La PAH y la banca critican el fiasco del fondo de vivienda social del Gobierno

El fondo social de vivienda –que pretendía facilitar alquileres a precios bajos a familias en riesgo de exclusión– fue una de las medidas estrella del plan antidesahucios que el Gobierno anunció en noviembre de 2012 abrumado por la presión y la conmoción social provocada por dos suicidios recientes relacionados con desahucios. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo presentó en una comparecencia en la que en varios momentos pareció estar al borde del llanto.

Sin embargo, más de catorce meses después de su puesta en marcha, en enero de 2013, nadie parece estar conforme con cómo está evolucionando. Ni las entidades financieras –que aportaron al fondo 5.891 pisos vacíos que se quedaron fuera del banco malo– ni los trabajadores de servicios sociales ni los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca creen que esté sirviendo para algo. Aunque, claro está, unos y otros critican su utilidad desde diferentes perspectivas. Los bancos creen que desde el Ejecutivo "no hay mucha voluntad" de sentarse a negociar para que funcione mejor y aseguran que llevan tiempo reclamando una nueva convocatoria de la comisión de seguimiento que no acaba de llegar. Los trabajadores sociales y activistas dicen que las características de los pisos y los criterios de acceso a los mismos están dificultando el desarrollo del plan. 

Entre tanto, la realidad de los datos habla por sí sola. Menos del 3% de los pisos están ocupados a día de hoy. Aunque según datos del Ministerio de Economía se ha accedido a dar una vivienda en alquiler a 640 familias, por el momento sólo hay 169 contratos de arrendamiento firmados. Además, ha habido 1.098 solicitudes denegadas por no cumplir con los requisitos. Y es que ahí, en los requisitos de acceso, es donde está la clave según los colectivos consultados. En el departamento que dirige Luis de Guindos, sin embargo, señalan que ésta es solo una de las "varias" iniciativas que se pusieron en marcha relacionadas con la pérdida de la vivienda en los sectores más vulnerables y que hay que esperar "un poco más" para ver si hay que hacer alguna modificación en los criterios de acceso. 

Los requisitos 

Para acceder a un piso el beneficiario tiene que haber sido expulsado de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 y llegar a un acuerdo con la misma entidad que propició su desahucio, que es la que tiene que buscar entre los inmuebles que haya cedido al fondo uno que se adecúe a la familia que está buscando una alternativa habitacional. Además de tener bajos ingresos –el conjunto de la familia no puede ingresar más de tres veces el IPREM (1.597 euros mensuales)–, tiene que ser una familia numerosa, o una persona a cargo de al menos dos hijos y en el caso de que solo sea uno tiene que tener menos de tres años. Otra posibilidad es que el afectado, que siempre tiene que tener hijos a su cargo, esté en situación de desempleo y no tenga derecho a prestación alguna. El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno más, excepto que la entidad financiera haga una nueva evaluación de la situación del beneficiario y concluya que ya no cumple las condiciones.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, cree precisamente que en estos requisitos radica parte de las causas del fracaso de este plan. "Es normal que a los afectados les cueste acudir a la misma entidad que les ha desahuciado porque, por lo general, la relación no ha acabado muy bien", señala. Asimismo, cree que otro de los grandes problemas es que la alternativa que se proporciona en muchos casos no es la óptima, pues en ocasiones se ofrecen viviendas que están muy alejadas del domicilio anterior y eso supone sacar a las familias de su contexto social y familiar. "La población no es ganado nómada que se pueda estabular en un sitio u otro dependiendo de voluntades externas", añade.

Las críticas de la PAH y la banca 

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Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Feli Velázquez, una de sus portavoces en Madrid, cree que la idea de desvincularse de su entorno es algo que echa mucho para atrás a los posibles beneficiarios. Por eso su propuesta es que se otorgue a los desahuciados la posibilidad de permanecer en su vivienda como arrendatarios pagando un alquiler social. "Es lo más lógico si tenemos en cuenta que, una vez ejecutado el lanzamiento, los pisos se cierran y permanecen vacíos durante años con un cartel de 'se vende' por el que nadie pregunta", asevera. En la PAH aseguran no ver una gran voluntad de colaboración por parte de la banca. "Los bancos están para ganar dinero y estas operaciones no son ventajosas para ellos. Si pagar la comunidad y mantener las viviendas ya les cuesta 300 euros es normal que no les interese apostar por esto", señala. Cristina, voluntaria de la PAH en Madrid, apunta que otra causa del fracaso del fondo es que es poco operativo desde el punto de vista administrativo. "Desde que hay una solicitud hasta que se resuelve el expediente pueden pasar tres o cuatro meses. ¿Qué hacen las familias mientras? La única alternativa entonces es ocupar", sentencia. 

El fenómeno de la ocupación preocupa en la banca. "El fondo no está funcionando. Se están ocupando ilegalmente viviendas al tiempo que hay inmuebles secuestrados a los que no pueden acceder los afectados y que nosotros tampoco podemos poner a la venta. Son activos que están cautivos", señalan fuentes del sector. No obstante, fuentes de una gran entidad que prefieren no ser identificadas señalan que sí se está posibilitando "en bastantes casos" que las personas que pierden su vivienda por no poder pagarla se queden en ella con un alquiler reducido o incluso a cambio de nada durante algún tiempo. 

Desde los servicios sociales, Ramírez también destaca el "peligro" de que se potencie la creación de bolsas de pobreza y marginación si se propicia la reclusión de desahuciados en determinadas zonas. "Los bancos han cedido al fondo las viviendas que menos les interesan, las que saben que no van a vender porque no están en buenas condiciones o porque están en zonas desfavorecidas. Esta no es una buena estrategia para la integración", sentencia.