El bloqueo de las comisiones rogatorias complica el avance de la investigación sobre el ático de González

El bloqueo de las comisiones rogatorias a Reino Unido y EEUU ordenadas por la juez de Estepona que investiga el ático del presidente de Madrid, Ignacio González, complica el avance de las investigaciones justo cuando la imputación de su esposa, Lourdes Cavero, marca un punto de inflexión en el caso. En el auto por el que imputa a Cavero, contra el que la Fiscalía ya ha anunciado un recurso y donde la juez aclara que no puede imputar a Ignacio González por su condición de aforado ante el Supremo, la magistrada Mariana Peregrina aporta una información inédita: la primera comisión rogatoria, cursada a Londres en marzo de este año, “fue devuelta sin cumplimentar ni traducir”. Y la segunda, cuyo objetivo era EEUU, está “siendo traducida” pese a que la orden de envío se produjo a finales de septiembre, según fuentes del caso.

La rogatoria de EEUU busca el interrogatorio de Rudy Valner, el testaferro profesional que intervino en la operación. El cuestionario preparado para Valner incluye la siguiente pregunta. “¿Conoce a Arturo Fasana?”. Fasana es el gestor suizo que articuló un laberinto bancario de cuentas a las que llegaba dinero de múltiples clientes: entre ellos, la trama Gürtel y sus presuntos socios políticos y empresariales. Una de las cuentas, llamada Soleado, cumplía la función de buzón común para los clientes de Fasana. Desde allí, el dinero partía hacia otros depósitos.

La solicitud de ayuda judicial dirigida a Londres tenía otro objeto tan relevante o más que el anterior: desentrañar los movimientos de la cuenta abierta en el Lloyds Bank de Londres por Coast Investors Llc, la compañía de Delaware –probablemente, el estado de EEUU más opaco y de legislación tributaria más laxa– que con Rudy Valner como mascarón de proa compró en septiembre de 2008 el lujoso ático de Estepona -496 metros cuadrados muy cerca de la playa– lo alquiló a los González-Cavero y dos años después se lo vendió al mismo matrimonio por 770.000 euros.

Averiguar los movimientos en la cuenta británica de Coast Investors resulta esencial para tirar del hilo y llegar hasta los beneficiarias reales de la empresa pantalla. La presunta existencia de una estructura de “sociedades fiduciarias opacas” que desde el extranjero habrían coadyuvado a perpetrar “un supuesto delito de blanqueo de capitales” es uno de los argumentos por lo que la juez decide enviar la causa a la Audiencia Nacional. La juez anuncia su inhibición en contra del criterio de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce el SUP, el sindicato policial cuya denuncia forzó la apertura de investigaciones tras varios parones impuestos desde la cúpula de Interior.

¿Por qué una comisión rogatoria ordenada en las últimas semanas de septiembre no ha llegado aún a su destino, EEUU, y se encuentra pendiente de traducción al inglés? El Ministerio de Justicia asegura que preparar la versión de una rogatoria en el idioma del país al que se cursa es tarea asignada a cada juzgado, que utiliza para ese fin a los traductores al servicio de cada tribunal superior autonómico. A renglón seguido, infoLibre preguntó al Tribunal Superior de Andalucía (TSJA), pero sus portavoces adujeron a mediodía la imposibilidad de obtener un respuesta o aclaración hasta hoy. Por la tarde, fuentes del Gobierno andaluz, encargado de poner a disposición del TSJA el personal preciso, indicaron por el contrario que el trámite completo para el envío de las comisiones rogatorias corresponde a la Dirección General de Acción Exterior del Ministerio de Justicia. Una cuarta fuente jurídica, ajena al caso, aseguró que las traducciones competen a los tribunales superiores.  

En medio de las dudas sobre quién continuará con las investigaciones tras la inhibición de la juez y qué ocurrirá si no llegan las respuestas internacionales, la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá el auto. Adelantada por la Cadena Ser, la noticia vio la luz horas después de que Ignacio González se lanzara en tromba contra la juez y la acusara de dictar una resolución “plagada de presunciones”.

La principal incógnita

Anticorrupción no ha despejado la principal incógnita: si recurrirá la imputación de Lourdes Cavero o si, por el contrario, impugnará solo la inhibición de la juez Peregrina a favor de la Audiencia Nacional y su decisión de permitir a Ignacio González participar en la instrucción pese a que ni es imputado ni acusador. Fue la denuncia del sindicato policial SUP, que ejerce la acusación popular al igual que el PSOE madrileño (PSM), la que forzó la apertura de investigaciones. El abogado del SUP, Javier Carnerero, confirmó este miércoles que recurrirá la personación de González, quien al estar ahora dentro de la causa tendrá acceso a cada movimiento que se produzca por pequeño que sea.

Aunque ninguna de las tres acusaciones –la pública y las dos populares– ha explicado si también impugnarán la decisión de la juez de enviar el caso a la Audiencia, la inhibición se perfila como una fuente de conflictos si es que llega a producirse. En defensa de su tesis, la juez arguye los tres argumentos clásicos para enviar un sumario a la Audiencia Nacional: que la investigación de los delitos concerniría a tribunales de más de una provincia –aquí, Málaga y Madrid–, que el presunto delito fiscal conjugado con el de blanqueo se perpetró utilizando estructuras fiduciarias en el extranjero y que pudieron producir "repercusión en la economía nacional". De los tres, solo el segundo podría sustentarse, mantienen fuentes conocedoras del caso.

Esas mismas fuentes subrayan cómo la juez Mariana Peregrina ya pidió en febrero al fiscal su opinión sobre su plan para derivar el caso a la Audiencia Nacional. Y recuerdan un segundo hecho: que, después de que el fiscal se opusiera a la inhibición y garantizó así que el caso siguiera en manos de Peregrina, Ignacio González remitió a la magistrada un durísimo escrito en el que la acusaba de estar realizando una investigación "inquisitiva", es decir, sin más propósito concreto que buscar hasta encontrar algún hipotético delito.

¿Interpretó la juez ese escrito como una grave advertencia y ha decidido librarse del mal trato de investigar una operación inmobiliaria del dirigente del PP que gobierna nada menos que en Madrid? Es una de las preguntas que quienes siguen el caso se formulan ahora. Y lo hacen ante la constatación de que si la juez se inhibe las diligencias pueden no acabar en la Audiencia Nacional sino en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla. Exactamente, en uno cuyo titular, Adolfo Carretero, investiga el espionaje al que fue sometido González durante un viaje a Colombia realizado también en 2008. Eso es lo que pretende el presidente de Madrid, quien en marzo ya intentó que Carretero, hermano de un alto cargo de su gobierno, asumiera la investigación sobre el ático de Estepona. El juez aceptó de inmediato la solicitud. Pero la Fiscalía recurrió y el litigio se encuentra pendiente de recurso en la Audiencia Provincial de Madrid.