La sanidad madrileña perdió 3.300 empleos públicos en el último año

El Observatorio Madrileño de Salud, integrado por sindicatos, ayuntamientos y asociaciones contrarias al proceso de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, denuncian que este sector ha perdido más de 3.300 puestos de empleo público en el sector desde octubre de 2012, cuando el Gobierno regional presentó su llamado "plan de sostenibilidad".  

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El 31 de octubre de ese año, en la rueda de prensa en la que desgranó las líneas básicas de las cuentas de la Comunidad para 2013 el presidente Ignacio González anunció, entre otras medidas, la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos. Aseguró, además, que entre los planes de su Ejecutivo estaba implantar el euro por receta, convertir en geriátrico el hospital de La Princesa y en centro de larga y media estancia el Carlos III o allanar la entrada del capital privado en la parte no sanitaria de todos los hospitales públicos, entre otras medidas. Era el mayor proceso privatizador de la historia de la sanidad española. Y la voluntad era hacerlo rápido, en menos de un año.

Doce meses después no todas las medidas anunciadas en ese momento se han llevado a cabo. Y eso ha ocurrido en gran parte por la presión de las protestas de los trabajadores y usuarios que sostienen que el plan, de llevarse a cabo, disminuirá la calidad asistencial o como consecuencia de decisiones judiciales, como es el caso de la privatización de la gestión de otros seis hospitales construidos con fondos públicos.

No obstante, hay otras que sí avanzan con paso firme. Es el caso de la privatización de servicios de limpieza de algunos hospitales, la privatización de la lavandería hospitalaria, el cierre del Instituto de Cardiología, la privatización de tres centros de salud mental, el cierre de la Comunidad Terapéutica de Villaviciosa de Obón, la reordenación de gerencias o la jubilación forzosa de médicos mayores de 65 años. El Observatorio ha hecho un cálculo del impacto que estas medidas han tenido sobre el empleo y la conclusión es que han supuesto la eliminación de 3.300 puestos de empleo público. Según datos de estos colectivos, el mayor recorte –1.629 puestos de todas las categorías– se ha producido con la no renovación de contratos eventuales.