La Fiscalía no ve delito en el dossier clave del espionaje a Ignacio González

La fiscal del caso que un juzgado de Madrid instruye desde 2009 en torno al espionaje de que fue objeto el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, acaba de dar un paso decisivo. La Fiscalía sostiene que el dossier difundido en 2009 sobre el entonces delfín de Esperanza Aguirre no constituye delito por cuanto la información sobre su patrimonio procedía de fuentes públicas como son los registros de la propiedad. El dossier abordaba igualmente varias adjudicaciones cuya legalidad cuestionaba, extremo sobre el que no se pronuncia en su escrito la Fiscalía. 

El escrito del ministerio público, al que infoLibre ha tenido acceso, debilita uno de los argumentos clave de la querella con que en enero de 2009 reaccionó González tras enterarse por la prensa de la existencia del citado dossier. Y ese argumento se resume así: el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid se sentía víctima de una "persecución” y de una vigilancia “ilegal”.

Fechado el pasado 27 de marzo, el escrito de la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional de la imputación que pesa sobre el apoderado y responsable de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, quien en 2013 saltó de nuevo a la palestra por el extraño episodio de espionaje organizado en torno a la máxima dirigente del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. Hasta la fecha, aduce el escrito de la acusación pública, “en nada queda acreditado” que la elaboración y/o difusión del dossier fuera obra de Marco.

No vulnera el derecho a la intimidad

A renglón seguido, llega lo esencial del escrito: “Pero, incluso en el caso de que estos extremos pudieran acreditarse de algún modo que hasta la fecha no ha sido así, si entramos a valorar el contenido del informe, el fiscal entiende que en nada vulnera el derecho a la intimidad del denunciante pues los datos que se recogen en el mismo han sido obtenidos de una manera completamente lícita, a través de Registros de la Propiedad, que son registros públicos y por lo tanto sin que se produzca vulneración de derecho alguno”.

La Fiscalía tampoco encuentra indicios para vincular a Francisco Marco con el seguimiento de Ignacio González durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), en agosto de 2008. 

Ese viaje quedó grabado en un vídeo que acabó erigido en paradigma del espionaje y que captó los movimientos del político y sus acompañantes por la ciudad caribeña. Difundir esa película, que mostraba a González y su séquito en el momento de entrar en una casa de Cartagena con bolsas de plástico en la mano y en el de salir poco después sin esas mismas bolsas –dentro había toallas de baño, adujo luego el entonces delfín de Esperanza Aguirre–, le costó la imputación a una periodista de la Cadena SER finalmente exonerada.

La existencia del dossier sobre su patrimonio y las adjudicaciones cuestionadas, que consta de 69 páginas, así como la del relativo a su estancia en Cartagena de Indias y la de un tercero sobre un otro viaje, este a Johannesburgo, coincidió en el tiempo con la constatación de que otros políticos del PP madrileño habían sido igualmente espiados. Pero estos últimos –el entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el consejero Alfredo Prada, luego destituido– se contaban entre los adversarios de Esperanza Aguirre y, por ende, de Ignacio González. El caso de los seguimientos a Cobo y Prada, presuntamente perpetrados por espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, continúa abierto en un juzgado de Madrid pero en fase de letargo.

Guerra interna en el PP

Fue el asunto del espionaje a González y del dossier sobre su patrimonio y sobre varias adjudicaciones públicas que los autores del informe calificaban de irregulares el que provocó una verdadera guerra interna en la cúpula del PP madrileño.

La batalla terminó por costarle la carrera política al durante años secretario general del PP regional, Francisco Granados, una de cuyas colaboradoras fue señalada por un antiguo detective de Método 3 como la persona que encargó espiar a González. En su escrito, la Fiscalía remarca ahora que la versión de ese detective no ha sido corroborada por ningún otro testigo y que ninguna “prueba objetiva” ha confirmado su veracidad.

Abierto en el juzgado de instrucción 47 de Madrid, cuyo titular es hermano de un alto cargo del Ejecutivo autonómico, el caso del espionaje perdura cinco años –dos y medio más que el caso Urdangarin, por ejemplo–. Desde el otoño de 2012, ha avanzado en paralelo a la investigación sobre el ático de lujo que el presidente madrileño y su esposa, Lourdes Cavero, disfrutan en Estepona desde 2008. Justamente ayer, la Audiencia de Málaga desimputó a Lourdes Cavero al tiempo que ordenaba proseguir las investigaciones.

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Además de la Fiscalía, también el sindicato policial SUP, cuya denuncia fue precisamente la que originó la apertura de diligencias en Estepona, se había opuesto a la imputación de Cavero. Todavía –razonan los denunciantes- no hay elementos suficientes para incriminar a la esposa de González y lo que la juez de Estepona debe hacer es aguardar la llegada de las comisiones rogatorias lanzadas a Londres y EEUU para averiguar quién está realmente tras la empresa Coast Investors Llc, una sociedad pantalla con sede en Delaware (EEUU), administrada por un testaferro profesional –Rudy Valner- y que en mayo de 2008 compró el ático para un mes después alquilárselo a la pareja González-Cavero.

En diciembre de 2012 y tras cuatro años de alquiler –2.000 euros al mes por 256 metros construidos, solarium de otros 238 metros, tres plazas de garaje y otros tantos trasteros muy cerca de la playa–, el matrimonio González-Cavero escrituró la compra del ático.

González intentó en la primavera de 2013 que el caso de Estepona saltara a Madrid para quedar bajo la batuta del titular del juzgado de instrucción 47 de la capital, Adolfo Carretero. Ahora, una vez desimputada su esposa por la Audiencia de Málaga, todo apunta a que González esperará a que el Supremo rechace la admisión de las dos querellas que, también sobre el ático, han interpuesto respectivamente un grupo de extrabajadores de Telemadrid y los socialistas madrileños (PSM). La Fiscalía del Supremo ya ha emitido dictamen contrario a la admisión, lo que en la práctica anuncia el carpetazo.