Bienestar social

Política sin alma: los ataques más crueles al Estado del bienestar

Concentración de trabajadores de la sanidad madrileña contra el proceso de privatización.

"Durante bastantes años en España no ha habido diferencias entre la gente de izquierdas y la de derechas sobre el Estado del bienestar". Esta tajante afirmación es de Inés Calzada, investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y se apoya en cifras: prácticamente el 70% de los ciudadanos se muestra convencido de que el Estado debe ocuparse del bienestar de la población, según se refleja en el estudio Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis, del cual es coautora y en el que recoge datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Las políticas que desarrolla el Gobierno en campos como la sanidad, la protección social o la inmigración han abierto, sin embargo, una brecha respecto a ese consenso social. Ya no se trata de ahondar en los recortes presupuestarios sino en poner en marcha medidas de difícil digestión social. Tres muestras extremas de esa política que algunos han denominado "sin alma" son la instalación de cuchillas en la frontera de Melilla, el rechazo del PP en el Congreso a impedir que las eléctricas corten la luz a familias en estado de extrema necesidad o el copago de medicamentos para los enfermos crónicos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 9,2% de los hogares en España "han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal", un concepto en el que se incluye la factura de la luz. En su intervención ante la Comisión de Industria del Congreso, la diputada de ICV Laia Ortiz aseguró que "según el Observatorio Español de la Sostenibilidad [la dificultad para acceder a la energía],provoca entre 3.000 y 9.000 muertes prematuras al año en invierno".

Mientras, varias ONG han denunciado que la instalación de las cuchillas en la frontera de Melilla tan sólo provocará "dolor y daño" a los inmigrantes sin que, además, sirva como elemento disuasorio para la entrada irregular. "Las declaraciones del presidente son una hipocresía", manifestó SOS Racismo en relación a las afirmaciones que realizó Mariano Rajoy, en las cuales aseguraba desconocer el efecto que tenían las cuchillas sobre los inmigrantes que intentan saltar la valla. "Los daños que causan las cuchillas están acreditados, por eso se retiraron en el año 2007, no hace falta ningún informe", aseveró la organización, que tachó de "desacierto" que el Gobierno pusiese en duda "que esta medida pone en peligro la integridad física de las personas".

Hasta los obispos salen al paso contra las concertinas

En este sentido, tanto SOS Racismo como Amnistía Internacional denunciaron que la instalación de las concertinas supone una violación de los derechos humanos, y prácticamente toda la oposición ha presentado iniciativas para exigir su retirada que, sin embargo, no han tenido éxito. Varios ministros, como el de Interior, Jorge Fernández Díaz, católico confeso, han defendido el mantenimiento de las hojas porque, según sus palabras, tan sólo causan heridas "superficiales". Pero hasta los obispos le han salido al paso: "En un mundo rico que se defiende impidiendo la entrada de los pobres, se necesitan, más que las vallas, la solidaridad, la acogida, la fraternidad y la comprensión", hizo público este miércoles la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal en un comunicado.

Javier Moreno, sociólogo e investigador del CSIC, asegura que el Gobierno ha tomado una medida "ineficiente" y que no servirá para que los inmigrantes dejen de intentar trepar la valla. En este sentido, Moreno asegura que los gobernantes toman este tipo de medidas tan solo cuando detectan "crisis" en el control de fronteras, y afirma que no puede medirse la reacción de la sociedad a la instalación de las cuchillas porque ningún organismo ha preguntado a la ciudadanía. El investigador sí hace hincapié en que "en los últimos años, en toda Europa y también en España han aumentado las actitudes contrarias a la inmigración".

Hace unos meses se anunció la implantación del copago por las medicinas que se dispensen en los hospitales, una medida por la cual los enfermos deberán abonar el 10% del importe del medicamento incluso si son crónicos. Esta iniciativa fue ampliamente criticada por los colectivos sociales y la oposición, que llegó a calificarla de "cruel". En este sentido, las diputadas del PSOE Carmen Montón y Gracia Fernández presentaron una pregunta por escrito al Gobierno el pasado 22 de octubre para conocer la cantidad a la que asciende "el ahorro económico del nuevo copago farmacéutico hospitalario", especificando varios de los medicamentos que a partir de ahora los enfermos tendrán que costear parcialmente.

