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Memoria histórica

Andalucía reclamará al Estado la anulación de las sentencias franquistas

  • Quiere empezar con Blas Infante, que fue condenado a muerte cuatro años después de ser fusilado
  • Diego Valderas señala que lo que se pretende es recuperar la "dignidad y la justicia"
  • El Gobierno andaluz estima en miles las sentencias que podría ser anuladas basándose en el Derecho Internacional y califica de "vanguardista" la ley impulsada

infoLibre Publicada 29/03/2014 a las 17:06 Actualizada 29/03/2014 a las 17:52    
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Andalucía reclamará al Estado la anulación de las sentencias franquistas, empezando por la de Blas Infante

Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía, y Luis Naranjo, director general de Memoria Democrática.

EUROPA PRESS
La Junta de Andalucía va a iniciar un proceso para reclamar al Gobierno central la anulación de los juicios sumarísimos y las sentencias dictadas por el régimen del dictador Francisco Franco, comenzando con la emitida contra el padre de la patria andaluza, Blas Infante, que cuatro años después de ser fusilado, fue condenado a muerte por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que impuso además a sus herederos una multa económica.

En declaraciones a los periodistas en Granada, antes de inaugurar una jornada de debate sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha señalado que la intención del Gobierno andaluz no es retrotraer las sentencias o recuperar bienes patrimoniales sino simplemente recuperar "la dignidad y la justicia".

Aunque el Gobierno andaluz no tiene aún el dato concreto de cuántas resoluciones podrían ser anuladas sí que estima que serán "miles", y se basa en la justicia internacional, tanto en lo establecido por las Naciones Unidas como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, para avalar esta petición.

Además, según ha recordado Valderas, el propio anteproyecto de ley de memoria democrática ya plantea pedir al Estado esa anulación de sentencias "que se produjeron tan injustamente". Así, se hará un "trabajo político" desde la Consejería que él mismo preside y desde la Dirección General de Memoria Democrática, para lo que ya se están analizando las "vías de solicitud", que podrían partir tanto del Gobierno andaluz como de la Cámara Autonómica.

Valderas, que además ha apostado por señalizar todos los lugares relacionados con la memoria histórica de Andalucía, ha pedido que el Gobierno de España "se tome en serio este tema con la solvencia que corresponde", y que lo haga "si es posible" antes de que la propia ley "esté en valor". "Nosotros queremos incluso ir por delante de lo que son los tiempos legislativos, debería haber estado ese tema solucionado desde hace bastante tiempo", ha considerado.

Por otro lado, ha estimado que la ley impulsada por el Gobierno andaluz en materia de memoria es una ley de "vanguardia" y ha abogado por convertirla en "patrimonio" de todos los andaluces, para lo que, según ha dicho, es necesario que todos participen de "abajo arriba".

Por ello ha defendido las jornadas de debate como las celebradas este sábado en Granada que permitirán, en su opinión, que cuando la ley llegue al Parlamento para su aprobación definitiva, su texto llegará "mejorado". "Es una ley que se pone en la parte más avanzada del movimiento memorialista y del tema de recuperación de memoria democrática del pueblo español y andaluz y de todas las leyes del conjunto del Estado", ha indicado.

Además, esta nueva norma significará que el Gobierno, PSOE e IU, "cumplen" con su programa político planteado desde el punto de vista legislativo, que incluye otras leyes impulsadas desde la Consejería que dirige Valderas, como la ley en defensa de los consumidores, la ley de concertación local y "ya mismo" la de participación ciudadana, lo que convierte a su departamento en el que más proyectos de ley ha impulsado.

El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, también ha defendido las jornadas de debate en torno al anteproyecto de ley de memoria, porque suponen un "paso más" en la "socialización" de la norma, que precisamente nació "del debate con las asociaciones y foros memorialistas".


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