El Gobierno busca ahora minimizar las críticas de falta de consenso en la ley del aborto

El Ministerio de Justicia remitió esta semana el anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada a todas las comunidades autónomas y a un total de 30 organismos y organizaciones, tanto a aquellos que obligatoriamente tienen que dictaminar el texto como a otros a los que se lo ha enviado voluntariamente. Lo que no ha hecho todavía, y no lo hará hasta contar con estos informes, será remitir el documento al Consejo de Estado.

Los 30 organismos tienen un mes de plazo para presentar sus observaciones. No obstante, este tiempo es prorrogable. Con esta estrategia, el Gobierno consigue un objetivo doble: intentar deshacerse de las críticas de nulo consenso que concita el anteproyecto. Y, de paso, aplazar su llegada al Congreso de los Diputados, donde también se espera un agrio debate.

Una docena de las 20 organizaciones de mujeres que componen el Consejo de Participación de la Mujer denunció esta semana que el Ministerio de Justicia ha "decidido ignorar la opinión de este órgano consultivo, dependiente del Ministerio de Sanidad sobre su reforma de la legislación del aborto en España, pues no les ha requerido informe sobre el tema", informa Europa Press.

El Consejo, en el que están representados todos los ministerios y los agentes sociales, se reunió el miércoles para abordar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Al término de la sesión, estas organizaciones presentaron un escrito para expresar su rechazo a la reforma y solicitar un pleno extraordinario para debatirla.

Según informó la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, no es la primera vez que el Ministerio de Justicia deja fuera del trámite consultivo de una norma al Consejo Estatal de Participación de la Mujer. "Igual que el ministro Gallardón se ha negado a recibir a las organizaciones de mujeres, al Consejo de Participación no le da mucho crédito porque no nos ha solicitado informe para ninguna de las legislaciones que ha llevado a cabo", declaró.

El Consejo Estatal de Participación de la Mujer, adscrito al Ministerio de Sanidad, fue creado por mandato de la Ley de Igualdad como "órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo".

El texto registrado ante el organismo, firmado por la Red Feminista de Derecho Constitucional, la asociación de juristas Themis, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas o la Federación de Mujeres Jóvenes, entre otras, exige la inmediata retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.

En once puntos, los 14 firmantes exponen que frente a la "garantista" ley actual, que "salvaguarda los intereses en conflicto" en caso de aborto, el Gobierno propone "un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento de los derechos a las mujeres y en la conceptuación de las mujeres como sujetos jurídico/políticos".

"Este anteproyecto desconfía de las decisiones de las mujeres, convirtiéndolas en sujetos heterónomos sobre los que deciden otros, equiparándonos a menores de edad o a enajenados mentales. Se vuelve a un sistema única y exclusivamente de indicaciones (y/o supuestos) muchísimo más restrictivo que la regulación que estuvo vigente entre 1985 y 2010", explican en el documento.

Asimismo, expone que el anteproyecto "somete a la mujer embarazada a un constante peregrinaje en busca de los informes médicos requeridos" y advierte de que "vulnera su libre determinación de la personalidad y su dignidad humana ya que son otras personas los que se erigen con capacidad y legitimidad para decidir sobre ellas"

Enviado a otras organizaciones

No osbstante, el ministerio envió el anteproyecto a los órganos preceptivos y a otras organizaciones, entre las que se encuentran algunas de las firmantes del Consejo de Participación de la Mujer, como la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Juristas Themis o la Federación de Mujeres Progresistas.

De este modo, Justicia apuntó que solicitó informe al Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Agencia Española de Protección de Datos al Consejo Nacional de Discapacidad y al Comité de Bioética, dependientes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Igualmente, ha solicitado informe al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y Organización Médica Colegial.

Además, remitió el texto al Consejo General de Colegios de Enfermería, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de mujeres progresistas, la Coordinadora española para el lobby europeo de mujeres (CELEM), la Asociación de mujeres juristas Themis, Mujeres para la salud, Asociación de Mujeres Opañel, Asociación de mujeres concejalas del 79 y la Federación de asociaciones de mujeres rurales (Fademur).

También cuentan con el anteproyecto la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres, Asociación universitaria contra la violencia machista, Fundación Mujeres, Asociación Unidos por la Vidam Asociación hazteoir.org, Plataforma de mujeres ante el Congreso, Plataforma feminista del Ateneo de Madrid, Save the Children, Plataforma decidir nos hace libres, Asociación de Clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI),Federación Española de Asociaciones Pro Vida, Fundación Red Madre y al Comité Español de Representantes de Minusválidos