El Gobierno revisará cada tres meses la situación de las maltratadas donde la Policía no vio riesgo

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, se reunió este lunes con sus homólogos en Justicia e Interior para abordar cambios en los mecanismos legales y jurídicos de atención a las víctimas de violencia de género. Este encuentro tuvo lugar en un momento en el que el debate sobre las agresiones machistas se ha avivado por una nueva escala de asesinatos –son 21 las mujeres muertas en lo que va de año– y los últimos datos que apuntan hacia un descenso en el número de denuncias y en las órdenes de protección dictadas por los tribunales.

Así, una de las principales medidas acordadas en este encuentro es revisar cada tres meses –ahora se hacía cada cuatro– la situación de las mujeres que denunciaron agresiones machistas y a las que la Policía atribuyó un nivel de "riesgo no apreciado", según informó Sanidad a través de un comunicado.  El objetivo de este cambio es mejorar el protocolo con el que la Policía valora el riesgo que tiene una mujer de volver a sufrir una agresión machista.

Al cierre del mes de febrero figuraban 30.388 mujeres dentro del sistema de vigilancia policial de violencia de género (VIOGEN) en la categoría de "riesgo no apreciado" frente a 11.724 casos en los que las fuerzas policiales sí habían advertido peligro, informa Europa Press. Según las instrucciones derivadas de la Ley de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, los casos de nivel extremo de riesgo se revisan cada 72 horas, los de nivel alto, cada siete días; los de nivel medio cada 30 días y los de bajo, cada sesenta. Para cada una de estas categorías se establecen servicios que es obligatorio prestar a la víctima, como un sistema telefónico 24 horas disponible o vigilancia policial ocasional o permanente.

Habrá cambios también en el cuestionario que hacen los agentes a las mujeres que denuncian una agresión machista. A partir de ahora incluirá datos de su situación laboral y la de su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o de tener menores a su cargo. Además de supervisar los expedientes, Interior constituirá un grupo de trabajo para analizar una posible modificación en las escalas de valoración del riesgo que utilizan los agentes para determinar en qué grado de peligro se encuentra una víctima de violencia machista teniendo en cuenta tanto su situación personal como la del agresor.

Los tres ministros han pactado también que las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil cuenten con agentes especializados en violencia de género y que la víctima sea informada "de oficio" cuando se produzca un cambio en la situación penitenciaria de su agresor. Esta obligación ya estaba prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero quedaba invalidada en muchas ocasiones por la descoordinación entre instituciones.

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Más poder a los juzgados especializados 

Además, se ha acordado que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se pronuncien sobre los casos de quebrantamiento de la orden de alejamiento, pues se considera que estas instancias están más especializadas que los Juzgados de lo Penal. Esta medida ya estaba recogida en una proposición no de ley de los socialistas que fue rechazada por el PP en octubre del pasado.

Estos juzgados especializados instruirán también delitos de lesiones, homicidio o integridad moral, aquellos relacionados con el honor, la intimidad o la propia imagen, siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor. El ciberacoso —incluido en la reforma del Código Penal— y otros delitos como injurias o revelación de secretos también pasarán, si se utilizan como una forma de violencia contra la mujer, a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados especializados. Hasta ahora, todos estos casos correspondían a los juzgados de instrucción.