Los deberes que les quedan por hacer a autonomías y colegios para acatar la ‘ley Wert’

Con la publicación de los currículos básicos de Primaria y la nueva FP básica –este último aún no había sido difundido en el BOE este martes– no acaba ni mucho menos el recorrido reglamentario más inminente de la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert. Está previsto que la nueva ley se estrene el próximo curso en en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la formación profesional para alumnos de 15 años, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La pelota está ahora en el tejado de las autonomías, que tienen que ampliar la norma en el ámbito de sus competencias. Y, después, sobre el de los centros educativos, que tendrán también que definir métodos y programaciones propias conforme a los nuevos criterios.

Las críticas de las comunidades –incluidas algunas del PP– ya lograron que se retrasara un año la implantación de la ley en ESO y Bachillerato, pero la sensación general sigue siendo la de que no sobra el tiempo para abordar los cambios pertinentes. A esto se une además la amenaza de las comunidades en las que no gobiernan los conservadores, que harán lo posible por frenar su aplicación y que ya han avisado en alguna ocasión de que necesitarán nueve meses para desarrollar su parte del contenido. Asimismo, este martes los gobiernos de Andalucía y Cataluña acordaron presentar sendos recursos de inconstitucionalidad contra esta reforma. Euskadi lo anunció la semana pasada. Y Asturias y Canarias aseguran que también lo harán. En rueda de prensa, el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, volvió a insistir en que se trata de una ley improvisada que tiene un calendario de difícil aplicación, informa Europa Press. 

A pesar de las críticas a la recentralización que supone la reforma –el Estado será el encargado, entre otras cosas, de definir el diseño y los contenidos de las distintas evaluaciones previstas que inevitablemente marcarán el devenir del sistema educativo– la aplicación curricular por parte de las autonomías contempla varias cuestiones. Según se recoge en el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado viernes, en Primaria las asignaturas se dividen en tres bloques: troncales, que dependen mayoritariamente del Estado; específicas, que se desarrollan entre ambas administraciones; y de libre configuración autonómica, que dependen exclusivamente de las comunidades. 

Las autonomías tienen también ciertas competencias sobre las troncales. Por ejemplo, tienen que fijar su horario lectivo máximo y complementar algunos de sus contenidos. Madrid, que el pasado enero anunció algunos de los cambios con los que se adaptará a la Lomce, prevé por ejemplo que sus alumnos de Primaria tengan a partir del curso que viene una hora más a la semana de Lengua y de Matemáticas, si bien la Consejería de Educación todavía no ha hecho públicas de qué asignaturas recortará el tiempo que dedicará a las citadas materias ni ha detallado el borrador del decreto. 

El segundo bloque en el que se dividen las asignaturas con la Lomce es el de las específicas, en las que el Estado los estándares de aprendizaje y las comunidades autónomas tendrán que desarrollar el contenido, así como complementar los criterios de evaluación y delimitar su horario. Estas materias son Educación física, Religión o su alternativa, Valores Sociales y Cívicos, Educación Artística y Segunda Lengua Extranjera. 

Libre configuración autonómica

El tercer y último bloque es el de las asignaturas de libre configuración autonómica, que son la Lengua Cooficial y otras a determinar por la autonomía. En estas las comunidades tienen que encargarse de definir los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los horarios. Madrid, por ejemplo, anunció que no iba a utilizar la parte del currículo que las autonomías pueden dedicar a fomentar asignaturas sobre su entorno que se prevé este tercer bloque. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, anunció que sí creará una asignatura llamada Cultura del Poble Valencià que podrá tener dos horas semanales y con la que se pretende  "enriquecer y aumentar" los conocimientos sobre patrimonio cultural sin ir "en detrimento de ninguna asignatura troncal o específica", según informó la consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català y recogió el diario Levante. 

Andalucía también anunció el pasado diciembre que planea crear una nueva asignatura autonómica para mantener la suprimida Educación para la Ciudadanía, una materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez y que es considerada por la Iglesia católica y por ciertos sectores de la derecha como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. Lo hará utilizando también utilizando este bloque. 

Con los currículos desarrollados, son los centros los que tienen que diseñar y reformar sus proyectos y sus programaciones didácticas. En este punto, los expertos creen que la desaparición de los ciclos, que eran la base de la estructura organizativa hasta la fecha, puede crear una importante situación de desorientación en los centros. "Este cambio supone volver treinta años atrás. Los ciclos era una forma de coordinación de los profesores, ahora es una incógnita qué forma de organización se va a definir. Este cambio también tiene consecuencias para los alumnos, que evolucionan de manera diferente dentro de cada etapa. La desaparición de esta estructura favorece la repetición de curso en cualquiera de ellos", señala Carmen Rodríguez, profesora de Didáctica de la Universidad de Málaga. 

Otro asunto llamativo es el hecho de que los elementos del currículo no aparezcan divididos por cursos, es decir, no se detalla qué competencia deben adquirir los alumnos en cada etapa algo que, a juicio de expertos consultados por este medio evidencia también la improvisación con la que se ha redactado el currículo y puede acabar favoreciendo que sean las editoriales las que acaben por definir qué contenidos se estudian en cada curso. 

Informe del Consejo de Estado 

Este martes también se ha hecho público un dictamen del Consejo de Estado sobre los reales decretos que recogen los currículos de Primaria y FP Básica. En el primero, el órgano consultivo del Estado aconseja una "sosegada revisión" por, entre otros, el carácter "coloquial" de algunas expresiones que contrastan con los conocimientos técnicos que se "presumen" a la comunidad educativa a la que se dirigen. Los informes datan del 20 de febrero y en el informe sobre Primaria se especifica que la consulta fue solicitada "con carácter de urgencia". Es decir, deja caer la idea de precipitación con la que ha sido pergeñado. El Gobierno aprobó el pasado viernes ambos reales decretos y dijo que el Consejo de Estado no había hecho "observaciones esenciales" ni identificado ningún problema de invasión competencial. Por otro lado, el Consejo de Estado señala que ambos reales decretos carecen de un cálculo específico sobre sus impactos económicos.