Ignacio González ataca a la jueza que investiga su ático y se presenta como víctima de un “proceso inquisitivo”

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha remitido un durísimo escrito a la jueza que investiga las compraventas a que estuvo sujeto el ático de Estepona adquirido por el dirigente del PP y su esposa en diciembre de 2012 tras cuatro años como inquilinos. González, que ha elegido como abogado al exmagistrado conservador Adolfo Prego, pretende personarse en la causa y acusa a la jueza de llevar un año desarrollando un “proceso inquisitivo” a sus espaldas, con lo que insinúa que está prevaricando.

El letrado de González fue el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a quien se le encomendó ser el ponente de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Al final fue apartado del caso por sus vinculaciones con organizaciones de extrema derecha. Prego también fue el abogado elegido por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en su denuncia en defensa de su honor presentada contra el extesorero del PP Luis Bárcenas en los juzgado de Toledo.

La petición de González se presentó el 20 de octubre, cuatro días después de que el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicitara a la jueza Mariana Peregrina Blanco la ampliación de la comisión rogatoria a Estados Unidos. En su escrito el representante del Ministerio Público pedía a las autoridades de Washington más información sobre los saldos y los movimientos de fondos en las cuentas bancarias de la empresa Coast Investors, que durante varios años fue la casera del presidente madrileño y que finalmente vendió el ático de lujo a González en diciembre de 2012.

González arguye en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, que la investigación ha propiciado un “juicio paralelo” en los medios de comunicación. El presidente ya intentó en marzo que el caso del ático quedara en manos del juez de Madrid que investiga el espionaje a que González fue sometido durante un viaje a Colombia. Ese juez, Adolfo Carretero, es hermano de Agustín Carretero, alto cargo del Ejecutivo madrileño. La petición de González está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Anticorrupción y las escrituras

Localizado muy cerca de la playa y con casi 500 metros construidos, el lujoso ático de Estepona que centra las investigaciones fue comprado por Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, en diciembre de 2012 por un precio declarado de 770.000 euros. La venta se escrituró un día después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamase la información fiscal relativa a ese inmueble; y también un día después de que la sociedad norteamericana que era titular del inmueble regularizara su situación fiscal en España.

En 2008 el ático había sido adquirido por Coast Investors Llc, una firma opaca domiciliada en Delaware, que en Estados Unidos funciona como una especie de paraíso fiscal interno. La jueza ha cursado una comisión rogatoria a EEUU con las preguntas del interrogatorio al que debía someterse el administrador de Coast Investors Llc. Y la Fiscalía pidió el lanzamiento de una segunda solicitud de ayuda internacional para conocer los movimientos bancarios de la sociedad, de forma que pudiera conocerse quién es su verdadero beneficiario. En concreto en un banco situado en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón.

La cabeza visible de Coast Investors es Rudy Valner, ciudadano mexicano afincado en EEUU que se publicitaba en internet como testaferro profesional. Como publicó infoLibre, Valner también figura como tesorero de una compañía panameña que estuvo vinculada a Juan Villalonga, expresidente de Telefónica y compañero de pupitre de José María Aznar.

"A sus espaldas"

La expresión “a sus espaldas” figura cuatro veces en el escrito, con el que González pide personarse en las diligencias abiertas por la jueza de Estepona Mariana Peregrina Blanco. El jefe del Gobierno regional madrileño entiende que, aunque no pesa sobre él ninguna imputación formal, todas las indagaciones que efectúa la jueza van dirigidas en la prácticas a implicarle en los delitos mencionados por la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que originó la apertura de investigaciones en octubre de 2012.

El ataque a la jueza comienza en la primera página del escrito y sigue in crescendo hasta la séptima y última. Según González, las diligencias previas de la jueza se han convertido "en una suerte de indagación prospectiva", es decir, aquella en la que sin indicios previos se busca hasta encontrar algo que incrimine a alguien. Al haber admitido la denuncia del SUP, cuyo relato define González como una "progresión de falsas imputaciones", la jueza "está dando verosimilitud" al relato de los denunciantes, explica el escrito. "Hasta la fecha este juzgado […] jamás comunicó nada a nuestro representado. Este dato contrasta con el acceso constante de determinados medios de comunicación a las actuaciones".

"Falsas imputaciones"

González realiza de forma paralela un ataque a la acusación popular del SUP, a quien acusa de haber realizado "falsas imputaciones" contra él. "Situación que genera una importante afección, no solo en la esfera personal, sino también en su imagen pública". Asimismo, el representante legal de Ignacio González asegura que la jueza no le ha informado de la existencia de esta causa penal; "ni le ha instruido de sus derechos para intervenir en ella, a fin de defenderse frente al cúmulo de falsas imputaciones que de manera libérrima se viene vertiendo contra su persona".

González quiere personarse en la causa, explica el escrito, al constatar que la admisión a trámite de la denuncia presentada por el SUP significa, según su opinión, que la jueza da "verosimilitud" y considera "verdadero" el relato del sindicato policial. Y que está practicando diligencias de prueba o de investigación "a espaldas de nuestro representado", indica el escrito del abogado de González, que continúa: "Es muy grave que en este caso se haya mantenido la causa durante un año, sin informar a nuestro representado de su existencia. Y muy lamentable que haya tenido que conocer, por los medios de comunicación y por terceros, la denuncia y el ejercicio de acciones penales desconocidas para él durante mucho tiempo, pero que ese Juzgado de Instrucción ha admitido y practicado diligencia de investigación sumarial a sus espaldas".

Audiencia Nacional

Hace varias semanas, la jueza Mariana Peregrina Blanco solicitó a las partes su opinión acerca del posible envío del caso a la Audiencia Nacional. Pero la Fiscalía se opuso a esa intención. Si al final la titular del Juzgado de Estepona decide imputar a González, la investigación tendría que ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el órgano judicial que se encarga de las denuncias de los diputados madrileños.

Fuentes jurídicas relacionadas con el caso explican a infoLibre que la petición de González no tiene precedentes, pues su posible personación sin ser imputado tendría una difícil cabida en el ordenamiento jurídico español. Las mismas fuentes explican que el presidente de Madrid podría estar tratando de justificar una posible futura petición de nulidad de las actuaciones si al final la investigación recala en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Enrique Cerezo

La jueza hizo esta petición a las partes después de que la Fiscalía le remitiera una volumnosa documentación de diferentes decisiones de Ignacio González que podrían haber beneficiado a su amigo Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. En concreto, el pasado verano los afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telemadrid presentaron un escrito a la Fiscalía de Málaga. En ese documento, los empleados de la televisión autonómica aseguraban que el ático podría ser un regalo de Cerezo al presidente madrileño. Un regalo que tendría su origen, precisamente, en un supuesto trato de favor concedido al Atlético de Madrid desde organismos públicos de la Comunidad de Madrid.