Las propuestas de reforma de la Constitución de partidos pequeños no han salido adelante

Mariano Rajoy a Artur Mas: "Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución". Artur Mas a Mariano Rajoy: "Señor Rajoy, ponga día y hora. Más fácil es absolutamente imposible". Que formule él, el presidente del Gobierno, esa reforma. Alfonso Alonso a Artur Mas: "La Constitución no puede ser reformada solamente para satisfacer a un nacionalismo enfadado".

El balón (de la reforma constitucional) rebota de un tejado a otro. Del Gobierno central a la Generalitat, y de la Generalitat al Gobierno central. Pero ese balón nunca entra en juego. Básicamente porque quien tiene la sartén por el mango, el PP, que cuenta con mayoría absoluta, no tiene intención de cambiar la Ley Fundamental y defiende su completa vigencia aún hoy, 35 años después de su aprobación. 

Los precedentes, desde luego, acompañan. Sólo se han operado dos modificaciones de la Carta Magna. En 1992 y en 2011. En el primer caso, en aplicación del Tratado de Maastricht, para permitir a los ciudadanos comunitarios ser elegidos en los comicios municipales, lo que exigió alterar el artículo 13.2. Todos los grupos presentaron la proposición de reforma, cumpliendo así la indicación que previamente había dado el Tribunal Constitucional (TC). En el segundo, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, pero aquí la iniciativa sólo fue respaldada por PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN). 

Pero las propuestas de reforma planteadas por formaciones minoritarias que pasaron al baúl de los recuerdos también son contadísimas. En concreto, el archivo del Congreso contiene, en estos 35 años, sólo cuatro iniciativascuatro iniciativas. La primera, de 1980, fue presentada por el Partido Andalucista, el mismo que la retiró un año después tras desbloquearse el acceso de Andalucía, por la vía rápida, a la autonomía. La segunda, de 1995, la suscribió Izquierda Unida, decayó al disolverse las Cortes apenas unos meses después, y planteaba un nuevo retoque del artículo 13.2, para ampliar derechos políticos a los inmigrantes temporales. Las dos últimas son de esta misma legislatura, y las dos están vivas todavía. De una es autora Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), y persigue la reversión del artículo 135. Y la segunda es del BNG, y reclama un cambio en el sistema electoral y en el Senado. Ambas tienen nulas posibilidades de prosperar, dada la mayoría absoluta de que disfruta el PP. 

Los requisitos

¿Quién puede presentar una propuesta de reforma de la Constitución? Según los artículos 166 y 87 de la Carta Magna, lo pueden hacer el Gobierno, los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. Si la iniciativa parte del Congreso, según su Reglamento, deberán firmarla dos grupos o una quinta parte de los diputados. Si parte de la Cámara alta, deben suscribirla 50 senadores que no pertenezcan al mismo grupo.

Hasta ahora, ninguna propuesta de reforma ha partido directamente del Gobierno o de las asambleas autonómicas. Si el Parlament de Catalunya mandara un texto, inauguraría por tanto esta vía. Pero si la iniciativa sale de grupos pequeños (formalmente, serían proposiciones de ley), en principio están abocadas al fracaso. 

Cuando los andalucistas presentaron su texto de modificación de la Ley Fundamental pudieron hacerlo en solitario, sin el concurso de otros grupos, porque aún no estaba aprobado el Reglamento del Congreso (este data de 1982). Su proposición planteaba, alterando el precepto 151 y añadiendo una disposición transitoria, dar una salida al problema político que planteó el referéndum de acceso de Andalucía a la autonomía del 28 de febrero de 1980. Las ocho diputaciones provinciales y más del 95% de ayuntamientos andaluces se habían mostrado a favor de canalizar la iniciativa autonómica a través del artículo 151 de la Constitución –la vía rápida–, así que el plebiscito era el último requisito exigido. Pero en Almería no se obtuvo más del 50% de los votos. Los andalucistas, por tanto, pretendían que se cambiara la Carta Magna para que se entendiera que el referéndum se daba por aprobado si la mayoría del censo electoral de la "totalidad del territorio afectado por la consulta" daba su sí. 

