Sanidad madrileña: con dolor en la pública, sin dolor en la privada

No es nuevo. Los profesionales de la sanidad madrileña llevan tiempo denunciando las presiones de la consejería para que los pacientes acepten ser intervenidos en hospitales privados. La última evidencia de este pretendido trasvase de usuarios de unos centros a otros es una circular que la Dirección Asistencial del Sureste –con responsabilidad directa sobre la población de los municipios de Arganda y Coslada y los barrios madrileños de Moratalaz, Retiro y Vallecas– envió la semana pasada a los médicos del hospital Infanta Leonor que adviertan a los pacientes de que las "endoscopias se harán sin sedación".

En la comunicación, a la que ha tenido acceso infoLibre, puede leerse que sólo podrán acceder a anestesia en la realización de esta prueba los usuarios que opten por realizársela "en alguno de los otros centros que le oferten". "Por favor, informar de esto a los pacientes, pues su decisión de aceptar la cita en un centro diferente al HIL [hospital Infanta Leonor] ]estará bastante condicionada por el hecho de que se la vayan a realizar con sedación", incluye la circular. 

Este medio intentó sin éxito este domingo recabar la versión de la Consejería de Sanidad. Sin embargo, fuentes de este departamento dijeron a la cadena Ser, que adelantó esta información el pasado viernes, que este comunicado había sido difundido "por error". "Se trata de una comunicación equivocada basada en datos erróneos, confundidos por una empleada pública", señalaron. En este sentido, añadieron que ese centro se "realizan endoscopias con sedación en el caso de que el facultativo lo requiera".

Se da la circunstancia de que hospital Infanta Leonor –que da asistencia sanitaria a 290.574 madrileños– es uno de los seis centros que la Comunidad de Madrid pretende privatizar en un proceso que está paralizado de forma cautelar en los tribunales. La gestión de este centro fue adjudicada el pasado verano al consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL.

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El trasvases de pacientes entre centros públicos y privados es una práctica que lleva planeando en Madrid desde que la sanidad privatizada aterrizó en la comunidad. De hecho, en la querella por la que está imputada la cúpula que impulsó la privatización de hospitales en Madrid con los exconsejeros Güemes y Lamela a la cabeza, los facultativos de AFEM ya dan cuenta de ese sistema de derivaciones a centros privados. En este sentido, los querellantes señalan que la Comunidad ofrece información engañosa con la que “presionan” a los pacientes para que acepten ser intervenidos fuera de la sanidad pública en centros concertados a los que la Administración paga por esas operaciones.

Esta derivación puede hacerse a través de coacciones, como puede considerarse el hecho de indicar que no en un centro no hay acceso a anestesia para determinadas pruebas, o a través de la lista de espera y los sistemas de citas, los llamados call center. Según denuncia AFEM en su querella, esta última práctica consiste en "atraer a pacientes de otras áreas de protección" informándoles de una espera máxima, no de la real y diciéndoles que hay establecido un plazo máximo de 30 días para intervenciones, pero que si rechaza ser derivado el tiempo de esperar se puede disparar hasta los 180 días naturales. "Si la elección del centro ha sido voluntaria por parte del paciente, estaríamos ante un caso de libre competencia. Cuando la derivación se impone, en ocasiones con coacciones nos encontramos ante una conducta delictiva", señalan los facultativos. 

Además, en este mismo escrito se detallan otros casos de derivaciones con el elemento de la sedación como excusa. Así, se adjunta una carta del sindicato AMYTS dirigida a al consejero de Sanidad en relación con la queja planteada sobre la derivación de todas las colonoscopias a centros privados con el argumento de que en los hospitales públicos se efectúan sin anestesia.