Una alcoba conyugal en la Audiencia de Castellón

“No tenía que haberle dado la palabra”. El micro abierto revela la queja del presidente del tribunal. Segundos antes, Vicente Vilar ha dejado estupefacta a la sala. Una vez más. El empresario que denunció a Carlos Fabra por soborno y tráfico de influencias a finales de 2003 se desdijo en la segunda jornada del juicio: “No le di ni un duro. Solo fue un cabreo”. Este miércoles, durante la última sesión, se ratificó y aprovechó el turno para culpar a su ex mujer, Montserrat Vives, de todos los males: “Me ha arruinado la vida, se ha gastado todo mi dinero”. El juez intentó reconducir la vista. Demasiado tarde. Wenley Palacios, el longevo abogado de Vives, la había reventado hacía rato: “Este hombre es un mentiroso compulsivo que no le pasa la pensión y he tenido que acudir a Cáritas para que le paguen [a Vives] la luz, el agua y el seguro del coche”.

Convertida en alcoba de disputas conyugales, la sala 20 de la Audiencia de Castellón era una colección de bocas abiertas. El juez levantó la maza y Palacios intentó acomodar el discurso. “Todo esto es una confabulación que se montó en el asador Marisa entre Vilar, su madre y los socialistas de Castellón”. El público estalló en un jolgorio y el vodevil llegó a su clímax. Un justo desenlace para una vista con todos los ingredientes del sainete. Algo que favorece a Fabra y su objetivo por librarse de los 13 años de prisión y los 1,98 millones de multa que solicita la Fiscalía. Las acusaciones reconocen que la nueva versión de Vilar es un mazazo y que podría echar por tierra diez años de instrucción. Más aún en la Audiencia Provincial, territorio en el que Fabra juega en casa. De hecho, su presidente, Carlos Domínguez, reconoció el trato “cortés y afable” que le une al político del PP, con quien se le ha visto jugar al golf en el campo de Borriol.

¿Por qué ha modificado Vilar su declaración? Las acusaciones coinciden: se trata de un ataque de pragmatismo. Vilar está en prisión desde el 2006 por violar a su exesposa. Y en breve podría conseguir el tercer grado. Si reconoce el soborno y es condenado, le caerían tres años más y perdería todos los favores penitenciarios. “De ahí su actitud enajenada. Quiere salvar el culo y, de paso, reírse de nosotros”, señalaron a infoLibre fuentes cercanas al caso. Algo que, unido a la “plaga de amnesia” de los numerosos testigos, “pone la cosas muy cuesta arriba”. Pese a ello, el fiscal anticorrupción declaró en su escrito de conclusiones que las fechas y los documentos “son claros” y probarían el cohecho y el tráfico de influencias.

De la cúspide al abismo

Los historia se inicia a finales de los noventa. Montserrat Vives entabla relación con la entonces esposa de Fabra, María Amparo Fernández. Detrás está el interés de Vilar por salvar su empresa, Naranjax, que tiene bloqueadas varias licencias de plaguicidas. El empresario quiere que el todopoderoso presidente de la diputación castellonense mueva sus hilos en el gobierno de José María Aznar. El 12 de julio de 1999 se celebra un reunión en el ministerio de Agricultura a la que asisten, entre otros, el ministro Jesús Posada, Carlos Fabra y el senador Miguel Prim, también acusado de corrupción. Dos días más tarde, el 14 de julio, se levanta el veto a Naranjax y el 18 de octubre se aprueban definitivamente los permisos. En diciembre, las esposas de Vilar y Fabra compran la firma Artemis 2000. Y en abril del año siguiente, el dirigente conservador constituye Carmacas SA, empresa que factura a Artemis, sin actividad ni trabajadores, un informe de riesgos laborales valorado en 126.000€. Además, Vilar, según la declaración que acompañó a la querella, abona a Fabra 55 millones de pesetas en negro.

