El Constitucional anula la declaración soberanista del Parlament catalán

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes, de forma parcial y por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la declaración soberanista que el Parlament de Cataluña aprobó en enero de 2013. Así, ha declarado "inconstitucional y nulo" el primer principio del texto, donde se establecía el "carácter de sujeto político y jurídico soberano" del "pueblo de Cataluña" por razones de "legitimidad democrática".

Los magistrados sostienen en la sentencia que ese apartado vulnera varios artículos de la Constitución y el Estatut catalán. Fuentes del Constitucional argumentan que ese principio era susceptible de producir efectos jurídicos y que podía entenderse como un "reconocimiento" favorable a quienes pretenden dotar a las nacionalidades que integran España de atribuciones superiores a las que les son reconocidas en la Constitución.

El TC, por el contrario, ha considerado compatibles con la Carta Magna las referencias al "derecho a decidir" de los catalanes, pues estima que no consagran un derecho de autodeterminación, sino una "aspiración política" que puede lograrse mediante un "proceso ajustado a la legalidad constitucional". Esas referencias, añade el fallo, "no son inconstitucionales si se interpretan en el sentido que se expone en esta sentencia".

En este sentido, se remarca que "la declaración no excluye seguir los cauces constitucionalmente establecidos para traducir la voluntad política expresada en la resolución en una realidad jurídica". De igual modo, se recuerda que el texto salido de la Cámara catalana refleja un acuerdo del Parlament para iniciar un proceso que permita decidir el "futuro político y colectivo" y para desarrollar ese proceso de forma dialogada y negociada con el Estado español.

Así las cosas, concluye el TC, "cabe una interpretación constitucional", puesto que el "derecho a decidir no de los ciudadanos de Cataluña" no aparece vinculado a una manifestación de un supuesto derecho de autodeterminación que la Constitución no reconoce, y tampoco como una "atribución de soberanía no reconocida", sino como una "aspiración política" alcanzable a través de los principios de "legalidad democrática", "pluralismo" y "legalidad".

Recusaciones pendientes

La decisión cuyo sentido se ha conocido este martes ha trascendido antes de que el tribunal de garantías analice las recusaciones del Parlament de Cataluña contra tres de sus magistrados. En ese listado figura incluso el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, de cuya imparcialidad en este asunto concreto duda la Cámara autonómica. Los otros dos magistrados cuya recusación se plantea son Pedro González-Trevijano y Enrique López.

La discusión de este asunto en el pleno, que no lo incluía en su orden del día, se ha producido apenas unos días después de que el órgano se completara tras la incorporación del magistrado Roberto Enríquez, designado por el Senado a propuesta del PP.

El origen de la noticia se remonta al 8 de marzo, cuando el Consejo de Ministros presentó la impugnación ante el alto tribunal por entender que la declaración "no sólo no es compatible" con la Carta Magna sino que "produce efectos", al plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes públicos y ciudadanos", según explicó en su día vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Ya en mayo, el Constitucional admitió a trámite la impugnación del Gobierno y dejó en suspenso la declaración de la Cámara catalana por 8 votos contra 4. Fuentes jurídicas destacaron entonces que se trataba de la primera ocasión en la que el TC suspendía un acuerdo de un Parlamento autonómico. Dos meses después, el TC recalcó que la declaración hacía referencia a cuestiones de trascendencia constitucional y ratificó la suspensión solicitada por el Gobierno.

CiU, ERC e ICV siguen adelante

Tras conocerse la decisión del TC, el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida ha calificado de "error innecesario" la anulación ya que, a su juicio, lo aprobado por el Parlament es una "declaración política" y "no una norma de derecho positivo". Además, el líder de CiU en el Parlament catalán, Jordi Turull, ha restado credibilidad al Tribunal Constitucional (TC) por ser un "órgano político". Por su parte, el diputado de ERC en el Parlament Pere Aragonés ha prometido que el fallo no hará variar "ni un milímetro" el proyecto soberanista. "El 9 de noviembre pondremos las urnas", ha zanjado. 

El portavoz del PSC en la Cámara catalana, Maurici Lucena, ha asegurado que la sentencia señala como "único camino" para la consulta el acuerdo entre Generalitat y Ejecutivo: "Cualquier otro atajo ya vemos que nos lleva a un callejón sin salida", ha zanjado. Fuentes del PSOE se han pronunciado en la misma línea: "La sentencia señala que el único camino sensato es el respeto a la ley", han señalado a infoLibre, para añadir, a renglón seguido, que eso es lo que propone precisamente el PSOE.

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Desde ICV-EUiA, el diputado Josep Vendrell ha advertido al Tribunal Constitucional (TC) de que las formaciones favorables a una consulta no van a "desistir" de su objetivo porque están convencidas de que existen marcos legales para celebrarla. "En ningún caso 12 señores y señoras encerrados en un palacio de Madrid nos podrán hacer desistir de nuestro objetivo de elegir democráticamente nuestro futuro", ha asegurado en rueda de prensa.

Por el contrario, la portavoz de Ciutadans en el Parlament, Carina Mejías, ha instado al Govern catalán a abandonar su "delirio separatista". Finalmente, el Gobierno central ha asegurado que "acata y respeta" la decisión y ha saludado que sus argumentos hayan sido tenidos en cuenta, al tiempo que ha pedido tiempo para una lectura detallada de la decisión del Constitucional antes de emitir una valoración más extensa.