El Consejo de Estado saca los colores a Cañete por su última ley en el Gobierno

El pasado viernes, 11 de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de Pesca Marítima del Estado. Un texto, según el Ministerio de Agricultura, que nace con el objetivo de "impulsar una serie de prioridades clave para la política pesquera española". Y que, además, supone la última iniciativa que Miguel Arias Cañete ha llevado al Ejecutivo para su aprobación antes de dejar el Gobierno y meterse de lleno en la campaña electoral que culminará el 25 de mayo y en la que ejerce como cabeza de lista de la formación liderada por Mariano Rajoy. El texto llegaba por segunda vez al Consejo de Ministros –la primera lo hizo en forma de anteproyecto– después de haber pasado la correspondiente fase de informes de los órganos consultivos y tras la emisión del dictamen del Consejo de Estado, el último examen al que se someten los proyectos de ley antes de ser remitidos de nuevo al Gobierno para su traslado al Congreso de los Diputados. 

Varios puntos del informe del Consejo de Estado, un documento fechado el 27 de marzo y al que ha tenido acceso infoLibre, ponen en tela de juicio algunas cuestiones del articulado del proyecto de ley. Parte de ellas, comentan en Agricultura, han sido modificadas para adaptarlas a las recomendaciones. No obstante, hay un asunto que, por cuestión de procedimiento, no tiene marcha atrás y sobre el que el Consejo de Estado hace hincapié. Se trata de una omisión en la fase de informes previos. Concretamente, del informe del Consejo Económico y Social.

Al respecto, el Consejo de Estado recuerda que ya en un dictamen que emitió en 2010 relativo a un tema relacionado con la ley en cuestión, concretamente el anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible, ya se ponía de manifiesto la necesidad de un pronunciamiento del Consejo Económico y Social. Para apoyar este argumento, recuerda que la Ley 21/1991, de 17 de julio, de Creación del Consejo Económico y Social. Según el artículo 7 de la misma "son funciones del Consejo [Económico y Social] emitir dictamen con carácter preceptivo" sobre, entre otras cuestiones, anteproyectos de leyes del Estado y proyectos de Reales Decretos Legislativos que regulen materias socioeconómicas y laborales. La única excepción a la anterior observación está en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

El Consejo de Estado recupera su observación de 2010 para poner énfasis en que en proyectos de ley como la ya aprobada por el Consejo de Ministros, que pueden tener repercusión en ámbitos empresariales y laborales concretos es "necesario y conveniente" que informe el Consejo Económico y social.

Así, el dictamen critica que el ministerio de Agricultura no haya tenido en cuenta observaciones como las anteriores a la hora de solicitar informes para este nuevo texto legal. "No es especialmente signo de la mejora en los procesos de elaboración de normas que proclaman diversos documentos programáticos que, sin embargo, parecen simplemente publicitar nuevas políticas sin asegurar que los distintos órganos de la Administración General del Estado las internalicen y asuman". Es decir, que por un lado el Gobierno presume de haber mejorado en los procesos de elaboración de normas, pero ello no se lleva a la práctica.

Una norma muchas veces reformada

El informe del Consejo de Estado señala, además, que aunque el texto legislativo venga a reformar una ley de 2001, "no puede decirse que se trate de una reforma motivada por el transcurso de una década como dato esencial". Primero, porque "ya ha sido objeto de varias modificaciones". Y segundo, porque "bastantes de las modificaciones que el anteproyecto pretende llevar a cabo lo son no del texto originario sino del texto de la Ley 3/2001 ya modificado por alguna de las leyes anteriores".

Además, el citado órgano consultivo reclama a Agricultura una clarificación en el régimen de sanciones.

Contenido del anteproyecto

Según Agricultura, entre las principales novedades del texto que en breve llegará al Consejo de Ministros está la de que se "impulsa la mejora de la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola gracias a su diversificación económica con actividades como el turismo pesquero o marinero y la pesca-turismo". Además, se fortalece la acción del Gobierno en la lucha contra la pesca ilegal internacional, se simplifica el registro de buques pesqueros y se moderniza el régimen sancionador en materia de pesca adaptándolo a la normativa de la Unión Europea. 

Una minicrisis para sustituir un solo cargo

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Fue el pasado día 9 de abril cuando la dirección nacional del PP convocó una rueda de prensa en la sede para comunicar a la prensa que Miguel Arias Cañete, el favorito en todas las quinielas, iba a encabezar la candidatura al Parlamento Europeo, un anuncio que vino precedido de meses de nervios y tensiones puertas adentro de partido y del Gobierno. Y que el propio Rajoy intentó calmar asegurando, el mismo día que señaló al ministro de AgriculturaAgricultura, que no iba a aprovechar la coyuntura de tener que relevar a un ministro para abrir una crisis de Gobierno más amplia. Es decir, que si nos atenemos a las declaraciones del presidente que es, de hecho, quien tiene la última palabra, lo que habrá será un ajuste, una minicrisis para buscar sustituto a Cañete.

A día de hoy, el nombre mejor posicionado para ocupar su despacho es el de su mano derecha, Isabel García Tejerina. La secretaria general de Agricultura y Alimentación es, según fuentes del ministerio, una perfecta conocedora del departamento y de todas las áreas que son de su competencia. En definitiva, un perfil muy técnico. Rajoy tendrán que decidir, pues, entre un perfil técnico como el de García Tejerina, o un perfil más político.

¿Cuándo se producirá el relevo? Salvo cambios de última hora, éste podría producirse el viernes que viene en el Consejo de Ministros dado que hasta el jueves Cañete tiene agenda como ministro con viaje oficial a Marruecos de por medio el martes.