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Doctrina Parot

La Audiencia Nacional estudia la puesta en libertad de la etarra Inés del Río

Fotografía de archivo de la presa etarra Inés del Río Prada.

Infolibre

El asunto de Inés del Río volverá a tratarse por los 18 magistrados que integran el Pleno de lo Penal de la audiencia Nacional el próximo viernes, día en el que había sido convocado un Pleno ordinario, cuya fecha se mantiene, y que incluía la discusión de dos recursos interpuestos por miembros de ETA contra la aplicación en su caso de este doctrina. 

Según informa Europa Press, se trata de los recursos de Jofesa Mercedes Enaga, miembro del 'comando Barcelona' y condenada por el atentado al Hipercor de esta ciudad en junio de 1987; y Juan Manuel Piriz López, condenado al principio de los ochenta por, entre otros delitos, el asesinato de un exmilitante de la organización.

No será por lo tanto hasta el viernes cuando la Audiencia Nacional trate en concreto la repercusión de la resolución de Estrasburgo para otros presos diferentes a Inés del Río.

La Audiencia Nacional tiene pendientes de resolución otra treintena de recursos de presos de la banda y de una integrante de una organización de narcotráfico que quedaron paralizados a la espera de la firmeza de la primera sentencia de Del Río, que data de julio de 2012.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó este lunes la resolución que condenó España a indemnizarla con 30.000 euros por los cinco años de más que ha permanecido en prisión en aplicación de la 'Parot', ya que su excarcelación inicial estaba prevista para 2008.

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Las mismas fuentes han señalado que la Sala ha dado traslado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe de lo que considere oportuno sobre este asunto antes de la sesión de mañana. Fuentes del Ministerio Público han declinado valorar la resolución del TEDH hasta conocer en profundidad el texto de Estrasburgo.

En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a la miembro de ETA Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.

Del Río acudió en amparo al Tribunal Constitucional contra la aplicación en su caso de estas doctrina, que supuso en la práctica una extensión de su condena hasta 2017 al obligar a que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios...) se aplique respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.

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