Pobreza

Qué hace bien Irlanda y en qué falla España en la lucha contra la pobreza infantil

La pobreza infantil se dispara.

La pobreza infantil amenaza con volverse endémica en España. Informes recientes de las ONG Save the Children y Cáritas alertan de que hay 2,8 millones de niños pobres en España, lo que supone el 33,8% de la población menor de edad. La crisis económica y sus vertientes más dramáticas –desempleo, precariedad laboral y desahucios– aparecen junto a las políticas de austeridad y los consecuentes recortes en políticas y prestaciones sociales entre las principales causas. España comparte junto a Italia, Grecia o Portugal altos índices de pobreza que, según Áurea Ferreres, responsable de campañas de Save the Children, tienen que ver con problemas estructurales a los que no se prestó atención en tiempos de bonanza y que se han agrandado con la llegada de la recesión. "Estos problemas son consecuencia de no haber abordado de manera integral las desigualdades sociales", señala. 

El informe de su organización muestra que el porcentaje neto de niños bajo el umbral de la pobreza en España es de un 36,8% antes de recibir cualquier prestación social. Con las ayudas del Estado, tan sólo un 6,9% de los menores logra situarse fuera del umbral de pobreza y riesgo de exclusión dejando la cifra final en un 29,9%. La ineficacia de las políticas españolas se pone de manifiesto al comparar España con otros países europeos. En este aspecto destaca especialmente el caso de Irlanda, un país que comparte con España una grave crisis económica como consecuencia de los excesos de una burbuja inmobiliaria que acabó por arrastrar primero a la banca y después al resto del país. 

Aunque se estima que el Gobierno irlandés llegó a inyectar 75.000 millones de fondos públicos para salvar a los bancos, según datos de El País, los datos citados por Save the Children reflejan también que gracias a las prestaciones y ayudas sociales, Irlanda ha conseguido reducir el riesgo de pobreza infantil en 32 puntos, pasando de un 49,1% a un 17,1%. 

Qué hace bien Irlanda

El estudio Pobreza infantil y exclusión social en Europa,presentado esta semana pasada por la ONG Save the Children, además de un reguero de cifras desalentadoras sobre la situación de la infancia en España, dejaba también algunos datos para la esperanza. Es el caso de Irlanda, que a la luz de este informe aparece como paradigma de eficacia en las políticas e inversiones en la lucha contra la pobreza. Según datos oficiales, el apoyo financiero a las familias y los niños en este país representaba un 3,4% del PIB frente a una media comunitaria del 2,2% en 2011.

Aunque la pobreza infantil sigue siendo relativamente alta especialmente para los niños que viven en hogares monoparentales, el Gobierno irlandés está abordando el problema con una serie de prestaciones universales y focalizadas que se revelan eficaces según este documento, pues la reducción del número de niños en riesgo de pobreza o exclusión social después de la intervención del Estado está entre las más altas de Europa. “En Irlanda han tratado la pobreza infantil como un problema de Estado. Se obligó a los diferentes ministerios –Seguridad Social, Asuntos Sociales, Educación y Sanidad– a tratar a la infancia como una prioridad política. Han concentrado esfuerzos en potenciar servicios públicos de calidad y en garantizar el derecho a la alimentación. Hay también ayudas a las familias con un sistema de seguridad social que contempla prestaciones por hijo a cargo hasta los 16 años", relata Ferreres.

Asimismo, se aprobó un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (2007-2016) que incluía cuatro objetivos de alto nivel relacionados con los niños, entre otras acciones. Entre ellas, Ferreres destaca especialmente el ámbito de la educación, un espacio "primordial", a su juicio, por su "gran potencial integrador". En los Presupuestos de 2013 se dedicó una partida de 20 millones de euros a ampliar los programas de prevención e intervención temprana, a crear un programa de alimentación escolar que tenía como objetivo proporcionar comida saludable a los niños en las enseñanzas infantil y primaria y a poner en funcionamiento 6.000 nuevas plazas de guardería para fomentar la incorporación de las madres al mercado laboral. También existe, por ejemplo, un subsidio por el que se otorga una prestación para ropa y calzado a las familias más desfavorecidas. 

