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lucha contra el fraude

Inspectores de Hacienda piden trabajar de incógnito y pagar a confidentes

  • La Organización de Inspectores de Hacienda destaca la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude
  • Entre las propuestas de los inspectores figura darle publicidad de morosos y defraudadores

infolibre Publicada 17/02/2014 a las 14:00 Actualizada 17/02/2014 a las 14:32    
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Una oficina de la Agencia Tributaria.

Una oficina de la Agencia Tributaria.

ELENTIR
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.

Así lo trasladaron este lunes el presidente y el secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Francisco Vázquez, respectivamente, que destacaron la importancia de que se dote a la Agencia Tributaria de nuevas facultades legales para mejorar la lucha contra el fraude, entre las que también incluyeron recuperar las competencias de control sobre las Sicav o establecer la lucha contra la corrupción como una línea de actuación preferente del Plan de Control Tributario.

En cuanto a las actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, Pérez Boga afirmó que se debería regular un procedimiento de obtención de información sin identificación previa y con la "fuerza probatoria" de las diligencias de Inspección. "Se nos deben permitir las actuaciones de incógnito, la posibilidad de trabajar por sorpresa sin necesidad de que tengamos que identificarnos previamente", subrayó.

Sobre el pago a confidentes, los inspectores de Hacienda piden poder disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales, con un régimen similar al de la Policía o la Guardia Civil, de tal manera que se evite lo máximo posible la malversación o el uso fraudulento de estos fondos, un "peligro" que, según admitió Pérez Boga, es "muy real".

Su aprobación se retrasará a 2016

También dentro de las nuevas facultades legales que solicitan para la Agencia Tributaria se encuentra la publicidad de morosos y defraudadores, un anuncio realizado ya por el Ministerio de Hacienda, pero que aún no se ha puesto en marcha. Para los inspectores, se trataría de un censo de condenados por delito fiscal (a partir de 120.000 euros), de contribuyentes con sanciones de entre 100.000 y 300.000 euros y de deudores de cuantías similares a las anteriores.

El presidente de la Organización de Inspectores enmarcó todas estas medidas en la necesaria aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, ya anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que según explicó Pérez Boga, se quiere aprobar en paralelo a la reforma fiscal, pero su entrada en vigor no sería hasta 2016, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agencia Tributaria.

Entre las medidas que incluiría dicho Estatuto, que ya ha sido entregado al director de la Agencia Tributaria, figurarían la necesidad de contar con un sistema de información único, de tal manera que exista una sola bases de datos gestionada por la AEAT, y cuyos usuarios sean todas las administraciones públicas. También apuestan por una caja única de gestión e ingreso de las retenciones de cualquier impuesto. "Ahora hay un batiburrillo legal que proporciona muchas ineficiencias", subrayó.

Base de datos única

Además de este sistema de base de datos única, los inspectores reclaman una reivindicación histórica que pasa por que el Congreso, con una mayoría cualificada de dos tercios, nombre al director de la Agencia Tributaria por un mandato de cinco años, renovables por otros cinco, y con causas de destitución regulados. A su vez, este director sólo podría nombrar por libre designación un grupo muy limitado de colaboradores y el resto, deberían ocupar sus cargos por concurso, de tal manera que se garantice la independencia del organismo.

Según Pérez Boga, este nuevo modelo mejoraría la "estabilidad, interdependencia y eficiencia" de la Agencia Tributaria, ya que el sistema actual, en el que el ministro de Hacienda nombra al director y en cascada hay un relevo de más de 200 funcionarios, ha supuesto que en 21 años haya habido 11 directores generales.

"En los últimos tiempos se ha puesto en duda la credibilidad e independencia de la Agencia Tributaria, con casos como el de la Hacienda Navarra, la multinacional Cemex o el caso de la Infanta, y creemos que hay que decir 'basta ya' y hacer lo posible para que no se puedan producir intentos de injerencias políticas nunca más", reiteró el presidente de los inspectores de Hacienda.

La propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria que han realizado los inspectores de Hacienda también contempla la creación de una Oficina Nacional Antifraude, que integre funcionarios propios, del Ministerio Fiscal y de una policía fiscal creada el efecto. También apuestan por integrar el Catastro en la Agencia Tributaria, así como una Oficina Nacional de Evaluación de Políticas Tributarias, que analice a posteriori la incidencia de las medidas de control adoptadas por el organismo.

Financiación con recursos propios

Por último, los inspectores de Hacienda quieren que las fuentes de financiación de la Agencia Tributaria no dependan de los Presupuestos Generales del Estado, sino que el 18% de su presupuesto esté vinculado con los actos de liquidación y gestión recaudatoria, así como con los recargos de apremio en las deudas cobradas, con los recursos derivados de la prestación de servicios de cobranza o con el cobro para la participación de sus funcionarios en procesos concursales o judiciales.

Pérez Boga afirmó que la Agencia Tributaria ya lleva un par de meses trabajando en el nuevo estatuto y que, a pesar de que coinciden en muchos aspectos, la actual Dirección del organismo no comparte ni lo relativo al nombramiento del director ni lo relacionado con la financiación propia del organismo.


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