Los tribunales reducen las órdenes de protección a mujeres maltratadas

Las cifras muestran un creciente rechazo de los jueces a aceptar las medidas de protección que reclaman las víctimas de violencia machista. Según los últimos datos, hechos públicos esta semana por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado los juzgados de Violencia contra la Mujer desestimaron el 41,1% de las solicitudes. En 2004 las rechazadas fueron el 22,2%. Desde entonces hay una tendencia al alza en el número de peticiones rechazadas que preocupa, y mucho, a las asociaciones de mujeres. Preguntada por este asunto en rueda de prensa el pasado jueves, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, secretaria judicial en excedencia y vocal del órgano de gobierno de los jueces, dijo desconocer en profundidad a qué se debía este indicador. Y señaló que el órgano que preside va a "estudiarlo" con el fin de sacar algún tipo de conclusión más adelante. 

El debate sobre la eficacia de estas medidas está sobre la mesa. Algunas voces las cuestionan si se conceden de forma masiva por la dificultad de contar con medios que hagan posible llevarlas a cabo con efectividad. Los organismos oficiales y los colectivos de mujeres, sin embargo, defienden su aplicación y dicen que tienen un efecto disuasorio en la prevención de los malos tratos. La ley Integral de Violencia de Género alude de forma expresa a la orden de protección y señala que el juez que reciba la solicitud tiene que decidir si la estima en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal. Se trata de que pueda adoptar, desde el inicio de la instrucción, las medidas que considere necesarias para la protección de la víctima. Estas medidas van desde la protección física a la regulación provisional de aspectos de índole civil como el alejamiento inmediato del supuesto agresor, que ha de salir de la casa compartida, la concesión de la custodia de los hijos o el establecimiento de una pensión de alimentos. Además, establece que todas las mujeres que han sido agredidas por su pareja tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, y encarga a las comunidades y a los Ayuntamientos la organización de estos servicios.

Precisamente sobre este último aspecto, sobre los beneficios que puede tener para las mujeres en el proceso de divorcio, se basa el mito de las denuncias falsas que, según los colectivos de mujeres, puede estar influyendo en los jueces a la hora de pronunciarse sobre estas peticiones. Aunque es un discurso que ha calado en algunos sectores, los datos oficiales desmontan esta teoría. Las memorias de la Fiscalía General del Estado señalan que, en 2009, de las 135.540 denuncias interpuestas por violencia machista sólo se acreditaron 13 falsas, es decir, un 0,0096% del total. Además, los datos del poder judicial señalan que se mantiene la baja proporción de medidas cautelares civiles respecto de las penales. El año pasado, derivadas de las órdenes de protección y medidas cautelares se adoptaron 59.597 medidas penales y 15.116 civiles. De estas últimas en un 6,7% de los casos se acordó la suspensión de la guardia y custodia o en un 3% de la suspensión del régimen de visitas. 

Situaciones de riesgo 

Las asociaciones de mujeres relacionan el descenso en la órdenes de protección –en 2013 se reclamaron 32.831 y se concedieron 19.349 (58,9%); mientras que en 2004 se pidieron 36.807 y se aceptaron 28.631 (un 77,8%)– con varios factores. Ángela Cerrillos, presidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis, cree que hay una falta de sensibilidad creciente por parte de los juzgados que hace que cada vez más los jueces presupongan "intenciones traviesas" en las mujeres que denuncian y, por tanto, denieguen sus solicitudes de protección. Desde la Fundación Mujeres su directora, Marisa Soleto, dice observar "con preocupación" la consolidación de una tendencia que llevan tiempo observando. "Estos datos significan que cada vez se aprecian menos situaciones de riesgo y que cada vez hay más resistencia a estimar medidas de carácter civil con el argumento de que las mujeres pueden estar arguyendo motivos espurios para obtener beneficios de cara al divorcio. La realidad nos dice que sigue siendo necesario un instrumento legal, aunque también que hay que hacer evaluaciones de calidad. A nivel judicial hay un ámbito de mejora evidente", añade. 

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Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, cree que el descenso en las campañas de prevención y sensibilización –este año hay un 28% menos de presupuesto que en 2011 para la lucha contra la violencia machista– también influye a la hora de que los jueces tomen sus decisiones. "Forman parte de la sociedad y, claro, les afecta. Menos información y prevención hace que baje la percepción del riesgo", señala. Además, señala que el hecho de que en los últimos dos años se haya experimentado una tendencia a la baja en el número de muertes está creando la falsa percepción de que el fenómeno de la violencia machista está desapareciendo. 

Los colectivos de mujeres relacionan este indicador con otros que también muy preocupantes como que haya un progresivo descenso en el número de denuncias –se han reducido un 12% desde 2008– o el hecho de que las víctimas renuncien cada vez más a continuar con los procesos judiciales. Ante esta situación, apuestan por que haya más especialización y, sin dejar de lado la imparcialidad, un plus de sensibilidad con esta causa en los juzgados. Asimismo, señalan que es necesario que haya una voluntad política seria de analizar "a fondo" la situación y, si es pertinente, tomar medidas al respecto. 

Por otro lado, creen también que hay que reforzar la protección de los menores frente a los delitos de violencia de género. "La inaplicación reiterada de la retirada de custodia o la supresión del régimen de visitas es uno de los asuntos que más daño está haciendo a las mujeres que denuncian. Pueden producirse casos tan surrealistas como que se conceda la custodia al presunto agresor bajo la argumentación de que tiene mejor horario laboral que la presunta agredida. Esto no está prohibido por la Ley", culmina Soleto.