Anticorrupción exigirá a la infanta que devuelva medio millón porque se benefició de los delitos de su marido

El escrito con que, adelantándose al juez y dejándolo sin margen de maniobra inmediato, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach se opuso ayer a la imputación de Cristina de Borbón salva penalmente a la hija del rey pero por primera vez da por hecho que se benefició económicamente de los delitos atribuidos a su marido, lo que le obligará a devolver una cifra que puede rondar el medio millón de euros, según fuentes de la investigación. Ese medio millón equivale a la mitad de lo que la empresa de Urdangarin y Borbón, Aizoon SL, destinó a gastos familiares y personales desde su creación, en 2003, entre ellos la reforma del palacete de Pedralbes, múltiples viajes, comuniones e incluso un bautizo y un cumpleaños.

Para plantear la tesis de que la hija del rey participó “a título lucrativo” de los manejos económicos de Iñaki Urdangarin, Horrach reserva el último párrafo de un escrito que contiene una segunda novedad de gran relevancia y que ayer quedó eclipsada por el peso político e informativo de la infanta: por primera vez, y después de dos años de negativas, el fiscal abre la puerta a desimputar o, cuando menos, rebajar drásticamente la responsabilidad penal de Ana Tejeiro. Casada con Diego Torres, a Tejeiro ya no la encuadra el fiscal entre los cerebros de la trama. Deliberada o involuntariamente, la estrategia de la Fiscalía resta sostén, aun de modo tardío, una de las ideas más afianzadas en el imaginario popular: la de que la mujer de Diego Torres está imputada porque es solo la mujer del antiguo socio de Iñaki Urdangarin mientras que Cristina de Borbón se libra de bajar la rampa de la vergüenza de los juzgados de Palma porque es la hija del rey.

La redacción del párrafo que señala a Cristina de Borbón como beneficiaria económica de los delitos atribuidos a su marido es aséptica pero inequívoca: “Todo ello [el rechazo anticipado del fiscal a que se la impute y los argumentos por los que se opone], sin perjuicio de las responsabilidades civiles que, en su caso, puedan derivarse respecto de Doña Cristina de Borbón al amparo de lo establecido en el artículo 122 del Código Penal (participación a título lucrativo)”. El precepto del Código Penal citado por Horrach dice lo siguiente: “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

¿Si no decidían, tampoco influían?

En su escrito, Horrach equipara el papel de Cristina de Borbón –cuya citación como imputada movilizó en primavera a la Casa Real en apoyo del recurso de la Fiscalía–  y el de Ana Tejeiro: “Doña Cristina de Borbón y doña Ana María Tejeiro no participaban en la toma de decisiones estratégicas ni en la elaboración de proyectos, ni en su presentación y venta a potenciales clientes, ni tampoco en la determinación de los importes a facturar o de la identidad de quién facturaba y qué en cada momento”.

De manera implícita, el fiscal coloca así un parapeto ante quienes siguen pensando que la infanta se valió de su condición de hija del rey para abrirle puertas a Instituto Nóos, la pretendida ONG que captó seis millones públicos de los Gobiernos balear y valenciano. El dinero acabó, íntegro, en las cuentas de las sociedades dirigidas por Urdangarin y Torres.

En el sumario, hay un correo electrónico que aborda una hipotética gestión de la infanta tras otra de su padre. Otro email desvela que Urdangarin pidió ayuda al rey para el primer gran pelotazo de Instituto Nóos, la minicumbre turístico-deportiva Valencia Summit. Los correos electrónicos aportados por Diego Torres al juez indican que la relación entre suegro y yerno era fluida. Según Torres, cuya versión no ha sido desmentida por la Casa Real, el convenio para organizar tres ediciones de la Valencia Summit se fraguó en una reunión celebrada en Zarzuela. El rey, declaró ante el juez el antiguo profesor de Esade, conocía "absolutamente" los negocios de Urdangarin.

