Operación Pokémon
Dimiten los siete concejales de Santiago condenados por prevaricación
Los siete concejales del PP en Santiago de Compostela que fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación renunciarán a su acta, tal y como han acordado en el transcurso de una reunión con la dirección autonómica del PPdeG que se prolongó durante algo más de dos horas.
El juez decidió este lunes condenar por prevaricación a los siete miembros de la Junta de Gobierno Municipal de Santiago de Compostela que acordaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de su compañero de corporación Adrián Varela, implicado a su vez en el caso Pokémon y quien presentó su dimisión el pasado lunes 26 de mayo.
La condena impuesta a los siete concejales es de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público. Precisamente, la Fiscalía había mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para los siete ediles al término del juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1 el 19 de mayo.
Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para los ediles de Santiago que aprobaron la defensa de otro
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A la salida de la cita en la sede autonómica, la todavía portavoz del gobierno local, María Pardo, leyó un comunicado en el cual los ediles volvieron a defender su inocencia, pese a que la sentencia sostiene que "injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando" cuando aprobaron que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de defensa de Adrián Varela.
En el escueto comunicado se recoge la determinación de "renunciar al acta de concejales" ante la decisión de la Justicia, la cual los ediles consideran "injusta" en su resolución de culpabilidad y "desproporcionada en lo que se refiere a la condena", de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público.
La por ahora portavoz del gobierno local, flanqueada por los diversos cargos del PP que estuvieron presentes en la reunión, y el propio alcalde –imputado también en el caso Pokémon y en una causa a raíz de una denuncia de un policía local–, aseguró también, en nombre de todos los ediles condenados, a los que mencionó uno por uno, que mantienen su "inocencia".
