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Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba una partida de 33 millones para contratar vigilantes privados en las cárceles

  • En 2013 se inició un proyecto piloto consistente en privatizar la seguridad en 21 centros penitenciarios
  • Los vigilantes pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía

infoLibre Publicada 30/05/2014 a las 17:25 Actualizada 30/05/2014 a las 17:55    
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El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de vigilantes privados para que presten apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad en los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros, distribuido en las anualidades 2014 y 2015, por lo que, al ser superior a doce millones de euros, debe contar con la previa autorización del Consejo de Ministros.

En el año 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.

El Gobierno señala que "tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes". Esas necesidades pasan por "compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad".

También se busca "optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". También "destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos".

67 centros penitenciarios

Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación que cubra los 67 centros penitenciarios y los vigilantes de seguridad pasarán a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como responsables de la seguridad de cada centro.

El volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.

El coste del contrato se estructura en tres partidas destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los puestos de prestaciones variables (puestos con jornadas de 12 horas y días de prestación variables, bien de lunes a viernes o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.

El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así como con los movimientos de salida y entrada de reclusos.

Por ello, la tramitación del expediente se hará mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que concurren circunstancias excepcionales que exigen la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la Ley de contratos del sector público), declarado por resolución del Ministro del Interior de 1 de abril de 2014. Está previsto que el contrato tenga una duración de un año. Su ejecución comenzará el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si ésta fuese posterior.


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