El PP aprueba la liquidación de la justicia universal y deja en suspenso 12 causas

El PP se ha quedado solo este martes aprobando en el Congreso de los Diputados el comienzo de la tramitación de la reforma de la justicia universal, que limitará hasta el extremo la competencia de los tribunales españoles para investigar delitos como los crímenes de guerra, las torturas o los crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras.

Mientras los conservadores han defendido que la nueva norma, cuya andadura parlamentaria comienza ahora, no sólo no constreñirá la jurisdicción universal sino que la ampliará, la oposición en pleno ha asegurado que la reforma supone, en la práctica, la liquidación de este principio. Asimismo, la gran mayoría de los grupos contrarios a la proposición de ley presentada por el PP han cuestionado la constitucionalidad de algunos aspectos de la misma, particularmente de la disposición que establece que todos los casos abiertos ahora mismo en los que se aplica el principio de justicia universal –un total de 12, entre las que se encuentra la investigación del asesinato de José Couso o la del genocidio en Tíbet– se sobreseerán automáticamente cuando culmine la tramitación parlamentaria y entre en vigor la norma.

La reforma "ni limita ni restringe la competencia extraterritorial de los tribunales españoles [...] ni crea espacios de impunidad para nadie", ha asegurado el diputado del PP José Miguel Castillo durante su intervención, en la que ha criticado que la legislación actual supone que en ocasiones la Justicia actúe de forma "quijotesca" en casos que no van a poder ser finalmente culminados. La réplica inmediata, no obstante, se la ha dado la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, que ha asegurado que la reforma busca "estrangular en la práctica del principio de jurisdicción universal" al ampliar los requisitos para que los supuestos crímenes puedan ser perseguidos. 

“Esta es su marca España", ha criticado Rodríguez, quien ha aseverado que la reforma "vulnera de forma clara el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles", lo que redundará en que "la reputación internacional de España" quede "marcada". Rodríguez, igualmente, ha lamentado que España pase de estar a la cabeza en la defensa de los derechos humanos para colocarse a la "cola" en la persecución de crímenes "execrables" en pro de la impunidad. "Esta será su herencia", ha espetado la portavoz socialista.

Uno de los puntos más criticados de la reforma ha sido una de las disposiciones transitorias, que dispone que "las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación [...] quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Todos los grupos han rechazado esta medida e incluso han mostrado sus dudas de que sea constitucional. Para el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que el poder legislativo plantee cerrar todos estos procesos supone una "interferencia muy directa en la autoridad judicial", una interpretación que comparten PSOE, IU, UPyD, CiU y varios partidos del Grupo Mixto.

España podría incumplir los acuerdos internacionales

De igual manera, la oposición ha criticado que con la nueva ley España podría incurrir en un incumplimiento de sus compromisos internacionales, que según han recordado varios diputados le obligan a perseguir delitos como los crímenes contra la Humanidad. "Los crímenes contra la Humanidad son tan graves que afectan a toda la comunidad internacional", ha recordado Soraya Rodríguez, que ha hecho hincapié en que "todos los estados están obligados a perseguir, procesar y extraditar" a sus posibles autores y ha afirmado que España podría ser "denunciada" por no cumplir los acuerdos que ha firmado a nivel internacional.

En este extremo ha abundado el portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, que ha señalado que tras la "ley de punto y aparte" que supuso el primer recorte a la justicia universal aprobado en 2009 con los votos de PP y PSOE, "el Gobierno tiene el dudoso honor de aprobar una ley de punto final", en clara referencia a la norma de amnistía que impedía enjuiciar los crímenes de la dictadura en Argentina, que fue derogada en 2003. De igual manera, Aitor Esteban ha señalado que con la aprobación de la ley se violan "obligaciones internacionales que tiene el Estado español", una circunstancia que "no se puede obviar", ha recordado el diputado del PNV.

La oposición en pleno también se ha mostrado consternada por las presiones internacionales que, a su juicio, han provocado la modificación de esta norma. Llamazares ha tachado de "vergonzante" la iniciativa y ha asegurado que supone "intercambiar derechos humanos por relaciones comerciales", mientras que la diputada de UPyD Irene Lozano ha asegurado que la medida "dará impunidad a muchos criminales" y la ha tachado de ser una iniciativa "ad hoc para acomodarse a las exigencias del Gobierno chino para que no se persiga a sus jerarcas".

"Países como China y EEUU son los que se van a ver aliviados" tras la aprobación de esta ley", ha asegurado Lozano, que ha acusado al PP de permitir al Gobierno chino "dictar las condiciones en las que se redactan las leyes españolas" y ha preguntado al Gobierno "qué ha prometido a China a cambio de esta faena superior". "El debate [...] es si vamos a aceptar los estándares de China en la defensa de los derechos humanos o vamos a conseguir que China acepte los nuestros; si vamos a aceptar las exigencias de China en el establecimiento de una democracia o vamos a permitir que China nos diga cómo debe ser nuestra democracia", ha remachado la diputada de UPyD.

El PP, el "tonto útil" del Gobierno

Asimismo, todos los grupos de la oposición han censurado la forma en que se va a tramitar la reforma de esta ley, que se ha modificado a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y no del Gobierno. Este procedimiento es muy poco habitual, ya que normalmente los grupos que sostienen al Ejecutivo no suelen realizar proposiciones de ley y dejan la iniciativa legislativa a este: de hecho, la modificación de la justicia universal es la primera proposición de ley que realiza el PP esta legislatura. Este modo de proceder ha evitado que el Gobierno se viera obligado a pedir informes consultivos a organismos como el Consejo de Estado sobre la reforma, lo que ha encendido a la oposición, que ha calificado al PP de haberse comportado como el "tonto útil" del Gobierno.

En este sentido, Esteban ha espetado al Ejecutivo que "se han achantado ante los poderosos, ante los mercados y ante algunos agentes muy importantes en la comunidad internacional". "Si no ¿de qué va a venir el PP haciendo la única proposición de ley de la legislatura?", se ha preguntado el diputado del PNV, que ha criticado que la reforma se ha llevado a cabo "con nocturnidad, para acortar plazos y para evitar el bochorno de lo que pueda decirse en algunos informes", una percepción que han compartido el resto de grupos de la oposición. En este sentido, por ejemplo, Llamazares ha asegurado que el PP se ha preocupado de "embarrar el campo para ocultar la jugada", y que ha buscado "evitar un debate público" sobre el tema.