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Justicia universal

El juez Andreu sobre la reforma de la justicia universal: “Debemos ser optimistas ante una ley tan chapucera”

  • Desde el Gobierno “no pueden pedir el sobreseimiento de una investigación, sólo pueden establecerse una serie de requisitos para aceptarla o no a trámite, para lo cual debe existir una causa”, explica el juez Andreu
  • Magistrados, abogados y organizaciones en pro de los derechos humanos denuncian la indefensión de las víctimas como resultado de la polémica reforma de Gallardón

Publicada 21/05/2014 a las 16:32 Actualizada 21/05/2014 a las 17:34    
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Fernando Andreu

El juez Fernando Andreu, durante su intervención en el congreso internacional sobre justicia universal.

EFE
El recorrido de la justicia universal está lleno de avances y retrocesos. La experiencia lo corrobora. El caso del genocidio del Tíbet, el Sáhara o Ruanda, la investigación en torno a Guantánamo, la causa contra Hissène Habré, expresidente de Chad, o la experiencia en Argentina son “lecciones aprendidas” y recuperadas en el Congreso de Jurisdicción Universal de la fundación FIBGAR. Caminos de idea y vuelta que demuestran que no sólo está en peligro “la jurisdicción universal, sino la justicia”. Así lo denunciaron en la mañana de este miércoles el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el abogado del caso Tíbet, José Esteve, y miembros de organismos internacionales en pro de los derechos humanos.

Si algo tienen en común todas las causas abiertas al amparo de la justicia universal son, sin duda, las víctimas. Más allá de cuestiones políticas, económicas y estratégicas aparecen personas cuyos derechos fundamentales fueron violados y agredidos. “La única fuente de inspiración para nuestra causa viene de las victimas tibetanas”, apuntó Esteve. Se trata, de entre las 12 causas abiertas bajo la jurisdicción universal, de la más polémica y, como apuntan los expertos, la responsable de la reforma llevada a cabo por el Gobierno del PP.

“En enero de 2006, la sección cuarta de la Audiencia Nacional admitió, sin ningún género de dudas, que se había cometido un genocidio en el Tíbet. Razonaba que los tribunales chinos no iban a investigar los hechos. Además, el Estado asiático no había ratificado el Tratado de Roma que ampara el Tribunal Penal Internacional. Así se admitió la querella”, explicó Esteve. Desde que se iniciara el proceso penal, las presiones desde el Gobierno chino no han cesado. “El 12 de diciembre de 2013 –aseguró el letrado–, una comisión parlamentaria china vino a entrevistarse con los portavoces de Asuntos Exteriores de todos los grupos parlamentarios para pedir el cierre de la investigación y negar que se hubiera producido un genocidio en el Tíbet”.

Tres meses después, el Ejecutivo se valió de su mayoría absoluta para aprobar, de manera exprés y sin debate alguno, la nueva normativa que limita al extremo la justicia universal. Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 14 de marzo, el magistrado Ismael Moreno dictó el sobreseimiento de la causa del Tíbet, recordó Esteve. La decisión del juez de la Audiencia Nacional “crea un estado de indefensión para las víctimas, sobre todo para las victimas tibetanas a las que ningún tribunal internacional ha dado protección”, recalcó en su intervención.

Sin embargo, como reza un refrán español, la esperanza es lo último que se pierde. “La situación que se nos ha planteado con la reforma de la justica universal es complicada, pero debemos ser optimistas ante una ley tan chapucera que ha dejado en libertad a 43 narcotraficantes y no ha conseguido cerrar ninguna de las causas para la cual se formuló”, enfatizó el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien investiga una de las 12 causas que la nueva normativa pretende archivar: el genocidio en Ruanda.

En este escenario aparece el debate sobre la vulneración de la Constitución. “El Tribunal Constitucional deberá resolver si esta reforma vulnera el principio de tutela judicial efectiva”, apuntó Andreu Merelles. Para el magistrado, existen dos cuestiones esenciales en torno a la polémica normativa: en primer lugar es necesario valorar “si las familias de estas víctimas se encuentran en absoluta desprotección; en segundo tener en cuenta que el Parlamento en si está legitimado para dictar una leyes, pero la aplicación de las leyes las deben hacer los tribunales”.

Así, el magistrado apeló a “la separación de poderes que, por ahora, existe en este país”. Desde el Gobierno “no pueden pedir el sobreseimiento de una investigación, como se hace en la proposición transitoria de esta ley, sólo pueden establecerse una serie de requisitos para aceptarla o no a trámite, para lo cual debe existir una causa”, añadió.

No se trata de jurisdicción, se trata de justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, puso en duda la utilidad de la justicia universal para sacar adelante su debatida reforma. Los expertos aseguran que, si bien es cierto que las condenas amparadas por esta legislación son ínfimas, “lo que quieren las víctimas es que se haga todo lo posible para investigar, perseguir y sancionar los hechos. El resultado es lo de menos, lo que quiere es, al menos, acceder a la justicia”, explicó desde su experiencia el juez Andreu.

La investigación en torno a Guantánamo en España es, para Wolfgang Kaleck, secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights, una lucha “contra la impunidad de la tortura”. Desde que se iniciara el proceso en 2004, “no ha pasado mucho –reconoció Kaleck-, pero el hecho más importante para nosotros es que la causa sobrevivió. Hay que ser paciente”.

