Bankia no envía documentos al juez sobre las preferentes desde junio y se escuda en que ya no es Caja Madrid

Bankia ya no es Caja Madrid. Y por eso el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la emisión de las participaciones preferentes de la caja entonces presidida por Miguel Blesa tiene que solicitar esa documentación a la Fundación Especial Caja Madrid. Esta es la explicación que, a preguntas de infoLibre, ha dado la entidad financiera para justificar que todavía no haya enviado al juez Fernando Andreu la numerosa documentación sobre la emisión de preferentes que le solicitó el pasado mes de junio. Es decir, que Bankia lleva siete meses sin contestar.

Este viernes, Bankia fue reprendida por el propio Andreu, que en una providencia ha concedido al banco dos días de plazo para que aporte la documentación solicitada el 10 de junio. En este sentido, un portavoz de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri recuerda que los delitos "no se heredan". Y por eso no se puede decir que Bankia ha heredado los presuntos delitos de Caja Madrid, que sigue existiendo como Fundación Especial Caja Madrid.

Sin responsabilidad

Según dicho portavoz, la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deja, definitivamente, fuera de las investigación de las preferentes a Bankia, que al igual que su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), "no tienen responsabilidad en la emisión de las preferentes".

Y Bankia justifica de esta forma su decisión de no enviar la documentación al juez Andreu: "El primer auto sobre las preferentes estaba recurrido, y eso hizo que toda la información quedara suspendida por nuestra parte". "La Audiencia Nacional nos ha dado la razón, por lo que a quién debería pedir los documentos el juez es a la Fundación Especial Caja Madrid", completa el portavoz del banco, que podría ser privatizado en unos meses.

Colaboración con la justicia

No obstante, Bankia suministrará toda la documentación al juez en el plazo establecido, adelantó el mismo portavoz, quien asegura que "la entidad ha colaborado en todo momento con la justicia".

Por su parte, el abogado de la asociación 15MpaRato, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha calificado como "vergonzosa" la actitud del banco encabezado por Goirigolzarri. "Bankia, independientemente de que esté imputada o no, tiene que colaborar con el juez. También se ha dado el caso de Caja Canarias, que tras ser requerida por Andreu para que le enviara nuevos documentos ha enviado una foto con archivadores vacíos", relata el letrado sevillano Moreno Yagüe.

15MpaRato

En el caso de que esta documentación no sea suministrada a la Audiencia Nacional, podría tratarse de una falta en la custodia de documentación: "Puede incluso tratarse de un delito de desobediencia. Pero estoy seguro de que Bankia no va a permitir que el juez se enfade. Sería una imagen muy negativa para el banco", completa el letrado de 15MpaRato.

Por su parte, el abogado de la formación política UPyD, Andrés Herzog, autor de la querella inicial del caso Bankia y que también forma parte de la acusación en las preferentes de Caja Madrid, sostiene que en esta pieza separada se han detectado varios problemas a la hora de suministrar la documentación. "Algunas entidades de liquidez han contestado que no conocían los contratos de preferentes", explica Herzog, quien sostiene que hasta el momento Bankia sí había colaborado en la investigación.

Copia de las actas

En la providencia fechada el pasado miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez apercibe además de a Bankia, a Caja Madrid Financial Preferred y a Caja Insular de Canarias para que "en el término de dos audiencias aporte a las actuaciones la documentación requerida mediante oficio de 10 de junio de 2013"

El citado oficio instaba a Bankia y BFA a remitir al Juzgado una copia de las actas del Consejo de Administración desde el 3 de diciembre de 2010 hasta la actualidad "en las que se debatiera o discutiera cualquier aspecto relacionado con las emisiones de preferentes, inclusive su recompra u ofertas de canje".

El juez pedía una copia del informe sobre el perfil de los tenedores minoristas de preferentes al que se aludía en el informe a la Comisión Ejecutiva del Banco de España de 5 de marzo de 2012, sobre la solicitud de autorización para la recompra por parte de BFA de preferentes y subordinadas.

Documento interno

También se solicitaba un documento interno sobre la autorización para la recompra por parte de BFA de estos productos y la valoración realizada por expertos independientes de las emisiones objeto de recompra.

Andreu reclamaba, además, las valoraciones de los expertos independientes Analistas Financieros Internacionales (AFI) y Solventis sobre esas emisiones y otras internas o externas realizadas sobre las preferentes y otros productos híbridos.

El oficio incluía la solicitud de los contratos de liquidez suscritos con las siete cajas que dieron lugar al grupo en el marco de las diversas emisiones de preferentes, "indicando las vicisitudes" de los mismos, como el volumen de provisión de "liquidez efectivamente facilitada, duración de la relación contractual, novaciones y causas de extinción o resolución".

Documentación de Caja Madrid y Caja Canarias

Caja Madrid Financial Preferred tenía que facilitar, por su parte, copia de las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas del emisor de preferentes Serie I, de octubre de 2004, y Serie II, de abril de 2009, así como el tríptico informativo a los inversores de esas dos emisiones. Además, vuelve a requerir el contrato de liquidez con la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona correspondiente a una de las emisiones.

También las comunicaciones individuales a los inversores de preferentes de la Serie II en las que se les informaba de modificaciones de valoración del rating de Caja Madrid por la agencia de calificación Moody's y el ejercicio del derecho de revocación de la suscripción o, "en su caso, remisión de la nota de prensa de 15 de junio de 2009 sobre esos cambios y la relación de medios en que fue publicada".

En cuanto a Caja Insular de Canarias, se le reclamaba copia de las actas de las reuniones del Consejo en las que se debatiera sobre preferentes, los informes económicos o financieros sobre la emisión y comercialización, incluyendo las valoraciones realizadas por expertos independientes, consultoras o asesoras, y los contratos de liquidez suscritos con las distintas entidades en el marco de las emisiones.