Religión

Jueces para la Democracia censura la asistencia del presidente del TS al nombramiento de 19 cardenales

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La asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD) cree "poco respetuosa con la división de poderes" y "contraria a la aconfesionalidad del Estado" la asistencia del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, al Consistorio Cardenalicio celebrado en el Vaticano en el que fueron nombrados 19 nuevos cardenales, entre ellos el español Fernando Sebastián, conocido por sus declaraciones homófobas y contrarias a las mujeres que abortan. Según esta asociación, Lesmes acudió a este acto tras ser nombrado por el Gobierno como presidente de una amplia delegación de autoridades españolas entre las que también había varios secretarios de Estado, un diputado del Congreso y un senador

El presidente del TS dice que haber ido a la toma de posesión de cardenales fue “un acto de Estado”

El presidente del TS dice que haber ido al acto de los nuevos cardenales fue “un acto de Estado”

"Resulta poco respetuoso con la división de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto al máximo representante del poder judicial. Y, además, la participación en un evento religioso del presidente del órgano de gobierno judicial es contraria a la aconfesionalidad del estado que está prevista constitucionalmente", señala JpD en un comunicado. Asimismo, los jueces creen que "este tipo de confusiones entre la actividad pública y las funciones religiosas se vienen reiterando de forma preocupante". Y citan la medalla de oro al mérito policial que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, concedió esta semana a la Virgen María Santísima del Amor. "También empieza a ser habitual que algunos miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se encomienden a vírgenes para que mejore la situación económica, política o social", censura. 

En este sentido, JpD señala que este tipo de prácticas suponen "una quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa". Y que con estas actitudes "se proyecta la perspectiva de que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado Español, lo cual no resulta compatible con el principio de aconfesionalidad que establece el artículo 16-3 de la Constitución". A su juicio, "se trata de gestos que evocan tiempos predemocráticos, en los que existía una religión oficial y una plena confusión entre el plano institucional público y el religioso". 

Desde Jueces para la Democracia reclaman a los poderes públicos que "cumplan el principio de aconfesionalidad establecido constitucionalmente y que no otorguen trato de favor a religión alguna". En especial, dicen que resulta especialmente "preocupante" que el máximo representante del poder judicial participe oficialmente en ceremonias religiosas. Y que no distinga entre sus convicciones religiosas personales y la necesaria neutralidad que debe ejercer en el ejercicio de sus funciones públicas.

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