Beatriz se queda: crónica de un desahucio paralizado

Beatriz Yuste tiene treinta años y vive con su hijo de seis. En agosto de 2013, tras separarse de su expareja y verse en la calle, decidió ocupar un pequeño piso de dos habitaciones en el distrito madrileño de Usera que pertenece a Bankia.

El pasado mes de enero Beatriz perdió su trabajo de peluquera y desde entonces sobrevive a base de ayudas de familiares y amigos. Sostiene que en sus vecinos de bloque la han acogido bien e intenta pagar los costes de comunidad cada mes. Todo empeoró cuando a finales de mayo –con solo 10 días de antelación– el juzgado le notificó que este viernes se llevaría a cabo su desalojo.

A las once y media de la mañana –una hora y media antes de lo que se había avisado–, cinco furgonetas y un coche de la Policía Municipal de Madrid llegaron ante la puerta del número 38 de la calle Pilarica. Inmediatamente Beatriz se asomó a la ventana, comenzó a llorar desconsolada y empezó a recoger su ropa y la de su hijo –que estaba en el colegio– para meterla en bolsas de basura. "Solo quiero un alquiler social pero en el banco ni siquiera aceptan reunirse conmigo", explicaba Beatriz.

Sus compañeros de colectivos antidesahucios como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la asamblea de vivienda del 15-M de Usera la ayudaron a desmantelar su hogar ante el inminente desahucio. Abajo, en la calle, una veintena de activistas custodiaba la puerta.

La policía no tardó en retirar a las personas que allí se habían agolpado para apoyar a Beatriz y en subir hasta el tercer piso del bloque. Pero la joven y sus compañeras no se iban a rendir tan fácilmente y, a modo de barricada, colocaron el frigorífico y todo lo que encontraron para taponar la puerta de la vivienda. "No vamos a abrir hasta que no llegue el abogado de Beatriz. Tendréis que sacarnos a la fuerza", espetaron a los agentes que esperaban en la puerta.

Media hora después, y ante el asombro de todos los presentes, la Policía se montó en sus vehículos y se fue sin dar explicaciones. El desalojo no se iba a ejecutar. Al menos de momento. Beatriz seguía llorando, pero esta vez de emoción, mientras sus compañeras la abrazaban y consolaban.

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"Sí se puede", coreaban desde la calle vecinos y amigos y Beatriz bajó para agradecer el apoyo de todos. Pero aún faltaba la confirmación por parte de la comisión judicial que había ordenado el lanzamiento de la vivienda.

A dos calles de la casa de la joven, un coche de la Policía Local dejó a la comisión judicial que, sin bajarse del vehículo, notificó a Beatriz y a su abogado Gonzalo Carrasco (voluntario de la PAH) que el desahucio se suspendía hasta el 25 de julio. "Ahora lo que hace falta es que sigamos organizados para seguir intentando negociar con el banco", explicó el letrado a la vuelta de la reunión improvisada. 

Beatriz ha ganado algo más de un mes para intentar conseguir un alquiler social de la vivienda que ocupa con su hijo. Está feliz, pero es consciente de que es complicado que Bankia dé su brazo a torcer. Su caso no es una excepción. Solo en la mañana de este viernes los colectivos antidesahucios paralizaron otros dos desalojos en Madrid.