El PP impide que el Congreso apruebe la devolución de su dinero a los preferentistas

La Comisión de Economía del Congreso ha rechazado este martes la propuesta del BNG de blindar de cualquier desahucio a los afectados por la estafa de las participaciones preferentes que aún no hayan recuperado su dinero y que tengan tanto la hipoteca como los títulos híbridos en la misma entidad bancaria.

La iniciativa planteaba que los poseedores de preferentes o deuda subordinada que, en la misma entidad, sean titulares de un préstamo hipotecario para su primera vivienda y que "se haya demostrado que son incapaces de asumir el pago de la cuota" no puedan ser víctimas de una ejecución hipotecaria o de otras garantías mientras no se les devuelva íntegramente el nominal invertido.

Además, los nacionalistas gallegos también reclamaban que se devolviese la totalidad del dinero a los titulares de acciones a consecuencia del canje obligado de sus preferentes, y que se les informase "con transparencia" sobre la situación actual de sus ahorros. Por último, el Bloque proponía asimismo modificar la Ley de Reestructuración y Resolución de entidades de crédito para garantizar que los ahorradores titulares de instrumentos híbridos no queden sujetos a las acciones de gestión y puedan recuperar todo su dinero sin ninguna quita en posibles crisis futuras.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha explicado que el objetivo de su iniciativa era "que la resolución de estos asuntos no tenga que llegar al ámbito judicial" y que se pueda dar una solución "definitiva" para todos los afectados de España.

A favor de esta propuesta se ha manifestado el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, quien aboga por una "solución universal" a este problema para que todos los estafados recuperen su dinero, algo que a su juicio pasa por una auditoría de oficio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por la "devolución íntegra del nominal, sin ningún tipo de quita".

En el mismo sentido, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, cree que dado que las sentencias judiciales están "dando la razón" a los estafados, lo "lógico" sería no aplicar a estas personas las mismas medidas de gestión del capital que a un acreedor ordinario, sino que "deberían tener derecho a recuperar su dinero, como estafados que son".

También Inmaculada Riera, de CiU, coincide con la meta última de la propuesta de los nacionalistas gallegos de que todos los afectados por el problema puedan recuperar su dinero, y considera "adecuadas" las vías para ello que se enuncian en el texto. "Cualquier iniciativa que vaya en la dirección de ser más transparentes, de instaurar normas justas que permitan a los pequeños inversores víctimas de una estafa recuperar su capital y garantizar reglas de juego basadas en el conocimiento mutuo de las mismas tendrá nuestro apoyo", ha añadido.

Sin embargo, Irene Garrido (PP) ha defendido que el Gobierno ya ha tomado medidas para resolver el problema de los preferentistas, comenzando por los propios arbitrajes autorizados para los ahorradores, y también ha aprobado normativas para evitar que esta situación se pueda repetir en el futuro.

A renglón seguido, ha afeado a los nacionalistas gallegos que ahora planteen esta propuesta cuando durante los dos años de legislatura no han parado de "poner continuamente palos en las ruedas a las medidas que se están llevando a cabo para reducir el impacto de la mala comercialización de estos productos entre destinatarios equivocados".

Además, ha recordado que sólo un 2% de los minoristas afectados han renunciado a acudir voluntariamente al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para obtener liquidez, "a pesar de que no era ninguna cortapisa para poder acudir posteriormente a litigios vía judicial o vía arbitral". En cualquier caso, la diputada ha admitido que estos accionistas involuntarios deben "estar informados de cuál es la situación actual de sus acciones con total transparencia".

"Lo que tenemos que hacer es luchar hasta el final para que no quede ningún estafado sin que recupere sus ahorros, pero también tenemos que poner las bases para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. Seguiremos trabajando mientras quede un solo estafado por la mala comercialización para que recupere el 100% de sus ahorros, y lo haremos desde la responsabilidad y desde la protección. Pero utilizar el sufrimiento como estrategia política puede ser rentable para alcanzar un titular, pero no es suficiente para solucionar un problema", ha concluido.