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Justicia universal

Fabricio Guariglia, fiscal de la Corte Penal Internacional: “Hay Estados que quieren pasarnos la patata caliente”

  • La Corte Penal Internacional no es una alternativa a la jurisdicción universal. Así lo afirmó el fiscal del organismo, Fabricio Guariglia, en su intervención en el Congreso de Justicia Universal celebrado este jueves
  • Para el fiscal del organismo internacional, un país que “tiene jurisdicción universal, cuando se enfrenta a una persona que le pide justicia, no debería decirle vaya usted a La Haya"

Publicada 22/05/2014 a las 19:34 Actualizada 22/05/2014 a las 20:46    
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Baltasar Garzón

Baltasar Garzón, a su llegada este jueves al Congreso Jurisdicción Universal.

EFE
La Corte Penal Internacional no es una alternativa a la jurisdicción universal. Así lo afirmó el fiscal del organismo, Fabricio Guariglia, en su intervención en el Congreso de Justicia Universal celebrado este jueves. “El Estatuto de Roma no crea sólo una Corte Penal Internacional (CPI), sino que reafirma el propio deber de los Estados de investigar los crímenes internacionales”, declaró el magistrado argentino ante la polémica reforma de la justicia universal en España.

“La CPI –recalcó Guariglia– nació para complementar jurisdicciones nacionales de cualquier ámbito; nació porque se reconoce que a veces las jurisdicciones nacionales no bastan”. Sin embargo, el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, no suplanta ni sustituye en ningún modo la responsabilidad de los Estados firmantes de luchar contra la impunidad, enfatizó el fiscal. “El Estatuto diseña un modelo societario en pro del fin de la impunidad, reafirma el propio deber de los Estados de investigar los crímenes internacionales, y refuerza esa promesa a través de una Corte Internacional de carácter complementaria”, añadió.

A pesar de que “la Corte, en su preámbulo, recuerda a los estados que tienen el deber ineludible de juzgar delitos de lesa humanidad”, explicó Guariglia, “hay estados que quieren pasarnos la patata caliente”. Para el fiscal del organismo internacional, un país que “tiene jurisdicción universal, cuando se enfrenta a una persona que le pide justicia, no debería decirle vaya usted a La Haya”. Pues, en definitiva, “el Estatuto fue creado para que los estados investiguen”, puntualizó el letrado.

Sin duda, la justicia universal es un principio “incómodo”, responsable de generar tensiones entre países que no quieren colaborar en la erradicación de la impunidad, apuntó el fiscal. Sin embargo, se trata de una herramienta “necesaria” en manos de los Estados.

El papel de la Corte Penal Internacional no podrá llenar el vacío de la extinción de la justicia universal en España. Este organismo constituye, explicó el fiscal, “una promesa amplia de los Estados para luchar contra la impunidad”. Por lo tanto, “el modelo de la CPI es un modelo de complementariedad, entra en juego cuando los Estados no pueden o no quieren intervenir”, y además, remarcó, “la Corte, en realidad, entra en funcionamiento en un esquema relativamente acotado”.

España no cumple con el Tratado de Roma

La fortaleza del organismo penal internacional reside en la “ratificación extendida” del Tratado de Roma, gracias a lo cual “adquiere universalidad”, notó Guariglia. En este sentido, cuantos más socios se suman a la normativa, “más se lucha contra la impunidad”.

Sin embargo, no todos los Estados firmantes cumplen con el Tratado de Roma y lo que este conlleva. España, con su negativa a extraditar al exinspector Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, y al exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar a Argentina, sería uno de ellos. La justicia argentina les reclama por torturas durante el régimen franquista. Al ser preguntado al respecto, el fiscal Guariglia señaló que “si España no juzga ni entrega y, si esto sucede en crímenes que son competencia de la CPI sería visto como una afectación a sus deberes” adquiridos al ratificar el tratado internacional.

Además, el letrado recalcó que la Corte Internacional no “puede aceptar que un Estado no haga nada si tiene la posibilidad de hacer algo”. La oposición de España, tanto a extraditar a los dos acusados como a iniciar una investigación de los hechos, supone una “incompatibilidad” con los deberes asumidos por el Estado español “para contribuir a la erradicación de la impunidad”, principio elemental del Tratado de Roma.




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