratas a los terroristas. La ETA que hemos conocido ya no existe, ha sido derrotada. Esa ETA no volverá”, recaló el ministro del Interior. Tampoco cambia este fallo, según Fernández Díaz, la política penitenciaria del Gobierno. “La mayor parte [de los condenados] van a seguir en prisión cumpliendo sus sentencias en el marco de la ley”.

Sobre las posibles excarcelaciones que pudieran ir vinculadas a esta sentencia de Estrasburgo, el ministro del Interior, comprometió una respuesta firme y una actitud vigilante. Pero siempre manteniendo la consigna de desvincular al Gobierno de cualquier decisión: “Si las decisiones de la Justicia conllevaran eventuales excarcelaciones, el Gobierno va a seguir actuando en el marco de la ley. Y en este caso significa velar por que no se produzcan en ese caso de supuesta excarcelación exaltación del terrorismo ni humillación de las víctimas del terrorismo”

Gallardón, por su parte, aprovechó la cita para poner en valor la reforma del Código Penal que su departamento ha llevado ya al Consejo de Ministros y que incluye la prisión permanente revisable para diferentes delitos, entre otros los de terrorismo. “La lucha contra el terrorismo que empezó hace 40 años y que hemos ganado en España los demócratas continuará con la misma firmeza. No volverá a ocurrir que cada asesinato tenga un reproche de un año por cada uno de los muertos”, aseguró.

La sentencia de Estrasburgo condena al Gobierno español a indemnizar a la etarra Inés del Río con 30.000 euros y a pagar otros 1.500 por costas. En su intervención, Ruiz-Gallardón recordó que "el Gobierno aplicará un criterio de exigencia de responsabilidades pecuniarias" a la condenada ya que "no satisfizo las indemnizaciones a sus víctimas". "El Estado se lo reclamará porque fue el Estado el que satisfizo aquellas indemnizaciones de las víctimas porque se declaró insolvente", aseveró.

El PSOE acata, pero le "repugnan" las consecuencias

Nada sorprendente la posición oficial del PSOE sobre la sentencia de la doctrina Parot favorable a la etarra Del Río. “No puede ser otra que acatar la sentencia, porque vivimos en un Estado de derecho, igual que el PSOE acató siempre la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional desarrollando la doctrina Parot, diseñada “para endurecer un Código Penal aprobado en el franquismo”, según expuso este lunes en rueda de prensa en la sede federal Óscar López, el secretario de Organización. Pero, al tiempo, se solidarizó con las víctimas: “Nos repugnan las consecuencias que esta sentencia pueda tener en algunos casos, porque no puede valer lo mismo matar a una persona que a 24, cosa que no permite el Código Penal de 1995. Por eso lamentamos el dolor que esta sentencia pueda tener entre las víctimas”.

López, no obstante, subrayó que el fallo de Estrasburgo “no debe afectar a la unidad de los demócratas, precisamente ahora que se cumplen dos años del fin del terrorismo”. José Luis Rodríguez Zapatero recordaba ayer en un artículo en infoLibre que el fin de ETA, cuando han transcurrido dos años del anuncio del fin de la actividad armada, es “irreversible”.

El número tres del PSOE coincidió, con el Gobierno, en que la aplicación de la sentencia es competencia ahora de los tribunales sentenciadores, en que es una cuestión puramente “judicial”. Por último, López se refirió al hecho de que uno de los magistrados de la Gran Sala de Estrasburgo es Luis López Guerra, exsecretario de Estado de Justicia del PSOE (2004-2007) y uno de los jueces que, en primera instancia, en julio de 2012, apostó por derogar la doctrina Parot. “Si el partido acata las decisiones de un tribunal, acata las de todos sus miembros, y este es el mismo tribunal que en su día ratificó la ilegalización de Batasuna”, informa Juanma Romero.

IU: un "varapalo" que "avergüenza" a España

Por parte de Izquierda Unida opinó Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso. El diputado consideró que la decisión del TEDH de "echar por tierra" la doctrina Parot es un "varapalo" que "avergüenza" a las instituciones democráticas españolas y da argumentos "victimistas" a los terroristas y sus "amigos", por lo que pidió aplicar la sentencia "sin subterfugios". A su juicio, se trata de una sentencia "ajustada a derecho" porque lo que hace es "reponer" unos derechos reconocidos en la propia Constitución española al afirmar que "no hay seguridad jurídica improvisando una pena mayor" y apuntar que hay que mantener la irretroactividad de las leyes. "Flaco favor ha hecho el Tribunal Constitucional a la democracia española y a la Constitución"
.
Llamazares defendió que el fallo supone la "demostración" de que "no hay atajos" en la aplicación de la ley que no puede estar sujeta "ni a la razón de Estado ni a la sensibilidad social, por muy justificada que esta esté", sino a la legislación y a la jurisprudencia de los tribunales. "Quien avergüenza a las instituciones no es quien discrepa de la doctrina Parot, sino quien construye una doctrina contraria a la legalidad que luego nos reprocha la Unión Europea", informa Europa Press.


1 Comentarios
  • 1 esbama 21/10/13 22:28

    Que recalque, que recalque... però...

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