Pero la estrategia de igualar o acercar los papeles jugados por la infanta y Ana Tejeiro resulta insuficiente para algunos. “Ana Tejeiro jamás tuvo visa ni utilizó dinero de las sociedades”, ejemplificó con enfado una persona que sigue muy de cerca el caso y en abierta alusión a cómo Cristina de Borbón sí que tenía visa de Aizoon y sí que usó dinero de esa sociedad para gastos personales. Según el fiscal, la infanta gastó directa y exactamente 28.458 euros de Aizoon entre 2007 y 2008. El gran ardid de Aizoon –abonar la reforma y decoración del palacete de Pedralbes– se había producido en 2005 y 2006. Aunque el fiscal no hace referencia a esos descomunales gastos en su escrito, también computarán a la hora de exigir a la infanta su responsabilidad civil.

El contenido del escrito, que denota una larga preparación por cuanto bebe en cientos de folios del sumario, indica que la instrucción está a pocos pasos de su cierre. Salvo, y la incógnita se resolverá entre hoy y mañana, que se produzca alguna revelación inesperada y sorprendente por parte del testigo Carlos Masiá, el notario que en su última declaración dijo que el equipo de Urdangarin se empeñó en que la infanta fuera socia de Aizoon SL para utilizarla como “escudo” frente a hipotéticas investigaciones. O salvo que el exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps, que declara como testigo, señale abiertamente a su homónimo y antiguo jefe, Francisco Camps, lo cual obligaría a pedir de nuevo su imputación al reticente Tribunal Superior valenciano. La que sí se da por descartada es la imputación de Gerardo Camps. Implicarlo en la causa significaría enviar el sumario al Supremo, tribunal ante el que el exvicepresidente está aforado como diputado al Congreso.

Horrach ha optado por plasmar su oposición antes de que el juez instructor, José Castro, finalice las averiguaciones que emprendió una vez que la Audiencia de Palma tumbó en abril la primera imputación de la infanta con un auto donde, paradójicamente, le instaba a investigarla por delito fiscal y blanqueo de capitales.

En tanto Castro no reciba los últimos informes de Hacienda pendientes –uno, sobre el impuesto de sociedades que correspondía pagar a Aizoon SL desde su creación en 2003; otro, sobre unas cuentas del BBVA a nombre de la pareja; y el tercero, sobre los gastos personales realizados con cargo a la sociedad–, no comenzará la cuenta atrás hacia su decisión sobre la infanta. Primero, tendrá que pedir opinión –dar traslado y recabar alegaciones– a todos los personados –imputados, acusaciones y, en tierra de nadie, la infanta- y, después, resolver si la imputa de nuevo o no.

¿Negociación a la vista?

Si nada nuevo hay respecto de Cristina de Borbón, en cuya defensa se movilizó la Casa Real en primavera con un apoyo expreso al recurso del fiscal contra la primera imputación, la posición de Horrach sobre la mujer de Diego Torres augura un cambio de escenario.

Ayer, fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía y a los dos principales imputados, Urdangarin y Torres, interpretaron el cambio de rumbo sobre Ana Tejeiro como un signo de que, además del duque de Palma, también su antiguo socio puede estar buscando un acuerdo. Otros observadores entienden que salvar a Cristina de Borbón implica salvar a la esposa de Diego Torres, aunque los indicios contenidos en la causa contra esta última, que participaba activamente en el día a día de las empresas de la trama, superan de largo a los que afectan a la duquesa.

¿Inicia la Fiscalía los pasos para desimputarla o rebajar drásticamente su responsabilidad penal porque la sombra del agravio comparativo entre la mujer de Torres y la de Urdangarin pesa hoy como el plomo? Muy posiblemente, sí. ¿Y está bajando la fiscalía el pistón con la mujer de Diego Torres porque, como Urdangarin, también su antiguo socio busca un pacto? Por ahora, no hay movimientos en esa dirección, aseguran los consultados. Pero no se descartan, máxime si Urdangarin, antiguo socio de Torres y hoy enemigo acérrimo, cierra finalmente un acuerdo para asumir su culpa, devolver el dinero y señalar con datos a quienes cooperaron en los delitos. Entre ellos, varios antiguos cargos públicos de Baleares –con Jaume Matas en cabeza– y Valencia.

