La oposición acusa a Botella de adjudicar el servicio de limpieza a sabiendas de que iba a a haber centenares de despidos

Después de once días de huelga de los servicios de limpieza madrileños, trabajadores y empresas concesionaias no han conseguido llegar a un acuerdo para frenar el ERE que amenaza a 1.134 empleados. El equipo de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, denunció en la tarde de este viernes ante la Fiscalía el incumplimiento de los servicios mínimos y supuestos actos vandálicos y coacciones sobre algunos de los trabajadores encargados de cumplir esos servicios. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, anunció ademas que esta madrugada Tragsa comenzará a limpiar las calles.

La oposición ha acusado a Ana Botella de conocer las consecuencias del tijeretazo en el presupuesto destinado al servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes. "Botella conocía la disminución de trabajadores de las distintas ofertas", denunció Jaime Lissavetzky, portavoz del grupo municipal socialista. Desde el Ayuntamiento han asegurado que en las bases del concurso para la adjudicación de estos contratos no se exigía un número determinado de trabajadores. Sin embargo, el portavoz socialista insistió que es urgente "saber si en las ofertas venían reflejados los puestos de trabajo, como es preceptivo en el anexo 1 de los pliegos de condiciones". Lissavetzky instó a la alcaldesa a hacer públicos los contratos en vigor para comprobar "que no tiene nada que ocultar", o si por el contrario era consciente de que las empresas concesionarias reducirían sus plantillas. 

Por su parte, IU señaló que "quien no tenga ni idea" de las consecuencias que iba a causar el nuevo modelo de contrato integral debe "irse", haciendo referencia a la alcaldesa de Madrid. Ángel Pérez, portavoz municipal de IU, acusó a Botella y a su equipo de "irresponsabilidad" por articular contratos bajo unas condiciones que implicaban ofertas a la baja y, en consecuencia, despidos y rebajas salariales. 

El pasado día 30 de julio, un día antes de la entrada en vigor del actual contrato de limpieza, Raquel López, concejala de IU en el Ayuntamiento de Madrid, señalaba que las bases del nuevo acuerdo –al no fijar un número determinado de trabajadores– se iban a traducir en miles de despidos y en la degradación del servicio. El delegado del PP, Diego Sanjuanbenito, acusó a la concejala de agorera y restó importancia a sus advertencias. 

El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha señalado que el conflicto de la limpieza no puede resolverse mediante la intervención de la empresa Tragsa. "Si las empresas no ceden" para llegar a un acuerdo con sus trabajadores, Ana Botella "debe adoptar la medida de remunicipalizar el servicio de limpieza", señaló Maru Menéndez, secretaria de Organización. Durante la rueda de prensa ofrecida tras las reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la organización, Menéndez manifestó su "total apoyo" a los trabajadores de limpieza en huelga.

El conflicto en seis claves

Ver más

"La alcaldesa debe asumir su responsabilidad –señalaron desde el PSM–. No se puede permitir que 1.100 trabajadores se queden sin puesto de trabajo y el resto con un recorte brutal del 40% de su sueldo". Menéndez ha señalado que la gestión de Ana Botella se caracteriza por "la irresponsabilidad, la insensibilidad y la incompetencia". Menéndez también acusó a la Administración de saber que las empresas no iban a subrogar a todos los trabajadores, ya que los pliegos de condiciones sólo establecen estándares de calidad del servicio, dejando la decisión de los medios necesarios para cumplirlos a las empresas adjudicatarias.

Mientras la atención de la alcaldesa se centra en el cumplimiento de los servicios mínimos de limpieza, el cuidado de las zonas verdes pasa desapercibido. Sin embargo, "la huelga de jardinería a largo plazo tendrá consecuencias que pueden suponer un problema terrible", ha denunciado Féliz Carrión, secretario de acción sindical de la Federación de Servicios Privados de CCOO en Madrid. La degradación de las zonas verdes como consecuencia de la acumulación de hojas y la falta de atención de plantas y árboles puede acarrear gastos "millonarios", ha señalado la responsable del sector de jardinería en FES-UGT, María Jesús Vivar.

Por su parte, los sindicatos advirtieron este viernes que si la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, autoriza la entrada de los operarios de Tragsa para cumplir los servicios mínimos, como así parece que va a ocurrir en las próximas horas, las posturas respecto al conflicto "se van a endurecer".