El Ejecutivo aún no ha contestado a la cuestión, pero algunas organizaciones ya han manifestado que el copago supondrá un ahorro económico mínimo. Es el caso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que sostiene que la medida "reduce menos del 0,1% de la factura del gasto de medicamentos en los hospitales". "Este copago no contribuye a racionalizar el consumo y no sirve como instrumento de financiación adicional", aseguró la organización el pasado septiembre en un comunicado, en el que también alertaba de "los posibles riesgos de inequidad y de barreras al acceso, por ejemplo en el caso de pacientes graves o con pocos recursos".

Consenso social a favor del Estado del bienestar

La opinión pública está mayoritariamente en contra de este tipo de iniciativas. Según confirma Inés Calzada, "todas las medidas que recortan el Estado del bienestar tienen un amplio rechazo". Las encuestas indican que hasta un 84% de la población está de acuerdo en el mantenimiento de una sanidad 100% pública, un dato que Calzada asegura que es inusual, ya que normalmente los sondeos no obtienen cifras tan tajantes en casi ningún tema.

La investigadora asevera en este sentido que la gran mayoría de la sociedad está a favor de que el Estado garantice servicios sociales a la población. Y lo argumenta con datos: según las cifras del CIS recogidas en el estudio Algo cambia, algo permanece: los españoles ante el gasto público, el gasto social y los impuestos durante la crisis, cuyas autoras son ella misma y la también científica del CSIC Eloísa del Pino, prácticamente el 70% de los ciudadanos se muestran de acuerdo con la afirmación de que “el Estado es el responsable del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas”, mientras que el porcentaje de los encuestados que opinan que "los ciudadanos son los verdaderos responsables de su propio bienestar y tienen la obligación de valerse por sí mismos para solucionar sus problemas" no alcanza el 5%.

Preguntada por si la aplicación de políticas sociales que van en contra de la opinión de la mayoría de los ciudadanos puede llevar a que estos se sientan abandonados por la Administración, Calzada asegura que la ciudadanía responsabiliza de los recortes a la llamada "clase política" más que al propio sistema democrático, a la política como disciplina o al Parlamento, aunque matiza que esto es así "por ahora".

De la misma opinión es la propia Del Pino, que ratifica que existe un apoyo "muy elevado" al mantenimiento del Estado del bienestar en España entre todas las clases sociales e ideologías. Sin embargo, la politóloga matiza que, a pesar de este dato, "un porcentaje de los ciudadanos sí que entiende como necesarios" este tipo de recortes. Del Pino asegura que, entre otras razones, esta aceptación está motivada por los recortes que realizó el anterior gobierno del PSOE la pasada legislatura. "La gente entendió que si hasta un partido de izquierdas recorta, entonces es que debía ser necesario", resume.

El impacto de la crisis sobre el bienestar y la pobreza

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El modelo de la 'derecha compasiva'

La experta del CSIC considera que "vamos hacia un modelo anglosajón del bienestar", donde existirá "un Estado muy pequeño y los servicios serán a cambio de contraprestaciones por parte de los ciudadanos". En este sentido, Del Pino vaticina que este tipo de medidas convertirán al Estado en un ente "residual, de mínimos, de subsistencia". En la misma línea se expresa Moreno, que tacha al Ejecutivo de ser un "desmantelador de lo público". "Un Estado del bienestar no es un sistema en el que se atiendan solo las situaciones más graves, eso es como mucho un Estado asistencial", sentencia Moreno.

Cuestionada por si el modelo que aplica el Gobierno es el de la llamada "derecha compasiva" norteamericana, una suerte de Estado asistencial para las personas con pocos recursos que popularizó George Bush en la década pasada, Del Pino afirma que "en cierto modo" sí que es así. No obstante, alerta de que la aplicación de este modelo tiene una serie de peligros, porque "es muy fácil de recortar un Estado sólo para pobres". La investigadora explica que si la clase media piensa que la educación y la sanidad públicas son de baja calidad y tan sólo para personas con pocos recursos y que ellos no las van a utilizar "no querrán pagarlas", y asegura que este fenómeno se incrementa como consecuencia de los ajustes. "Si por ejemplo la sanidad pública se deteriora por los recortes su apoyo disminuirá, porque la gente pensará 'estoy pagando para nada'”.

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