Los desafíos que no podrá aplazar Rajoy tras el 25-M

El 25 de mayo, en poco más de un mes, se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque los partidos niegan que su resultado sirva para hacer una extrapolación de lo que pueda pasar en citas próximas como las municipales, las autonómicas o las generales, lo cierto es que son una herramienta útil para medir la temperatura ciudadana. Así, el Partido Popular podrá hacerse una idea, por ejemplo, de cómo han calado sus recortes sociales en la población. O de si su actuación ante el caso Gürtel o los papeles de Bárcenas le pasa factura. Será una foto fija de un momento concreto de la legislatura, que dará paso a un periodo en el que la agenda del PP y del Gobierno estará marcada, entre otros, por asuntos que se aplazaron o ralentizaron por la proximidad de las elecciones. O por el avance de temas que preocupan especialmente a los conservadores como el fin de la instrucción judicial de los escándalos de corrupción que les salpican o la escalada del desafío soberanista de Artur Mas.

Puertas adentro del PP, la dirección nacional tendrá que hacer frente también a una cuestión nada sencilla como es la de definir las candidaturas que concurrirán a las municipales y autonómicas de 2015. Por su proximidad a las generales y porque el grado de abstención suele ser menor que en las elecciones europeas, estas citas sí son un verdadero simulacro de lo que puede pasar en las generales.

A continuación, se repasan algunos de los temas que marcarán los pasos de Rajoy a partir del 25 de mayo.

1. Reforma de la ley del aborto

La prometida –en el programa electoral del PP– reforma de la ley del aborto de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, en la penúltima reunión del Ejecutivo antes del parón navideño. Han pasado ya más de cuatro meses y, a día de hoy, no están listos todavía la totalidad de los informes previos solicitados sobre este anteproyecto elaborado por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón. Una vez se hayan recopilado los 29 informes –el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial han solicitado ya varias prórrogas para seguir analizando el texto–, el Ministerio de Justicia hará las modificaciones que considere oportunas y de ahí el anteproyecto se someterá al dictamen del Consejo de Estado, el órgano consultivo por el que pasan todas las leyes antes de ser sometidas por última vez al juicio del Consejo de Ministros ya transformadas en proyectos de ley.

¿Para cuándo está prevista la llegada de esta iniciativa al Congreso de los Diputados? Ni en el Gobierno ni en el PP se atreven a dar una fecha exacta. Sobre todo porque existe la convicción generalizada de que el avance de esta polémica ley, que también ha recibido críticas muy fuertes puertas adentro del partido de Gobierno, fue frenada por Rajoy para evitar que monopolizase la campaña de las elecciones europeas. Con fecha o sin fecha, el Gobierno tiene la tarea pendiente de explicar qué va a pasar con este texto que recupera los supuestos de la ley de 1985 y suprime la posibilidad de que una mujer pueda interrumpir su embarazo por malformación del feto.

¿Habrá marcha atrás? Sólo Rajoy lo sabe, aunque si nos atenemos a las declaraciones que ha realizado el ministro Ruiz-Gallardón desde que se presentó el anteproyecto, la cuestión más polémica no se tocará.

Hasta la fecha, las únicas manifestaciones públicas del presidente del Gobierno al respecto apuntan a que su intención es la de que el texto definitivo concite el mayor consenso posible. Así lo subrayó ante la plana mayor de su partido el pasado mes de enero, después de que diferentes barones regionales se mostraran opuestos al anteproyecto de Ruiz-Gallardón. Una de las voces más combativas fue la del presidente extremeño, José Antonio Monago.

2. Reforma fiscal

Los planes de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, son que esta reforma llegue al Congreso de los Diputados, para su debate, en el mes de junio. Esto puede suponer que, a causa del descanso estival, el texto quede durmiendo en la Cámara Baja hasta el nuevo curso político. Para el Gobierno y para el PP la reforma fiscal es un asunto capital en el que saben que se juegan mucho. Sobre todo, una credibilidad que en esta materia ahora está por los suelos, después de que llegaran a La Moncloa con el mantra de la bajada de impuestos e hicieran justamente lo contrario. Por este motivo, no pasa inadvertido que esta iniciativa, que según Hacienda supondrá bajada de impuestos, no empezará a aplicarse en algunos de sus puntos hasta 2015, año en el que se celebrarán elecciones autonómicas, municipales y generales.

Para esta reforma, Hacienda solicitó un informe a un grupo de expertos que ya han emitido su veredicto. El denominado informe de la comisión Lagares recomendó, entre otros asuntos, que la mayoría de productos que hasta ahora se acogen al tipo reducido de IVA (10%) sean trasvasados al tipo general (21%). Se trata de una idea que, a prioiri, ya ha sido descartada por el propio Montoro. "Ningún producto subirá en su tributación", dijo tajante en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 21 de marzo.

