La jueza Alaya quiere saber qué conocía el Parlamento andaluz sobre los ERE

La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dictado un auto en el que ordena a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que informen sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz –actual Comisión de Hacienda y Administración Pública– "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".

En un auto notificado a las partes personadas, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza Mercedes Alaya atiende de este modo la solicitud planteada por el abogado del exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete y da traslado tanto de este escrito como de los documentos aportados junto al mismo a los peritos de la Intervención General del Estado.

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Así, la jueza traslada tanto el escrito como los documentos a los peritos "a fin de que informen" sobre "qué pudo hacer" dicha Comisión "para poner de manifiesto el uso por la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación a IFA/IDEA para el pago de subvenciones sociolaborales".

Asimismo, solicita de la Junta de Andalucía la "acreditación" de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública "haya remitido al Parlamento, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad".

La jueza, no obstante, deniega el resto de las pruebas solicitadas por el exalto cargo de IDEA al entender que "lo verdaderamente operativo en esta materia es que en los diarios de sesiones de la comisión parlamentaria se haya abordado alguna cuestión relacionada con las transferencias de financiación del program de la Consejería de Empleo".