Otras fuentes creen que, al presentar su escrito antes de que el juez dé traslado de sus indagaciones a las partes, la Fiscalía busca un cortafuegos frente al reguero de informaciones sobre las relaciones de Cristina de Borbón con su empresa Aizoon. Por ejemplo, la concerniente a cómo Urdangarin y su esposa como personas físicas alquilaron a Aizoon como persona jurídica el palacete de Pedralbes, es decir, su residencia familiar. El autoalquiler reportó a la infanta los mismos ingresos que a su marido hasta 2010.

De momento, lo único claro es que, aun si el juez acepta la petición de Manos Limpias, aún no formal pero ya anunciada, e imputa de nuevo a la infanta, la Audiencia de Palma se verá ante un dilema endiablado. El propio juez tiene ante sí una disyuntiva difícil, dada la extensión que ha alcanzado la idea de que sí volverá a imputar a la infanta. Pero el juez, remachan quienes le conocen, ni se siente esclavo de la opinión pública ni teme un nuevo varapalo de la Audiencia de Palma: hará lo que su conciencia y los hechos le dicten.

Cercanos en el tiempo pero remotos ya para el caso los tiempos en que juez y fiscal marchaban al unísono, el escrito de Horrach deja patente la distancia que les separa. El fiscal acude a un efectivo recurso retórico que, con independencia del propósito, constituye un ataque frontal a Castro: en apoyo de su posición sobre la infanta, Horrach utiliza las palabras literales con que, en marzo de 2012, el juez rechazó imputar a Cristina de Borbón: para citar a alguien como imputado, los indicios “han de existir previamente, tener un carácter objetivo, lo que equivale a que no sean fruto de meras elucubraciones por mucho que éstas puedan ser compartidas por un número más o menos amplio de personas, y ser racionales”. El fiscal remata con un misil: "Hago mías las palabras del juez instructor".

Si Castro ha acusado o no el golpe, eso es una incógnita. Quienes tratan al juez remarcan que una de sus grandes preocupaciones es la de que se acabe instalando en la opinión pública la existencia de un doble rasero. "En este caso –relata alguien de su entorno– se ha citado como imputados a algunos de cuya actuación había pocos indicios delictivos, pero se decidió llamarlos asistidos por un letrado para que explicasen lo sucedido. Si se trata de cambiar la norma de imputación, que se cambie, pero lo malo es que se perciba que se cambia no por justicia sino porque la citación afectaría a la infanta".

La Fiscalía insiste en que ni hay un doble rasero ni privilegios por cuna. Desde marzo de 2012 hasta ahora, sostiene Horrach, nada ha ocurrido que altere los argumentos por los que el juez rechazó entonces la imputación. Ni que Cristina de Borbón usara dinero de Aizoon en su provecho –viene a aducir el fiscal– implica que cooperase en los delitos fiscales atribuidos a su marido y perpetrados por el sistema de atribuir a la sociedad ingresos que en realidad eran fruto de su trabajo personal, ni hay el menor rastro de su participación en un delito de blanqueo, cuya comisión necesariamente requiere conocer el origen ilegal del dinero.  

Es más, el fiscal recalca que, a partir de 2006, fecha en que Aizoon SL dejó de recibir dinero de Instituto Nóos –el sumario constata que siguió ingresándolo de otra mercantil del entramado, Nóos Consultoría Estratégica SL– , los ingresos de la sociedad tuvieron un origen “legítimo”.

El fiscal lo expresa así: “En el caso que nos ocupa, no afloran cantidades de dinero carentes de justificación al proceder de honorarios legítimos de D. Iñaki Urdangarín por ser miembro del Consejo de Administración o asesor de entidades mercantiles. Tampoco las operaciones en las que se utiliza el dinero pueden calificarse de irregulares, en tanto que no son ajenas a la práctica común del mercado. Por último, es patente la falta de dato objetivo alguno que vincule a Doña Cristina de Borbón con el entramado previo origen del fraude fiscal.”

Acostumbrado ya a oír, ver y leer que su postura no viene guiada por su convicción personal sino por presiones de sus superiores, Horrach ha elegido su escrito como vehículo para no dejar -o, al menos, intentarlo- ningún flanco argumental abierto. Pero, también, para vindicar su trabajo. Si alguien cree que su actuación se guía por un fin espurio -"encubrir" delitos de la infanta- solo debe hacer una cosa, escribe el fiscal: "Acudir a las instancias correspondientes y denunciar".