El PSM recusa al juez casado con una consejera de Cospedal para que no decida sobre la privatización sanitaria

Los diputados del PSOE madrileño (PSM) que mantienen un recurso en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) contra la privatización de seis nuevos hospitales registraron ayer el escrito de recusación contra el juez Gerardo Martínez Tristán. Como adelantó infoLibre, el magistrado está casado con Marta García Calzada, consejera de Fomento en el Gobierno de María Dolores de Cospedal y hasta 2009 fue alto cargo del Ejecutivo madrileño como vicepresidenta del tribunal regional de Defensa de la Competencia.

Presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJM, Martínez Tristán decidió el pasado día 11 que todos los recursos sobre la materia pasen a manos del pleno de la Sala, presidido por él mismo, y con independencia del trámite procesal en que se encuentre. El magistrado sostiene que no solo no hay motivos para la recusación -"nunca he sido del PP ni soy candidato del PP al Poder Judicial"- sino que si se abstuviera incurriría en responsabilidades disciplinarias. Los socialistas entienden, por el contrario, que aun si Martínez Tristán fuese un espejo de independencia, su imagen de imparcialidad se ve severamente desdibujada por su matrimonio con una militante y alto cargo del PP. 

La Comunidad de Madrid ya lo pidió

El magistrado confirmó ayer a infoLibre que el 30 de septiembre, dos semanas después de que la Sección Tercera de lo Contencioso del TSJM decretase, a solicitud de la asociacón de médicos AFEM, la suspensión cautelar del proceso privatizador, los abogados de la Comunidad de Madrid ya le pidieron que acumulase todos los recursos. 

Pero Martínez Tristán asegura que no accedió a esa petición -y que así se lo comunicó a los magistrados de la Sección Tercera- hasta que, el 8 de octubre, la Sección Octava desestimó otro recurso, este de CCOO. "Le dije a la Sección Tercera que no avocaría [trasladaría] los recursos a pleno salvo que a ellos les pareciera bien como medida de respaldo", dice Tristán.

A la pregunta de por qué cree contradictorias la resolución judicial de la Sección Tercera y la de la Sección Octava, dado que AFEM no cuestiona el proceso privatizador en sí sino el pliego de condiciones y sus anomalías, mientras que CCOO sostiene que el Gobierno no puede privatizar bajo ninguna circunstancia, el magistrado respondó con un argumento del sindicato recurrente: que los dos autos son contradictorios.

El PSM amplía la recusación contra el juez de la privatización sanitaria

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Este diario no pudo contactar anoche con los portavoces de CCOO-Sanidad, cuyos razonamientos refuerzan objetivamente la posición del juez Martínez Tristán en un momento en que el Gobierno madrileño da por hecho que los 50 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJM levantarán la suspensión cautelar antes de fin de año. 

Si la privatización sigue adelante, anular sus efectos será casi imposible en la práctica: incluso si la sentencia final fuese favorable a quienes denuncian que el Gobierno privatizó con trampas -la fianza para las empresas concursantes se rebajó drásticametne cinco días antes que expirase el plazo de presentación de ofertas-, su ejecución resultaría más que difícil. Porque el nuevo sistema, con cambio de plantillas incluido, ya se habría implantado de manera plena.

Según Martínez Tristán, aunque la recusación de los socialistas -a cuyo texto no ha tenido aún acceso este diario- adolece de defectos de forma que los recurrentes deberán subsanar, ya ha decidido paralizar los trámites en tanto el TSJM resuelva sobre su continuidad o su apartamiento. Esa decisión corresponderá a un tribunal integrado por el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, que tradicionalmente ha mantenido una buena relación con el Gobierno de Madrid, los presidentes de las restantes salas del tribunal y otros dos magistrados del tribunal que, según fuentes consultadas, han de ser el más veterano y el de incorporación más reciente.