Prisa... Universal

El trámite exprés con el que el PP quiere poner fin a la justicia universal le ha jugado una mala pasada al partido de Gobierno. Con la negativa del PSOE a participar en la votación del Pleno del Congreso y el abandono del hemiciclo por parte de IU, ICV-EUiA y CHA en señal de protesta, no había la mañana de este jueves el quórum necesario para continuar con el trámite parlamentario. Fue entonces cuando desde el Grupo Parlamentario del PP se reclamó a los ministros reunidos en La Moncloa en plena Comisión Delegada de Asuntos Económicos que acudieran al Congreso a votar para concluir el carpetazo a la justicia universal. 

La citada reunión en Moncloa estaba presidida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La delegación de ministros que se trasladó desde el palacio presidencial hasta la Cámara Baja estuvo encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 

El reglamento del Congreso de los Diputados establece que para adoptar cualquier tipo de acuerdo es imprescindible la asistencia de la mayoría de sus miembros. Si en el momento de la votación no existe el quórum necesario, es posible posponer dicho trámite un máximo de dos horas. La mañana de este jueves tan sólo había 170 diputados dispuestos a votar de los 350 que conforman el hemiciclo, lo que ponía en riesgo la tramitación ultrarrápida con la que el PP persigue acelerar la entrada en vigor de los nuevos límites de la justicia universal. El Grupo Parlamentario Popular está integrado por 185 diputados.

Gracias a que varios ministros se sumaron al hemiciclo, el PP aprobó con el único apoyo del diputado de UPN, Carlos Salvador, la reforma en lectura única –en una sola sesión plenaria, sin pasar por ponencia y comisión–. Tan sólo 179 diputados de los más de 300 presentes participaron en la votación. 

Con este movimiento de última hora, el trámite exprés logró el aval del Pleno del Congreso. De esta manera, el PP continúa con su propósito de aprobar la reforma el próximo jueves, en una nueva sesión plenaria a continuación del Debate sobre el estado de la Nación.

La oposición considera que el PP se salta la ley

Todos los grupos de la oposición del Congreso de los Diputados, salvo UPN y Foro Asturias, sospechan que el procedimiento exprés impuesto por el PP para liquidar en tiempo récord la justicia universal no se ajusta al reglamento de la Cámara Baja. Por este motivo, el pasado miércoles los diferentes grupos parlamentarios se reunieron para aportar sus firmas y exigir a la Mesa del Congreso la elaboración de un informe jurídico que lo aclare. 

La oposición planta al PP en la votación del trámite exprés de justicia universal

Ver más

Y es que, los conservadores han utilizado todos los instrumentos a su alcance para liquidar lo más rápido posible la justicia universal. El PP optó por presentar una proposición de ley en lugar de presentar un proyecto de ley, de esta manera el Gobierno evitó todos los informes y diligencias que habrían dilatado la tramitación. La pasada semana el Grupo Popular demandó acortar los plazos de enmiendas y pidió que dicha proposición de ley se aprobase en una única sesión plenaria, como ocurrió la mañana de este jueves. De esta manera la nueva ley pasará directamente al Senado donde se aplicará el mismo trámite de urgencia y en lectura única. 

La reforma de la justicia universal limitará la competencia de los tribunales españoles para investigar delitos de rango internacional. La nueva legislación impedirá no sólo la apertura de nuevas investigaciones de este tipo de crímenes, sino también el archivo automático de las que ya están en marcha. Más de 12 causas abiertas en la actualidad para enjuiciar delitos como genocidios, torturas o crímenes contra la Humanidad fuera de nuestras fronteras serán sobreseídos. 

La proposición de ley del PP limitará la investigación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad a aquellos casos en los que la causa se dirija contra ciudadanos españoles o contra extranjeros que residan en nuestro país. También impone que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento en el que se produjeron los hechos y que, además, la persona a la que se les imputen se halle en España.