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Justicia

Los abogados cargan contra el proyecto de ley de justicia gratuita de Gallardón

  • El CGAE advierte de que la justicia gratuita es un derecho constitucional y no puede estar vinculada a las tasas judiciales
  • La extensión a algunos colectivos y empresas (sin importar sus ingresos) puede dar lugar a "situaciones injustas y discriminatorias"

Antonio Vico Publicada 25/02/2014 a las 09:25 Actualizada 25/02/2014 a las 11:08    
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Consejo De Ministros.

Alberto Ruiz-Gallardòn y Soraya Sáenz de Santamaría.

EUROPA PRESS
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) considera que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes supone "un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos".

El CGAE argumenta que la supresión de la obligación de residencia del letrado del Turno de Oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados "atenta gravemente a la tutela judicial efectiva" de las personas, y es que el proyecto de ley establece que cualquier abogado, de cualquier Colegio, podrá darse de alta en el Turno de Oficio, con los consiguientes problemas técnicos.

El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la aprobación del proyecto. Entre las novedades más significativas, reconoce el derecho a tener justicia gratuita –con independencia de sus recursos económicos– a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados psíquicos que sufran maltrato o abuso o a quienes reclamen indemnizaciones por las secuelas de carácter permanente sufridas en un accidente. CGAE cree que la extensión del derecho a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) sin importar sus recursos económicos, puede dar lugar a "situaciones injustas y discriminatorias entre personas y colectivos".

La abogacía también critíca la vinculación que hizo el ministro de Justicia con las tasas judiciales. "La Justicia gratuita es la otra cara de la moneda de la ley de tasas", llegó a decir Gallardón. El CGAE advierte que la justicia gratuita es un derecho constitucional y que, por tanto, tiene que ser sostenida por el Estado. Además, recuerda que la ley de tasas está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad. Califican la subida de los umbrales de acceso a la justicia gratuita como "engañosa", pues perjudicarían a las unidades familiares con una sola persona (subiendo de 12.780 euros anuales a 14.910). En el caso de las familias de dos a cuatro miembros sólo se ha rebajado el corte en 80 euros.

Otro aspecto que no es del agrado de la Abogacía Española es que el proyecto de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los expedientes, cargando así un gasto público "innecesario y anticompetitivo". Según el Consejo también aumenta las obligaciones de los letrados y reduce los baremos, lo que se traduce en una centralización que podría suponer "una rebaja del 30% de los módulos de pago del Turno de Oficio en comunidades autónomas con competencias en justicia".

En definitiva, el CGAE, cree que el proyecto de ley –que sustituirá a la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita– "no resuelve los problemas reales" y pide al Gobierno "diálogo para mejorarlo" en beneficio de la población.


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