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Seguridad ciudadana

El CGPJ propone limitar las causas de intervención de las Fuerzas de Seguridad

  • La propuesta de informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son "excesivamente amplios"
  • También recomienda que se concrete cuáles son los "elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito de alterar la seguridad", al tratarse de una "expresión imprecisa"

infolibre Publicada 24/03/2014 a las 22:11 Actualizada 24/03/2014 a las 22:36    
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Policías antidisturbios cargan contra manifestantes en Madrid.  EFE

Policías antidisturbios cargan contra manifestantes en Madrid. EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el próximo jueves en pleno una propuesta de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en la que propone limitar las causas de intervención de las Fuerzas de Seguridad y el deber de denuncia.

La propuesta de informe considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son "excesivamente amplios" y recomienda adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana. El texto también cree "excesivamente amplio" el deber de denuncia establecido en el Anteproyecto y estima más adecuado circunscribirlo a hechos que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana o de los que pueda concluirse racionalmente que la producirán, "sin que baste la mera sospecha o la posibilidad".

La propuesta de informe que los vocales Wencesalo Olea y María Victoria Cinto han elevado al pleno señala también que resulta "excesiva" la exigencia de que la obligación de denunciar el hurto o extravío del DNI sea de manera inmediata y que es "desproporcionado" tipificar su pérdida reiterada como falta. Según han informado el CGPJ, el informe califica de "dudosa legalidad" que se deniegue el pasaporte cuando sea necesario en los supuestos de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ve "incompatible" el artículo 16 de la Ley de Seguridad con el artículo 17 de la Constitución, ya que el primero faculta a las Fuerzas de Seguridad para requerir la identificación de las personas cuando existan indicios de infracción o se sospeche que puedan cometerla, estableciendo la posibilidad de retenerlas si se niegan o no es posible identificarlas en ese momento. Según los vocales del CGPJ, debería incorporarse al artículo 16 la "obligación" de los agentes de informar, "de modo inmediato y comprensible", de las razones del requerimiento de identificación, así como indicarse la duración máxima tanto de la retención como de la medida de identificación en dependencias policiales.

Igualmente, considera contraria a la Constitución la posibilidad de establecer controles en lugares públicos para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción, "ya que se viene a reconocer la posibilidad de una detención por faltas penales o infracciones administrativas".

"Incompleta e imprecisa"

En este sentido, recomienda que se concrete cuáles son los "elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito de alterar la seguridad ciudadana" a los que se refiere el artículo 18 del Anteproyecto, al tratarse de una "expresión imprecisa que puede ampliar extraordinariamente las comprobaciones y registros en lugares públicos".

El informe que se elevará al pleno del CGPJ califica de "incompleta e imprecisa" la regulación de los cacheos, ya que el Anteproyecto "no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales" Asimismo, considera "vagos e imprecisos" los términos del artículo 20 del Anteproyecto para regular las "medidas extraordinarias" en situaciones de emergencia, entre las que se incluyen las de prohibición de paso y retención de personas. Aconseja, en ese punto, suprimir este precepto "ante lo incierto de cuáles son las personas a las que la medida puede afectar y la más que cuestionable constitucionalidad de las mismas, en particular la retención".

Otros de los aspectos criticados es el que apunta a la obligación de empresas y empleados de seguridad privada a colaborar con las Fuerzas de Seguridad en la disolución de reuniones y manifestaciones, al entender que esto "afecta al ejercicio de un derecho fundamental cuya defensa se atribuye a estas últimas y a la autoridad gubernativa". Un argumento similar fue utilizado por el Colegio de Abogados de Madrid para criticar en el mismo sentido la Ley de Seguridad Privada recientemente aprobada.

El informe advierte del riesgo de tipificar lo que actualmente son faltas penales como infracción administrativa y rechaza que sea la Administración, en lugar de un órgano judicial, quien imponga la sanción. Además, rechaza que para revisar esta sanción se exija el pago de tasas judiciales –"que no existen en el procedimiento penal"– y que las declaraciones de los agentes que formulen denuncia "gocen de carácter probatorio".

Ofensas o ultrajes a España

Los vocales que han elaborado el informe discrepan de las conductas contrarias a la seguridad pública tipificadas en el Anteproyecto y recuerdan que las ofensas o ultrajes a España, las Comunidades Autónomas o a sus símbolos "ya están sancionadas y tipificadas como delito".

El informe se refiere también a la redacción actual del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente al peligro que el uso de imágenes de autoridades o agentes pueda suponer para su seguridad personal, algo que "está formulado en términos tan vagos y extensos que se plantean problemas de taxatividad".


2 Comentarios
  • 2 IRENE 25/03/14 12:41

    Estos corruptos políticos..... les falta tiempo para salir en los medios a pronunciarse contra los ciudadanos faltándonos el respeto continuamente para exigir pedir perdón por las manifestaciones pacificas en las que participan cientos de ciudadanos, cuando van ellos ha pedir perdón por todo lo que están robando y por todo el sufrimiento que están causando.

    Responder

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  • 1 hartodjetas 25/03/14 10:40

    La Constitución del 78 está siendo reiteradamente vulnerada porel propio Régimen, sus instituciones y sus cargos públicos. En especial por el Ministerio del Interior/Terror, las Cortes Generales y los Gobiernos condescendientes con la iniquidad y el expolio de las arcas públicas mediante la corrupción, el cohecho y el derroche del PIB en favor de la banca criminal. QUOSQUE TANDEM? 

    Responder

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