Santamaría carga sobre el Congreso la responsabilidad de las excarcelaciones de narcotraficantes

La reforma de la justicia universal ha conllevado que más de 40 narcotraficantes hayan sido excarcelados y las críticas de los jueces. Desde el Gobierno subrayan que esto no implica que los delitos queden impunes y rechazan asumir responsabilidades porque la decisión fue tomada por el Congreso de los Diputados. “Este Gobierno como poder ejecutivo tiene que respetar las leyes que decide el poder legislativo”.

Esto es lo que sostuvo este viernes la número dos del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma de la justicia universal fue aprobada gracias a los votos del Grupo Parlamentario Popular, que presentó una proposición de ley que se tramitó por el procedimiento de urgencia y en lectura única.

"A los jueces les corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y a las cortes generales aprobar las leyes que los jueces aplican y los mecanismos en el caso de dudas sobre la legislación están legalmente previstos, aquí nadie puede considerarse al margen de lo que es la división de poderes", dijo preguntada sobre si el Ejecutivo asumía alguna responsabilidad sobre el hecho de que 43 narcotraficantes hayan salido a la calle y sobre las críticas de los magistrados. "A cada uno de los poderes nos toca respetar las decisiones que toman otros", añadió.

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"Las dificultades se plantean cuando se trata de juicios por barcos capturados en aguas internacionales no españolas, sin tripulantes españoles y en algunos de los casos que ni siquiera se dirigían a España", precisó la mano derecha del Gobierno, que acto seguido añadió que "eso no quiere decir que estos delitos tengan por qué quedar impunes pues las autoridades españolas cuando tienen conocimiento de la comisión de un delito fuera de su jurisdicción pueden denunciarlo ante la justicia del país competente".

La vicepresidenta del Gobierno señaló que la actual no es la única reforma de la justicia universal emprendida. "Ya se modificó en 2009", dijo. "A lo largo de diferentes legislaturas el principio de justicia universal ha tenido problemas de adaptación y no es una novedad".

Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia han mostrado sus diferencias contra esta reforma que nace de una iniciativa del partido del Gobierno y que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países. Hace un par de días, el magistrado Fernando Andreu se sumó a las críticas de sus compañeros. “La situación que se nos ha planteado con la reforma de la justica universal es complicada, pero debemos ser optimistas ante una ley tan chapucera que ha dejado en libertad a 43 narcotraficantes y no ha conseguido cerrar ninguna de las causas para la cual se formuló”, dijo durante su intervención en el congreso internacional sobre justicia universal.