Protestas sociales

Expertos ven inútil y peligroso usar cañones de agua contra manifestantes

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El Ministerio del Interior ha publicado este lunes en el BOE un anuncio para la compra de un camión equipado con cañones de agua para disolver manifestaciones, un vehículo que ya se utiliza en países como Chile, Egipto o Turquía. No obstante, esta compra –en la que se invertirá casi medio millón de euros– ha suscitado el rechazo de varias asociaciones civiles e incluso del propio Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha tachado el gasto de "innecesario".

Según los propios pliegos administrativos de la oferta, la adquisición del camión se produce a causa de "la actual dinámica social". Estos mismos documentos aseguran que la compra del camión –por la cual está previsto desembolsar 493.680 euros– es "necesaria" para "proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana", así como para el reestablecimiento del orden público "de la forma menos lesiva posible". Sin embargo, José María Benito, portavoz del SUP, ha afirmado en declaraciones a infoLibre que la compra de este camión no tiene "ningún sentido".

"Es un gasto innecesario, y además tenemos varios de estos aparatos en desuso porque se ha demostrado que, ahora mismo, no tienen ningún sentido", asegura Benito, que señala que este tipo de camiones equipados con cañones de agua "se utilizaron en el franquismo" hasta que, posteriormente, "alguien entendió que [el empleo de estos vehículos] no era necesario ni efectivo, además de por las connotaciones políticas, porque no sirven para nada". En este sentido, el portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, aseguró en junio a La Sexta que este tipo de medios dejaron de utilizarse "por el alto riesgo que suponía una mala utilización" de los mismos.

Benito, por el contrario, no cree que los camiones puedan ser lesivos, pero explica que su eficacia es muy limitada a la hora de disolver manifestaciones. Sin embargo, varios expertos en seguridad ciudadana consultados por Europa Press no son de la misma opinión, ya que aseguran que "no tiene por qué ser mejor un chorro que una pelota [de goma], depende de la presión, la distancia o el lugar del impacto", aunque sí coinciden con Benito en considerar "superado desde hace tiempo" el uso de estas herramientas. 

Además, el sindicalista asegura que le "cuesta mucho creer que a la Unidad de Intervención Policial [UIP, más conocidos como antidisturbios] se les haya consultado" sobre la idoneidad de adquirir un vehículo de estas características. Preguntado por quién tomó la decisión, Benito asegura que nadie quiere responsabilizarse de la misma, y asevera que la compra "se debe al descontrol que existe en Interior".

"Un instrumento represor más"

Más duro es el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democrácticas (PDLD), Óscar López Corral, que declara que los camiones suponen "un instrumento represor más" y los tacha de ser "absolutamente peligrosos", ya que los chorros de agua que expulsan "pueden lanzar a una persona a varios metros". En este sentido, López Corral denuncia el "recorte de libertades" que, a su juicio, supone la toma de este tipo de medidas.

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"[Estas iniciativas] nos indican que [...] hay un miedo profundo, porque las leyes que está sacando el Gobierno demuestran su preocupación por la posibilidad de que la protesta social se desborde y acabemos en una explosión social", asegura el portavoz de la Plataforma, que denuncia que "la crisis ha llegado a lo más profundo" ya que, bajo su punto de vista, a los recortes presupuestarios se están uniendo recortes en derechos de los ciudadanos.

La medida tomada por el Ministerio del Interior no es nueva en España. Hace tan solo seis meses el director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, ya anunció que la policía autonómica de Cataluña comenzaría a usar cañones de agua para dispersar algunas concentraciones. No obstante, en su comparecencia, el propio Prat reconoció que este sistema "no es menos lesivo" que la utilización de pelotas de goma, una práctica que generó gran controversia al conocerse que una mujer perdió un ojo tras el impacto de una de estas bolas en la huelga de noviembre de 2012.

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