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Justicia Universal

La Fiscalía pide que Ruz solicite a EEUU la extradición del presunto asesino de Carmelo Soria

  • El exresponsable de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, Michael Vernon Townley, participó presuntamente en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria
  • Esta es una de las doce causas que quedaría anulada en caso de que se lleve a cabo la liquidación de la justicia universal, propuesta de ley aprobada en solitario por el el PP y puesta a tramitación parlamentaria

INFOLIBRE Publicada 14/02/2014 a las 19:00 Actualizada 14/02/2014 a las 19:47    
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El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz

EFE
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz que reclame a Estados Unidos la extradición a España del exresponsable de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), Michael Vernon Townley, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria. 

Esta es una de las doce causas que quedaría anulada en caso de que se lleve a cabo la liquidación de la justicia universal, propuesta de ley aprobada en solitario por el el PPy puesta a tramitación parlamentaria. La ley limitará hasta el extremo la competencia de los tribunales españoles para investigar delitos como los crímenes de guerra, las torturas o los crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras.

Townley, que era jefe de la agrupación Quetropillán de la DINA, está en búsqueda y captura desde octubre de 2012, cuando fue procesado por el juez Ruz junto a otros seis exresponsables de la inteligencia chilena por este asesinato perpetrado en 1976 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El juez Ruz dictó una providencia fechada el pasado 30 de enero donde refleja la petición del fiscal Carlos Bautista y le insta a que elabore un informe sobre la extradición de este ciudadano estadounidense.

Ruz procesó a Townley en este caso porque supuestamente cedió la casa en la que fue torturado y asesinado el diplomático español, la cual funcionaba como centro clandestino de interrogatorios.

El juez les imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, atendiendo al criterio de la Fiscalía, que consideró que la jurisdicción española es la competente para investigar estos delitos porque su persecución en Chile "no ha sido efectiva" y en virtud al principio justicia universal, cuya restricción aprobó esta semana el Congreso.

En el auto de procesamiento, el juez afirma que los hechos ocurrieron el 14 de julio de 1976, cuando Soria, que trabajaba para la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, regresaba a su casa en su coche.

Dos de los procesados vestidos de carabineros, el sargento José Remigio Ríos Sanmartín y el capitán Jaime Lepe Orellana, "pretextaron una infracción de tráfico", lo detuvieron y se lo llevaron a la vivienda ocupada por Townley.

Torturado, maniatado y con la cara vendada

"Soria fue torturado –maniatado y con la cara vendada– durante varias horas, en las cuales le fracturaron todas las costillas (...) a fin de que les dijera si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y cuál era su misión en el país, y ya con la idea de asesinarle y hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron (...) media botella de pisco", detalla el juez.

En el interrogatorio, en el que participaron estos seis acusados, dirigidos por Lepe, Soria sólo murmuraba "pobre Chile", precisa el magistrado, y añade que al finalizarlo, el capitán Guillermo Humberto Salinas Torres le estranguló "ayudado materialmente por otras dos personas de la brigada, no identificadas".

Después, los procesados trasladaron el cadáver al Canal del Carmen, donde "hicieron que se precipitara al vacío, tirando el cuerpo".

No obstante, el cadáver no se halló hasta un día después, y en el bolsillo de su chaqueta se encontró una nota "simulada por sus captores" en la que un supuesto amigo le contaba presuntas infidelidades de su esposa que, según Ruz, no fue escrita por ninguna de las máquinas que se usaban en la ONU ni estaba deshecha por el agua.

Esta causa surge a raíz de una querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince exmilitares a los que relaciona con la muerte de Soria y que el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón admitió a trámite en 2001.


1 Comentarios
  • 1 Alfar 16/02/14 21:04

    Todos sabemos que, se liquide o no la justicia universal en este país, las posibilidades de que un ciudadano estadounidense, sea juzgado por otro país diferente al suyo, por muy evidentes y aberrantes que hayan sido sus actos, son cero patatero.

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