“Investigar el franquismo no es reabrir heridas, es que las heridas están abiertas”

Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ha terminado su visita a España. A lo largo de los últimos diez días, ha visitado Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid, y se ha reunido con representantes del Gobierno, de Ejecutivos autonómicos y de asociaciones de la causa memorialista.

Este lunes, presentó las conclusiones preliminares [ver en PDF] que en septiembre elevará en forma de informe definitivo. Entre otras cuestiones, ha reclamado dejar sin efecto la Ley de Amnistía, restablecer los recursos dedicados a la Memoria Histórica, anular las sentencias de los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo y superar el modelo actual, en el que “el Estado delega en asociaciones y particulares la responsabilidad de las exhumaciones”.

En esta conversación con infoLibre, Greiff ahonda en las críticas, no sólo al Ejecutivo, sino también a los jueces españoles y a la ausencia de diálogo entre víctimas e instituciones. Además, ha prometido "hacer todo lo posible" para hacer efectivas sus recomendaciones, que no tienen carácter vinculante. "Si nadie se rinde, yo tampoco", asegura.

PREGUNTA: 40 años después del final de la dictadura, las víctimas del franquismo siguen sin obtener una reparación al daño sufrido. ¿Por qué?

RESPUESTA: En España subsiste el temor a debatir el pasado libremente. El temor es que, si se debate, las diferencias harían surgir viejos odios subyacentes, y que eso generaría riesgos. Eso pudo ser cierto alguna vez, pero definitivamente no es cierto ahora. Se han transformado las Fuerzas Armadas de forma que no constituyen una amenaza para la vida institucional del país, ha habido una transformación generacional y se ha normalizado la vida en democracia. El riesgo es mínimo ya.

P: Así que ya es hora de perderle el miedo a abordar el pasado.

R: Exacto, es hora de perder el miedo a hablar, porque lo permiten las condiciones institucionales. Además, haciéndolo no es que se abran heridas, es que las heridas ya están abiertas. La gente siempre ha sabido quién era quién y qué hacía cada uno, sobre todo en los pueblos pequeños.

P: Entiendo que no ve riesgo de generar mayor confrontación como señalan algunas voces.

R: Todos los factores sugieren que la conversación podría transcurrir de forma normal. Eso no significa que hubiera consenso, pero la vida democrática no es que todo el mundo comparta el punto de vista, es aprender a convivir con la diferencia. Estoy convencido que España podría hacer eso. Se estaría dando así reconocimiento a lo que todo el mundo sabe.

P: ¿Le recuerda el caso español al de algún otro país?

R: Hay miedo a la repetición, algo que ocurre siempre en lugares donde ha habido conflicto. Pero España tiene una peculiaridad: el conflicto [la Guerra Civil] fue sucedido por 40 años [de dictadura] y se acabó normalizando la vida bajo la dictadura. Toda una generación vivió bajo la dictadura. Eso marca la diferencia.

P: España es el segundo país del mundo con más desaparecidos. Usted ha señalado que, cuando el Estado abordó la cuestión de las exhumaciones con la Ley 52/2007, incurrió en el error de "privatizar las exhumaciones", delegando esos trabajos en la sociedad civil. ¿Cómo debería abordarse la cuestión?

R: Defiendo una política donde el Estado asume la reponsabilidad fundamental con respecto a exhumaciones. Eso abre un abanico a muchas opciones eficaces, pero lo que sabemos es que la privatización genera problemas y dificultades. El Estado debe ocuparse de las cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte, dos marcadores de vulnerabilidad. Y el Estado, al menos en teoría, se creó para proteger a los ciudadanos más vulnerables.

P: Hablamos entonces de una ley con limitaciones.

R: Sí. La Ley de Memoria Histórica en vez de agregar, tiene una tendencia a desagregar las responsabilidades por las exhumaciones. Además, no establece ningún mecanismo de esclarecimiento histórico centralizado y, en realidad, lo que hace es desplazar una actividad del Estado [las exhumaciones de fosas comunes] hasta la sociedad civil.P: ¿A qué achaca la imposibilidad de lograr sacar adelante una norma más ambiciosa?

P: ¿A qué achaca la imposibilidad de lograr sacar adelante una norma más ambiciosa?

R: Seguramente obedece a razones históricas y a las dificultades de un partido cuando, por primera vez, introduce leyes que explícitamente reconocen derechos de víctimas que se violaron sistemáticamente. Eso no fue fácil en un sistema que nunca ha reconocido a las víctimas, y era menos arriesgado ofrecer subvenciones que cargar con un programa políticamente controvertido.P: Por si fuera poco, la partida presupuestaria para la aplicación de esa ley se ha quedado a cero los últimos dos años...

P: Por si fuera poco, la partida presupuestaria para la aplicación de esa ley se ha quedado a cero los últimos dos años...

R: Por eso defiendo que estos asuntos sean una política de Estado. Esto no es un asunto de bandera política, son derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales y constitucionales no deberían depender de la voluntad de quien ocupa el poder. No pueden depender de la voluntad del Gobierno de turno.P: ¿Cumple la justicia con el papel que debería jugar en España en la investigación de los crímenes del franquismo?

P: ¿Cumple la justicia con el papel que debería jugar en España en la investigación de los crímenes del franquismo?

R: La evidencia sugiere que la justicia, en España, no cumple su papel. Aquí hay una Ley de Amnistía, una complicación que no es un obstáculo leve, pero los jueces no han estado particularmente dispuestos a encontrar manferas de evitar los efectos plenos de la ley. La velocidad con la que se archiva un caso presentado ante un juez es sorprendente. P: ¿Y cómo puede superarse el escollo de la Ley de Amnistía?

P: ¿Y cómo puede superarse el escollo de la Ley de Amnistía?

R: España está capacitada para estimular la formación de jueces y operadores judiciales que tengan una idea plural de la judicatura. En otros países, jueces muy comprometidos han encontrado la forma de no dejar que la Ley de Amnistía impida todas las investigaciones posibles.P: En sus conclusiones, señala que la Fiscalía trata de impedir la extradición de personas reclamadas en la causa abierta en Argentina. ¿Puede España negarse a colaborar?

P: En sus conclusiones, señala que la Fiscalía trata de impedir la extradición de personas reclamadas en la causa abierta en Argentina. ¿Puede España negarse a colaborar?

R: España tiene la obligación de extraditar o juzgar, y en cualquiera de los dos casos tiene el compromiso de buscar la justicia.P: ¿Cuáles fueron sus impresiones al visitar el Valle de los Caídos?

P: ¿Cuáles fueron sus impresiones al visitar el Valle de los Caídos?

R: Es aterrador pensar en 20 años de construcción en las condiciones en las que sucedió y en el traslado de cuerpos sin el consentimiento de la familia, sobre todo, a un lugar así.

P: ¿Qué explicación dieron le dieron las autoridades sobre el lugar?

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R: No tuve una visita oficial al Valle de los Caídos durante mi visita a España. Fui por mi cuenta.

P: ¿Confía en que su informe provoque cambios en la situación de las víctimas en España?

R: Creo que mis recomendaciones tienen sentido, pero hay que seguir insistiendo.