En el 2002, se produce un nuevo encuentro, en este caso en el ministerio de Sanidad. Concurren la ministra Celia Villalobos, Fabra y Vilar. Un año más tarde, las ganancias de Naranjax se multiplican al pasar de 300 a 1000 millones de pesetas anuales. Es la cúspide y, al poco, se produce el abismo. La relación entre ambos matrimonios es estrechísima. Tanto que Vilar sospecha que entre su mujer y su benefactor existe alguna cosa más que amistad. El industrial riñe con su esposa, que se refugia en casa de Fabra y le acusa de violación. La dos mujeres deciden dejar a Vilar fuera de Artemis 2000 y, por tanto, de las ganancias por los fitosanitarios. El empresario enloquece e intenta contactar con Fabra, pero el silencio de éste aviva todas sus sospechas. Acude entonces al juzgado y lo cuenta todo.

Entre las pruebas con las que cuenta la fiscalía se hallan varias cartas internas de Agricultura. Una dice textualmente: “nota relativa al presidente de la diputación en relación a Naranjax”. En otra, el senador Prim, con “tono impetuoso”, según el fiscal, exige al ministro que “dé luz verde” a las licencias de Naranjax”. En una nueva misiva, de julio de 2000, el Director General de Agricultura se queja al ministro: “Las presiones políticas de parlamentarios y del presidente de la diputación de Castellón son continuas (...) Existen 800 peticiones de licencias de fitosanitarios. Solo una se intenta aprobar por influencias políticas”.

Manual de dinero negro

Pese a las evidencias en el soborno y el tráfico de influencias, las defensas se han mostrado laxas con las réplicas. Son conscientes que el golpe de timón de Vilar dificulta que las acusaciones acaben en condena. Al menos en la Audiencia de Castellón, favorable a las exculpaciones. En cambio, los cuatro delitos fiscales que se atribuyen a Fabra y su exmujer son más indefendibles. Entre 1999 y 2004, la Agencia Tributaria halló un agujero de 3,3 millones sin justificar en su patrimonio. El letrado Javier Boix, que ya consiguió la absolución del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el conocido como “caso de los trajes”, ha dirigido toda su artillería de penalista experimentado no tanto en demostrar la inocencia de Carlos Fabra como en forzar la prescripción de los delitos a través de un instrucción de diez años estirada a través de 20 recursos y una actitud obstruccionista con la documentación.

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Estas serían las estrategias, según la Abogacía del Estado, que ha seguido a Fabra en busca de todo tipo de caducidades. Eso y un ingeniería fiscal laberíntica, puro hormigón contable fraguado en 17.600 movimientos bancarios de 81 cartillas bancarias. “La cuentas no salen. El desfase es tremendo”, manifestó el Jefe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía durante la penúltima semana de juicio. “La forma de amortizar los préstamos de Fabra y su exmujer aparecen en los manuales de dinero negro”, remató. Además, la comparecencias de los peritos de Hacienda sacaron a la superficie la afición de Fabra por los casinos, en los que derrochó 640.000 euros entre 1999 y 2004. Y también ciertos comportamientos “extravagantes”, a juicio de estos peritos, como realizar 20 ingresos de 57.000 euros en cuatro días en la misma cuenta o dos ingresos con diferencia de dos minutos. “¿Qué sentido tiene? ¿No sería más cómodo hacer un único ingresos?”.

Pena ejemplar

“No es un defraudador cualquiera”, describe en sus conclusiones el fiscal, para quien a Fabra, como cargo público, se le exige una mayor pulcritud en el cumplimiento de la ley. “Y de la Constitución Española en su artículo 31, que pide que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica”, añade la abogada del Estado. En ese sentido, en alguien que se jacta de compaginar labores y nóminas como presidente de la diputación, corredor de seguros, asesor de empresas y secretario en excedencia de la Cámara de Comercio resulta “insoportable” el fraude continuo a Hacienda. Y por ello, coinciden ambas acusaciones, “la pena no pude ser en grado mínimo, debe ser ejemplar”.