Caso Madeja

Alaya ordena el ingreso en prisión de tres detenidos en una trama de corrupción en Sevilla

Alaya ordena el ingreso en prisión de tres detenidos en una trama de corrupción en Sevilla

infolibre

La juez Mercedes Alaya ha ordenado este jueves el ingreso en prisión de tres de los cinco detenidos en la segunda fase de la operación Madeja, en la que la magistrada investiga si el exdirector del área de Vía Pública y exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que la magistrada ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baró, y del exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores.

Asimismo, ha decretado prisión eludible con fianza de 150.000 euros para el capataz y responsable de conservación del parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, quien ha comunicado que no puede hacer frente en este momento al pago de dicha cantidad y, por tanto, no ha podido evitar su ingreso en la cárcel.

De igual modo, la juez ha dejado en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le haya acusado de haber realizado un pago de 25.000 euros hace unas tres semanas a Francisco de Amores, aunque según alguna fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines ha negado ante la juez Alaya todas las acusaciones.

La juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría los presuntos pagos a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que, en el marco de la investigación, se está indagando en torno a un documento hallado en un ordenador de Fitonovo en el que aparecerían registrados una serie de pagos realizados por la empresa durante una década –desde 2003 hasta la actualidad– a una serie de personas que aparecen citadas con nombres o iniciales.

Registros anteriores

Además de las detenciones e imputaciones, la Guardia Civil ha practicado registros en la sede de la empresa Fitonovo y en la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente en el despacho del propio Joaquín Peña; del jefe de servicio; del jefe de negociado, Javier Gómez, y del capataz y responsable de conservación del parque de María Luisa.

A los registros citados, que fueron llevados a cabo este lunes, se suman otros dos que fueron practicados este martes en la sede de dos empresas.

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La segunda fase de la operación Madeja se ha producido justo después de que la juez Mercedes Alaya revelara en el auto que, el pasado 21 de octubre, acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la intervención de dos líneas más.

Castaño fue el único de los cuatro detenidos en esta primera fase de la operación que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

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