El lío de la madeja se deshizo a través de un acuerdo político de UCD, PSOE, PCE y Partido Andalucista, firmado en octubre de 1980. ¿Cómo? Retocando el artículo 8 de la Ley Orgánica de Referéndum. De esta forma, se sustituía el no de Almería por un pronunciamiento de las Cortes Generales, previa solicitud de los diputados y senadores de esa provincia. O sea, que en lugar de revisar la Constitución se cambió una ley orgánica, algo mucho más sencillo. Como el objetivo ya se había conseguido, los andalucistas retiraron su petición en marzo de 1981. 

Ampliación del artículo 13.2

Vayamos a octubre de 1995. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (con la firma del Grupo Mixto) presentó su proposición de reforma de la Ley Fundamental. Pero limitada al artículo 13.2. No global. Lo que quería la federación, entonces dirigida por Julio Anguita, era quitar las cortapisas que introdujo el cambio pactado de 1992, posibilitar que los inmigrantes "que demostraran su voluntad de continuar viviendo en alguno de los municipios españoles" pudieran votar en los comicios locales. Se probaría así, justificaba la exposición de motivos, el principio de "integración de todos los habitantes del territorio del Estado español". La iniciativa, en cualquier caso, no tuvo ocasión de ser discutiva, porque en enero de 1996 Felipe González disolvió anticipadamente las Cortes tras serle devueltos los Presupuestos. 

En esta IX Legislatura, dos grupos se han animado a registrar sendas proposiciones de reforma. Primero lo hizo, en enero de 2012, el BNG (con la firma de Izquierda Plural), formación integrante del Mixto. El texto buscaba la modificación de los artículos 68, 68, 87, 92 y 167 de la Constitución, con el fin de modificar puntos sustanciales del sistema electoral: hacer de la comunidad autónoma la circunscripción electoral, repartir el número de escaños según el censo, designar los senadores por parte de las asambleas autonómicas y potenciar la figura del referéndum. De hecho, la propuesta señalaba que el plebiscito, en las materias que son competencia del Estado, será convocado por el rey a propuesta del presidente del Gobierno, a petición de las Cortes o a iniciativa popular.

El 20 de mayo de 2013, el BNG retiró su propuesta porque, como explicaba ayer miércoles a infoLibre su portavoz, Olaia Fernández Davila, el grupo necesitaba utilizar su reducísimo cupo para defender proposiciones de ley en el pleno para otra cuestión. Cuatro días después, tras hablarlo con Izquierda Plural, volvió a registrar exactamente el mismo texto, que es el que aún está coleando en la Cámara. 

IU persigue un "proceso constituyente"

En noviembre de 2013, IU-ICV-CHA (esta vez, con la ayuda del Grupo Mixto), metió en el Congreso su proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución. Con ella pretendía volver a establecer la prioridad del gasto en servicios públicos fundamentales y preservar una "financiación suficiente para sanidad, educación y servicios sociales básicos". O sea, anular la redacción "antisocial" de la modificación pactada por PSOE y PP en 2011. 

Las dos iniciativas esperan ser incluidas en el orden del día. Este lo confecciona cada semana la Junta de Portavoces, pero los grupos pueden defender más o menos iniciativas según su tamaño. Por ejemplo, Izquierda Plural sólo tiene derecho a plantear en el pleno dos proposiciones de ley en cada periodo de sesiones. De modo que para que pudieran llegar al hemiciclo los dos borradores de reforma constitucional ambos grupos, Mixto e IU-ICV-CHA, deben estar de acuerdo. Ambas tienen pocas posibilidades de prosperar. No sólo por la total oposición del PP, sino porque incluso el PSOE no está de acuerdo en hacer una reforma profunda del modelo electoral o en anular el artículo 135. Lo que plantea es complementar el principio de equilibrio presupuestario con una regla de gasto social. 

¿Por qué no ha habido más propuestas de cambio, y más amplias, más integrales? IU y BNG sostienen que el principal obstáculo es la ausencia de consenso y la falta de voluntad de los dos grandes partidos. Además, como precisa José Luis Centella, primer portavoz adjunto de Izquierda Plural, la federación no persigue modificaciones puntuales de la Constitución, más o menos amplias –salvo la anulación del 135–, sino "un verdadero proceso constituyente". No retocar la Carta Magna, sino hacer una nueva por completo. Un reto aún más complicado de alcanzar.