La PAH recurre la adjudicación de 3.000 pisos públicos a fondos buitre

Decenas de afectados por la venta al fondo de inversión norteamericano Goldman Sachs y la gestora de capital privado Azora de 2.939 pisos en alquiler social construidos por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación de estas viviendas públicas por 201 millones de euros. Los afectados, que recurren amparados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), alegan que esta venta ha supuesto una pérdida patrimonial para la administración pública de más de ochenta millones de euros por la diferencia que existe entre el importe de la enajenación y el coste de ejecución de estas viviendas, que cifran en más de 280 millones de euros. 

El Gobierno regional ha insistido desde el principio en que esta fue una "operación de éxito" para Madrid porque se obtuvo un 20% más de dinero que el precio de salida del que se partía (168,9 millones). Y que su objetivo en todo caso es obtener liquidez con la que construir nuevas viviendas protegidas y acondicionar otras de las que ya gestiona y que tienen desperfectos. No piensan lo mismo los afectados, que ven que su futuro en estos pisos de los que son simples arrendatarios o arrendatarios con opción a compra es menos seguro bajo la administración de una empresa privada. "No les interesamos, quieren echarnos de allí cuanto antes para meter a otra gente", se quejaba este jueves unos de los inquilinos en una asamblea dinamizada por la PAH en la que los afectados se asesoran, se dan apoyo mutuo y preparan nuevas movilizaciones. 

"Los adjudicatarios de estos pisos son personas de escasos recursos. La vivienda pública se supone que está pensada para vertebrar y garantizar este derecho a personas que en teoría con el libre mercado no se les puede garantizar. Creemos que la adjudicación pervierte este fin", señala a infoLibre Manuel San Pastor, uno de los abogados de la plataforma en Madrid. En su mayoría son inmuebles de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes dependiendo de sitio en el que estén ubicados y la superficie. El problema es que muchos de ellos viven en situaciones precarias, son desempleados de larga duración y ya han agotado prestaciones y subsidios, por lo que lo tienen muy complicado para hacer frente a los alquileres de forma regular. Ante este panorama, las empresas privadas, asegura este letrado, se muestran menos proclives a la negociación. "Se están agilizando los desahucios y hay mucha incertidumbre con la renovación de contratos. Y la mayoría no tiene alternativa habitacional ni apoyo familiar", dice Cristina, voluntaria de la plataforma. 

Aunque en el pliego de condiciones se establece que no cambiarían las características del contrato, los afectados temen que las ayudas al alquiler de entre el 20% y el 90% de la renta que venían recibiendo los inquilinos por su situación de especial vulnerabilidad no sean renovadas. "Ya está habiendo problemas en este sentido porque los arrendatarios se dirigen al Ivima a pedir la subvención y allí se lavan las manos. Les dicen que hablen con las empresas y éstas no están por la labor", añade San Pastor. 

Además, siempre según los recurrentes, Encasa Cibeles –que es la compañía que ha recibido por parte de Goldman Sachs y Azora el encargo de gestionar el lote– ya les ha informado de que los inquilinos de la modalidad con opción a compra que no tengan capacidad de adquirir el inmueble en el plazo marcado perderán todos sus derechos sobre éste y tendrán que abandonarlo sin dejar margen para negociar una posible prórroga del alquiler. Sólo en 2014 hay 400 personas a las que les vence el contrato de arrendamiento con opción a compra según datos de la PAH. Y en los tiempos que corren parece complicado que los actuales inquilinos, la mayoría en situación de desempleo y con bajos recursos, puedan acceder al crédito para financiar la compra de unas viviendas que pueden costar hasta 150.000 euros. 

Otro aspecto reprochable, bajo el punto de vista de los afectados, es el hecho de que las nuevas adjudicatarias puedan vender por entre 150.000 y 170.000 euros los pisos sociales que compraron a la Comunidad por una media de 68.300. Este precio ya era conocido por los inquilinos y se calcula en función del máximo de venta que figura en la calificación definitiva al que se le multiplica un coeficiente de actualización variable según el año de adquisición y se le resta el 50% de las cantidades pagadas solo en concepto de renta, sin incluir los gastos de comunidad u otros conceptos. Sin embargo, desde la PAH aseguran que ya está habiendo problemas en este sentido porque las nuevas adjudicatarias no están dispuestas a respetar lo pagado hasta ahora a la hora de ejercer la opción a compra.

Asimismo, los afectados alegan que la Comunidad de Madrid modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública el pasado 18 de julio, pocas semanas antes de la adjudicación. Entre otros asuntos, el decreto modificó el artículo 18 del reglamento, el relativo a la transmisión de las promociones en alquiler a terceros y que desde entonces prevé que "las viviendas (…) podrán ser enajenadas por sus titulares por promociones completas, de manera parcial, incluso individualmente, y a precio libre, en cualquier momento del período de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente (...)". A juicio de San Pastor, este es otro de los elementos "perversos" de esta venta porque se facilita la venta fraccionada de la vivienda pública para hacerla más apetecible a las empresas. Entre las modificaciones del reglamento también estaba la posibilidad de ofrecer las viviendas en alquiler con opción a compra a mayores de 35 años –todas ellas formaban parte de un plan de vivienda joven en 11 municipios– así como facilitar la ejecución de la opción a compra con solo un año desde la calificación definitiva. 

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El PSM recurrirá por la vía penal 

Además del recurso de la PAH, que avanza por la vía administrativa aunque el juzgado en el que se presentó todavía no se ha pronunciado sobre su admisión o no a trámite, el PSM ultima la preparación de una querella por la vía penal contra esta adjudicación. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo señala que la argumentación de esta querella tiene su base en la supuesta malversación de fondos públicos llevada a cabo por la Comunidad de Madrid en la venta de estos inmuebles. Señala que según la documentación que obra en poder del PSM, el coste de ejecución de estas promociones fue de más de 285 millones de euros. Y la adjudicación fue por 201. 

En este sentido, Fernández Gordillo cree que esta adjudicación es un "negocio cautivo" por el margen de beneficio que pueden obtener las empresas al vender estos inmuebles a las personas que tienen contratos de arrendamiento con opción a compra.