Los niños cuyos padres tienen una muy baja intensidad laboral tienen el 56,7% más de probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos cuyos padres tienen una alta intensidad. Por ello el Gobierno irlandés también ha promovido iniciativas en esta área. En este sentido, se ha reducido la presión fiscal asociada a la consecución de un empleo o se ha puesto en marcha la provisión de una renta para las madres que no tienen acceso a un trabajo por estar encargándose del cuidado de los hijos. 

En qué falla España

Al tiempo, el mismo informe revela que el Gobierno de Rajoy es el segundo más ineficaz de Europa en el combate de la pobreza infantil. Señala que el porcentaje neto de niños bajo el umbral de la pobreza en España es de un 36,8% antes de recibir cualquier prestación social. Con las ayudas del Estado, tan sólo un 6,9% de los menores logra situarse fuera del umbral de pobreza y riesgo de exclusión: la cifra se sitúa entonces en un 29,9%. "La pobreza infantil está estrechamente relacionada con un apoyo económico insuficiente del sistema de bienestar junto con las pobres condiciones laborales de los padres en términos tanto de tiempo empleado como de niveles salariales", señala Áurea Ferreres. 

En España, el informe de Save the Children subraya el hecho de que el acceso al mercado de trabajo no garantiza un estándar básico de vida para las familias. Es decir, que el empleo ha perdido la capacidad de protección de las personas. Además, la interrelación entre trabajo y apoyo del Estado se plasma en la proporción de niños en riesgo de pobreza en hogares con baja intensidad de empleo, que básicamente refleja el escaso apoyo económico “fuera del trabajo” o las limitadas e ineficaces transferencias sociales.

"La pérdida de los salarios que sustentan a una familia es el principal ataque que sufren los españoles, por lo que los datos sobre el paro son claros indicadores de la pobreza en estos años. No obstante, el desempleo es un factor de riesgo pero no es determinante. Hay determinados servicios que está ligados a tener un empleo y que se pierden si se carece de él", dice Gabriela Jorquera, coordinadora técnica de EAPN (European Anti Poverty Network) Madrid. En este punto alude, por ejemplo, al acceso a las guarderías públicas. “Es más fácil que te den una plaza si tienes trabajo. Si no tienes con quien dejar a tus hijos lo tienes más complicado para buscar. Es todo un círculo vicioso”, asevera. 

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Según Jorquera, las políticas de austeridad y los recortes sociales también están contribuyendo a empeorar las condiciones de vida de las personas. "Se está creando una brecha cada vez más fuerte que es consecuencia del aumento de la desigualdad. Influye la reforma salarial por los ERE y la devaluación de ingresos. Y también los tijeretazos en los presupuestos educativos que hacen que, por ejemplo, disminuyan los programas de atención a la diversidad. Asimismo hay un problema en la fiscalidad que provoca que no haya recursos públicos para atender a las necesidades de ciertos sectores de la población y que castiga a los más pobres porque son los que, en comparación, están soportando cargas mayores", señala.

Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), cree que la ineficacia de las políticas españolas tiene que ver también con el recorte del llamado Plan Concertado, que es con el que se financian los servicios sociales básicos que prestan los ayuntamientos a través de trabajadores sociales. "El Gobierno no puede darles a las ONG la responsabilidad de atender a los más denostados por la crisis. Para eso están los servicios sociales públicos", asevera. En este sentido, Lima cree que son necesarios programas coyunturales junto a refuerzos puntuales para situaciones de emergencia social o para alimentos. 

A su juicio, debería crearse una ley estatal de servicios sociales y otra de renta básica que garantizara prestaciones de manera directa a las familias. "En un momento como el actual debería haber una discriminación positiva en las políticas en favor de las familias en dificultades desde todos los pilares del Estado de bienestar. El apoyo para estas familias tiene que ser mayor si queremos conseguir igualdad en los resultados y no en el punto de partida", concluye. 

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