Adjudicación contratos
El Tribunal de Cuentas se ve forzado a anular un contrato de 1,6 millones porque lo adjudicó de modo irregular
El Tribunal de Cuentas, el órgano que vela por la legalidad de las cuentas y contrataciones públicas, se ha visto forzado a anular un contrato de 1,68 millones para la reforma de los sótanos de su sede precisamente porque lo había otorgado de manera irregular.
La adjudicación recayó en noviembre en una UTE (Ortiz Construcciones y Proyectos SA-Auditel Ingeniería y Servicios SL). Para optar por esa unión de empresas, la mesa de contratación desechó previamente varias ofertas. Y lo hizo con un argumento tan inédito como el hecho de que el tribunal que vigila la limpieza de las cuentas y adjudicaciones públicas se vea obligado a tumbar un contrato propio. El argumento fue que las empresas excluidas del concurso lo fueron por no haber incorporado en el sobre correcto (el C) su propuesta para el mantenimiento de las instalaciones.
El recurso de una de las compañías perjudicadas, Constructora San José, destapó la irregularidad y obligó al tribunal a dar marcha atrás. San José adujo que la información sobre el tipo de mantenimiento ya figuraba en otro de los tres sobres de la plica (el B). Y que, por tanto, la mesa de contratación realizó indebidamente el cálculo de la puntuación a partir de criterios valorables "mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la aplicación de fórmulas matemáticas".
La rectificación se produjo en el pleno del órgano fiscalizador celebrado a finales de febrero, pero solo después de que un informe de la Abogacía del Estado confirmase la versión de los recurrentes y tirase por tierra la doctrina del sobre.
El informe de la Abogacía obligó al tribunal a anular la adjudicación del contrato. Algunas fuentes sostienen que la resolución final favorable al contrato para la UTE Ortiz-Auditel llevaba la firma del presidente del órgano, Ramón Álvarez de Miranda, hijo de Fernando Álvarez de Miranda, primer presidente del Congreso tras la restauración democrática y luego Defensor del Pueblo. Propuesto por el PP, Álvarez de Miranda dirige el tribunal desde 2012, aunque ya trabajaba para la institución desde los años ochenta.
Pero lo cierto es que el único documento disponible sobre la evolución de este concurso es la notificación de la mesa de contratación, fechada el pasado 25 de noviembre. Y quien la firma es Ángela Moure, gerente del tribunal y presidenta de la mesa. La licitación había sido convocada en julio con el objetivo de habilitar como doble planta de oficinas los sótanos hoy destinados a archivos y almacén en la histórica sede de la calle Fuencarral.
Por qué la mesa de contratación esgrimió un razonamiento como el manejado aquí –el de que los documentos no se habían incorporado al sobre correcto- pertenece al terreno de las incógnitas. El tribunal se limitó ayer a corroborar que la adjudicación ha quedado anulada "porque se admitió el recurso" de Grupo San José. Y que la misma mesa de contratación deberá valorar de nuevo todas las ofertas presentadas. El informe de la Abogacía del Estado no ha salido a la luz, aunque otras fuentes lo califican de “demoledor”.
Uno de los consultados por infoLibre resume así lo que, bajo la dirección de Moure, hizo la mesa de contratación. “El acuerdo –relata la fuente- de la mesa de contratación recurrido por San José resolvió que en aplicación de la cláusula tercera del pliego de condiciones, no se podían calificar las propuestas de las empresas licitadoras que no habían especificado en el sobre señalado con la letra C”.
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Los recurrentes se defendieron. Y la fuente lo narra así: “Las empresas licitadoras que no especificaron en el sobre C el tipo de mantenimiento lo hicieron así porque tal especificación ya constata en el sobre B, y esa era una interpretación correcta del pliego de condiciones, de hecho, otros tres licitadores además de San José lo hicieron también así”
Quienes conocen lo sucedido con ese expediente recalcan que es “la primera vez” que el tribunal debe retractarse de una decisión contractual. ¿Jamás antes había ocurrido?, preguntó este diario a los portavoces oficiales del tribunal, que dijeron no poder ofrecer una respuesta exacta aunque no guardan memoria de un solo precedente.
La primera de las dos empresas que conforman la UTE ganadora del concurso ahora anulado, Ortiz Construcciones y Proyectos SA, obtuvo en 2012 y mediante concurso el contrato de obras de mantenimiento y reparación del Congreso. El nombre de esta compañía madrileña, sin conexión con el grupo Ortiz de Valencia, afloró durante la primera fase del caso Gürtel como el de uno de los principales clientes del exdiputado del PP, Jesús Merino. En total, las sociedades de Merino percibieron de Ortiz 2,1 millones de euros por trabajos de asesoramiento entre 2006 y 2008.