Salvo este detalle, Montoro evitó dar más datos de esta reforma con la que pretenden reconquistar a su electorado.

3. Reforma de la financiación autonómica

Paralela a la reforma fiscal, el Gobierno se ha comprometido a revisar el modelo de financiación autonómica para implantar uno nuevo. Se trata de una tarea complicada con la que el Ejecutivo no sólo tiene enfrente a los partidos de la oposición, sino a los presidentes autonómicos de su propio partido, que llevan meses presionando para lograr lo que ellos califican de un sistema "más justo" y dando conocer estudios y balanzas fiscales encaminadas a demostrar que la comunidad en cuestión aporta más al Estado de lo que recibe. O está infrafinanciada si se compara con las demás regiones. Es el caso, por ejemplo, de Extremadura y de la Comunidad de Madrid. De hecho, el presidente madrileño, Ignacio González, exigió a Rajoy en el mes de octubre de 2013 un nuevo sistema de financiación a partir de enero de 2014. Una demanda que Rajoy aplazó a mediados de este año y una vez esté ya lista la reforma fiscal.

La idea del Ministerio de Hacienda, en manos de Cristóbal Montoro, es la de comenzar a trabajar sobre esta materia en verano con el horizonte de tener concluida la reforma a lo largo de este año. Esta vía, la de la financiación autonómica, es la que el Gobierno ha puesto sobre la mesa a los partidos catalanes que apoyan el referéndum para que frenen el desafío soberanista.

4. Fin de la instrucción de la pieza principal del 'caso Gürtel'

A Rajoy, el caso Gürtel caso Gürtely sus correspondientes ramificaciones llevan dándole sustos desde que este escándalo de corrupción estalló en febrero de 2009, en plena campaña de las elecciones autonómicas vascas y gallegas. Desde entonces, el presidente del Gobierno y del PP ha visto cómo destacados dirigentes de su formación aparecían implicados e incluso daban un paso atrás tras algunas presiones internas y de la opinión pública. El caso más conocido es el del expresidente de la Generalitat Valencia, Francisco Camps, un dirigente al que Rajoy permitió ir en las listas electorales ya imputado y acompañado de una decena de cargos en situación similar a la suya. 

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre subrayan que la intención del instructor del caso, Pablo Ruz, es la de cerrar esta investigación antes del verano, lo que no significa que el juicio vaya a producirse a continuación. A día de hoy, hay más de un centenar de imputados.

No obstante, la ramificación que más perjudica a Rajoy, la de los papeles de Bárcenas, todavía no tiene fecha prevista de cierre de la instrucción a la espera de algunos informes de la Intervención General del Estado. Tampoco ha llegado ese momento para las seis causas que se investigan en Valencia en el marco del denominado caso de los trajes. El último año de legislatura, pues, puede seguir dando sorpresas al presidente del Gobierno por el flanco judicial y en un momento delicado en el que tiene que preparar no sólo su campaña a las generales, sino la de territorios en los que la red de Francisco Correa campó a sus anchas.

5. Avance del desafío soberanista

El pasado 8 de abril, el Congreso de los Diputados dio un no rotundo a la proposición de ley trasladada por el Parlament en la que se solicitaba la transferencia de competencias para organizar una consulta sobre el futuro de Cataluña. Tal y como entraba en los planes del Gobierno, Artur Mas ha decidido no variar su trayectoria marcada y ahora se espera que continúe con su hoja de ruta. Junto a los escándalos de corrupción que afectan al PP, el desafío soberanista es una de las cuestiones que más preocupan al equipo del presidente del Gobierno.

Si Mas cumple con sus planes de dar luz verde a una Ley de Consultas, y acto seguido convocar el referéndum, el Ejecutivo de Rajoy recurrirá ambos pasos ante el Tribunal Constitucional y éste, a su vez, los anulará. Hay precedentes. En septiembre de 2008 ya anuló una consulta similar ideada por el lehendakari Juan José Ibarretxe.

De producirse este escenario –Ley de Consultas y convocatoria de referéndum–, será la segunda vez que el Constitucional se pronuncia sobre la consulta catalana. El pasado 25 de marzo, el Pleno del Alto Tribunal ya falló que Cataluña no puede convocar unilateralmente un referéndum para decidir sobre su continuidad en España. Aunque el fallo avala su derecho a decidir como aspiración política, advierte que éste requeriría una reforma de la Constitución para ser efectiva. La resolución, que fue unánime, supuso la estimación parcial de la impugnación presentada por el Gobierno contra la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña en enero de 2013.