A pesar de no existir una sentencia respecto a la violación de derechos humanos en Guantánamo, si existe una investigación que ha tenido consecuencias, señaló el secretario de la organización europea. Diez años de lucha han valido la pena, tres ejemplos lo acreditan: “En las investigaciones que comenzaron en España, en Mallorca, se obtuvieron pruebas que fueron muy importantes para otros juicios como el de Alemania o Italia”, países que actualmente mantienen causas abiertas en torno a la guerra de Irak. En segundo lugar, “unos 500 agentes de la CIA no viajan a Europa porque pueden ser detenidos”, remarcó Kaleck. Y en último lugar, “Bush quiso viajar a Suiza, pero gracias a toda la documentación que hemos recopilado hemos preparado una querella contra él, por lo que no viajó”. Se tratan, para el defensor de derechos humanos, de “pasos importantes que demuestran que hay que seguir, que también se trata de educar, de ser más combativos”.

África avanza en justicia universal

En 2015 tendrá lugar en Senegal “un proceso judicial contra el expresidente del Chad Hissène Habré”, explicó el ponente Reed Brody, consejero jurídico y portavoz de Human Rights Watch. Se trata de “un punto de no retorno para la Justicia en África”, añadió. Pero también lo será a nivel europeo pues, como explicó Brody, la querella no tuvo cabida en la legislación española, tampoco en los tribunales belgas, hasta donde se trató de llevar la causa.

Human Rights Watch denunció ante la justicia senegalesa, puesto que el expresidente chadiano se encuentra en estos momentos en Senegal, la muerte 1.208 personas y más de 12.000 víctimas bajo órdenes de Habré. “Los jueces ya han realizado tres comisiones rogatorias en el Chad –relató el portavoz de la organización–, y las víctimas pueden participar como parte civil de la acusación”. Un proceso que demuestra que “en África también se pueden juzgar crímenes”, añadió.

Este proceso penal es, a los ojos del magistrado Baltasar Garzón, una evidencia del progreso que, en términos de justicia, se está llevando a cabo en el continente africano, mientras se “retrocede en el continente europeo”.

El recorrido iniciado en el caso Pinochet, donde residen las raíces de la justicia universal española, pasando por el genocidio de Ruanda, hasta llegar a la masacre del Tíbet, deja tras de sí una serie de lecciones que abogados, magistrados y expertos defendieron para salvaguardar la justicia más allá de nuestras fronteras.

“El caso de Pinochet en España fue posible por el apoyo social a la causa a pesar de la oposición del Gobierno”, valoró el portavoz de Human Rights Watch. La presión social se torna fundamental para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad pero, además, “para que la jurisdicción universal sea efectiva debe existir un apoyo político que lo permita”, explicó Brody.

“No se trata solo de jurisdicción, se trata de justicia”, recalcó Kaleck, secretario general del European Center for Constitutional and Human Rights. La experiencia demuestra, a su parecer, que es imprescindible “acabar con los dobles estándares e invitar a los europeos a que dejen de lado su actitud superior” para juzgar crímenes de lesa humanidad.

Entre las lecciones y propuestas fruto de su experiencia como responsable del enjuiciamiento de causas de justicia universal, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu remarcó que “todos los Estados de la Unión Europea deberían establecer unos principios de jurisdicción universal”. De no ser así, la justicia se seguirá utilizando como “moneda de cambio frente a otros intereses políticos, económicos o estratégicos”, advirtió Andreu.

En definitiva, todos los participantes de la jornada matinal del congreso organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón coinciden: la justicia universal es la única herramienta para hacer frente a la indefensión y la impunidad de crímenes contra la humanidad. Frente a la ineficacia de la Corte Penal Internacional, que sólo ha dictado cuatro sentencias hasta el momento, los expertos claman por una “principio de justicia universal que es, en definitiva, un principio de derecho internacional”.
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4 Comentarios
  • 4 MGM 22/05/14 02:46

    Qué no hemos hecho para merecer todo esto !

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  • 3 OZEMARI 22/05/14 01:24

    La Península IBEXica, (España), is diferent.

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  • 2 patilleroLopez 21/05/14 20:48

    Que el juez Andreu haya encontrado eco es algo bueno para nosotros, ciudadanos a los que no ceja de abusar el ministro Gallardón. Llega el tiempo de agrupar voluntades y reclamar al gobierno, con su presidente Rajoy, (Es escribirlo y se me ha erizado el vello),como máximo responsable, a dar explicaciones técnicas y de amplia sustancia, en la que nos pueda dejar claro como, por que, y para que,se ha puesto esta ley exculpa-narcos en activo, cuando las necesidades de nuestra sociedad van por solucionar otros entuertos en los que, oh! causalidad, también esta enredando el mismísimo Gallardon. Este gobierno esta próximo a lo peor que podíamos haber imaginado? Este gobierno es una de las peores pesadillas que se pueden experimentar? Es tan horrible este gobierno que nos estas quitando gran parte del futuro, aun si conocer su existencia? Mucho me temo que por sus actos, este gobierno es lo peor desde Fernando VII, es incluso mas nocivo que aquel felón. Joder! que mal lo hemos hecho!

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  • 1 ateo 21/05/14 18:16

    Esta reforma no es una chapuza, sino todo un malévolo despropósito criminal ya que excarcela a narcotraficantes e impide el castigo a genocidas y criminales de guerra ya que aplicada la ley española de Justicia Universal la mitad de los altos cargos y ministros del PP podían ser encausados por apología y colaboración del fascismo. Y claro es mucho más fácil perseguir tuiteros descerebrados que sueltan burradas en un calentón. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com/2014/02/por-la-cuenta-que-le-trae-el-partido.html

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