El Gobierno admite que no hace nada pese a que EEUU incumple el acuerdo para extraditar a un preso español

El Gobierno asegura no poder hacer nada ante el incumplimiento por parte de Estados Unidos del acuerdo de extradición que habría que aplicar a David Mendoza Herrarte, un ciudadano español que fue extraditado al país norteamericano en 2008 y que lleva encarcelado allí desde entonces por tráfico de marihuana, pese a que fue entregado con la condición de que podría volver a España para cumplir su condena.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional aprobó extraditar a Mendoza a Estados Unidos en noviembre de 2008 y puso como "condición obligatoria" que si la Justicia de aquel país imponía una pena de encarcelamiento, ésta tendría que ser cumplida en España, alegando que la mayoría de su familia vive en Gernika (Bizkaia), incluidos sus hijos, el mayor de los cuales tiene síndrome de Down. La misma condición impulso el Gobierno en marzo de 2009 cuando aprobó la entrega del preso.

Mendoza fue juzgado y condenado por un delito de tráfico de marihuana y cumple su pena en una cárcel del Estado de New Jersey porque Estados Unidos se niega a aplicar el convenio de extradición vigente. El pasado diciembre el propio recluso se dirigió a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados quejándose de que el Gobierno no ha exigido su repatriación a la administración estadounidense pese a los requerimientos de la Audiencia Nacional.

En estos años la Audiencia Nacional ha realizado varios requerimientos al Gobierno para que exija el cumplimiento del convenio a las autoridades estadounidenses. En 2011 el entonces presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, le subrayó que la Audiencia había dejado "meridianamente claro" que Estados Unidos "no tiene posibilidad de denegar el traslado del condenado a España sin incumplir las condiciones en que fue concedida la extradición".

El efecto en otras extradiciones

También alertó de que si la Administración Obama no cumplía el compromiso "podrían verse comprometidas futuras extradiciones" y acusaba al Gobierno español de "pasividad" a la hora de exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los Tratados Internacionales. La Sección Segunda incidió en los mismos argumentos en enero de 2013, haciendo hincapié en que "el control de la garantía de reciprocidad política y por ende del cumplimiento de las garantías corresponde al Gobierno", y que "dicho control debe efectuarse una vez concluida la fase judicial del procedimiento de extradición".

Ante esta situación, el diputado de Amaiur Rafael Larreina pidió explicaciones al Gobierno, que ahora le ha respondido que el Ministerio de Justicia ha "reiterado en numerosas ocasiones" a Estados Unidos que cumpla el acuerdo y que no puede hacer nada ante esta negativa porque el "consentimiento" de aquel país es "imprescindible" para poder materializar el traslado del preso.

"El interés del Gobierno es, en la actualidad, que el traslado del señor Mendoza Herrarte pueda hacerse efectivo, si bien en todo traslado es necesario que confluyan tres voluntades: la del Estado de condena (Estados Unidos), la del Estado de cumplimiento (España) y la del condenado", detalla el Ejecutivo en su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 8 de mayo.

"La negativa de EEUU ha sido una constante"

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Además deja claro que el Ministerio de Justicia ha remitido "diversas comunicaciones" a las autoridades estadounidenses "requiriendo información sobre el incumplimiento de las garantías concedidas para la extradición e instando a que se autorizara su traslado a España". "Si bien –reconoce– las sucesivas respuestas dadas por las autoridades estadounidenses siempre han sido en el mismo sentido".

El Ejecutivo remarca que esa garantía consistía en que Mendoza "podría solicitar el cumplimiento de su sentencia en España al amparo del Convenio del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas, como así hizo". Justicia también subraya que "ha dado puntual trámite tanto al expediente de extradición como al de traslado de persona condenada", habiendo requerido en "numerosas ocasiones" a Estados Unidos la autorización del preso para que termine de cumplir su condena.

"La negativa de los Estados Unidos ha sido una constante, lo que impide que pueda materializarse el traslado por faltar uno de sus requisitos fundamentales, como es la voluntad del Estado de condena (en este caso Estados Unidos)", concluye el escrito.