CiU pretende apurar al máximo los plazos para dificultar la capacidad de reacción del Gobierno. Pero la reacción del Ejecutivo será inmediata. Siempre que se siga este guión, el recurso a la Ley de Consultas se puede interponer inmediatamente después de su aprobación. "El recurso suspende automáticamente la entrada en vigor de la ley", subrayan desde el Gobierno.

El hipotético decreto de convocatoria puede ser igualmente recurrido ante el TC nada más recibir luz verde. Pero en este caso, es el Constitucional quien decide sobre la suspensión. No es automática.

Ni en el Gobierno ni en las formaciones que promueven el referéndum creen que la situación derive en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el de la suspensión de la autonomía. Pese a no ser el escenario más probable, fuentes conservadoras consultadas por infoLibre cuentan con que, si el proceso se enquista, un sector del partido y de su electorado haga bandera de la suspensión de autonomía.

6. LOS candidatos autonómicos del PP

Mayo de 2015. Tocan elecciones municipales y autonómicas. En su calidad de presidente del PP, Mariano Rajoy tendrá que tomarse un tiempo para decidir los cabezas de lista de su formación para estos comicios. Hay plazas en las que lo tiene claro y lo más lógico es que se imponga la continuidad. Es el caso, por ejemplo, de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha o José Ramón Bauzá en Baleares. Pero otras están en el aire, bien porque la candidatura de la persona que ostenta el cargo ha mostrado deseos de no continuar –Castilla y León– o bien porque la dirección nacional quiere realizar un análisis más profundo.

En este último bloque están, por ejemplo, las candidaturas a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Son las joyas de la corona para cualquier partido por la visibilidad política, social y mediática de todo lo que ocurre en la capital. En ambas instituciones se da la circunstancia de que los actuales máximos responsables no son los que salieron de las urnas. En el caso del Gobierno regional, Ignacio González sucedió a Esperanza Aguirre cuando esta anunció su marcha en septiembre de 2012. Y en el caso del consistorio, Ana Botella ocupó la Alcaldía después de que Alberto Ruiz-Gallardón se sumara al Gobierno de Rajoy como ministro de Justicia.

Rajoy no ha dicho ni una sola palabra sobre sus planes para ambas listas electorales, que abordará como muy pronto en otoño. Pero los protagonistas han empezado ya a moverse y el partido a posicionarse. Las quinielas llevan meses circulando. Ignacio González, el delfín de Aguirre y secretario general del PP madrileño, es, de los posibles candidatos, el que no ha ocultado su deseo de ser el número uno de la lista a la Comunidad. 

Teniendo en cuenta que en el PP la última palabra la tiene siempre Rajoy, el presidente madrileño no las tiene todas consigo. Mantiene continuas disputas con el Gobierno a cuenta de la financiación autonómica y, en la etapa previa al XVI Congreso Nacional del PP, se sumó a su jefa Aguirre para cargar contra el liderazgo del presidente de su formación. Y a ello hay que sumar la incertidumbre por las investigaciones judiciales relacionadas con la adquisición de su ático de lujo en Estepona.investigaciones judiciales relacionadas con la adquisición de su ático de lujo en Estepona.

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Más discreta, la alcaldesa de Madrid nunca ha dicho de forma clara que quiere intentarlo en las urnas. Su frase más recurrente es que es pronto para opinar y que, de momento, está centrada en su tarea de alcaldesa. No obstante, concejales del Ayuntamiento coinciden en que cada vez parece más dispuesta a meterse de lleno en la carrera electoral porque está logrando controlar la inmensa deuda del ayuntamiento y porque dispone de unas encuestas internas que le ubican en una posición mejor que hace un año. Para su puesto, no obstante, tendría varias rivales. Es el caso de la propia Esperanza Aguirrey de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Ambas figuran en las quinielas internas del partido como candidatas a encabezar la lista.

Además de las tensiones internas que la elaboración de las listas puede generar, el PP se la juega en Madrid. Las últimas encuestas alertan de la pérdida de la mayoría absoluta tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Otro de los feudos tradicionales del PP, la Comunidad Valenciana, también está en riesgo. La región está en manos de Alberto Fabra desde que Camps dio un paso atrás. Su continuidad en el cargo tampoco está garantizada. Él, por su parte, no oculta que le apetece y mientras llega el momento de que Rajoy decida intentar marcar distancia con la era Camps. Un legado que le persigue en forma de imputados dentro del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts.