Pedraz y Guindos cercan a Deloitte por no alertar del agujero en tres bancos rescatados

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, investigan la responsabilidad de Deloitte, la auditora de Banco de Valencia, Bankia y Caja de Ahorros de Inmaculada (CAI), al no alertar del agujero de estas entidades, que tuvieron que ser intervenidas con 40.000 millones de euros de dinero público.

En concreto, Pedraz instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 1 la querella presentada por el abogado Diego Muñoz-Cobo, en nombre de la Asociación de Pequeños Accionistas de Banco de Valencia (APABANKVAL), en la que se asegura que la colaboración del socio auditor de Deloitte en Banco de Valencia, Miguel Monferrer Fábrega, fue fundamental "para dar apariencia de verosimilitud" a las cuentas maquilladas de la entidad financiera valenciana.

"Resultados ajenos"

Según esta querella, que fue admitida a trámite y posteriormente ampliada por la propia Fiscalía Anticorrupción, la auditora utilizó artificios contables en la formulación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2010, con lo que consiguieron alterar el contenido de algunas partidas, "al efecto de arrojar unos resultados satisfactorios, pero totalmente lejanos a la realidad de la entidad".

De esta forma, prosigue la querella, la auditora validó con su firma los presupuestos del banco, "creando una apariencia de solvencia al efecto de mantener el valor en Bolsa". De esta manera, y tras aprobar la formulación de las cuentas con el aval de Deloitte, el consejo de administración de Banco de Valencia acordó en enero de 2011 someterlas a la aprobación de la junta de accionistas, que finalmente las aprobó: "En base a la exhibición de músculo financiero hábilmente manipulado por Deloitte con un informe sin salvedades a sabiendas que dichas cuentas en modo alguno ofrecían una imagen fiel de la compañía, la cual se encontraba en clara situación de insolvencia y quiebra técnica".

Manipulación de cuentas

Para los denunciantes la manipulación de las cuentas tenía como objetivo sustentar el valor, la acción en Bolsa, "al efecto de llevar a cabo diversos movimientos especulativos bursátiles, en beneficio de los querellados y en claro perjuicio de los accionistas minoritarios, ajenos a la manipulación y que vieron y sufrieron la caída de la acción, con pérdida de su total valor meses después con al intervención del Banco de España y del FROB", completa la querella.

El 20 de noviembre de 2013 Pedraz imputó un nuevo delito, el de falsedad contable, a los integrantes del consejo de administración. Pero también extendió la imputación al auditor Miguel Monferrer Fábrega, que según un informe del Banco de España aprobó unas cuentas con "numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito". En concreto, la existencia de un déficit de provisiones específicas por un valor de 177 millones. Banco de Valencia acabó siendo intervenido por el Gobierno, que según el Tribunal de Cuentas ha suministrado más de 17.000 millones para evitar su quiebra.

Expediente en Bankia

En el caso Bankia la situación del auditor, Francisco Celma, es diferente, pues no está imputado. El pasado 10 de marzo de 2014 el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía y Competitividad cuyo ministro es Luis de Guindos, reactivó el expediente sancionador contra Deloitte por irregularidades en su trabajo en Bankia.

El papel de la auditora en el desplome de la entidad financiera es fundamental, pues su negativa a firmar las cuentas presentadas por el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, precedió a la dimisión del expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Caja de Ahorros de la Inmaculada

Pero además de las investigaciones sobre Deloitte en Banco de Valencia y Bankia, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía y Competitividad trata de averiguar si Deloitte cometió irregularidades al auditar las cuentas de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), tal y como consta en la denuncia presentada por la Confederación Intersindical de Crédito, un sindicato del sector bancario.

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Para presentar esta denuncia, el sindicato se basa en el expediente abierto contra el auditor de Bankia publicado este lunes por infoLibre, observando "hechos similares" en las auditorías practicadas a Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), una entidad que junto con las otras componentes de Caja 3 ha recibido 407 millones tras su absorción por Ibercaja. Según el escrito del sindicato, podrían imponerse a Deloitte "sanciones graves o muy graves respecto a su falta de independencia por Deloitte, pero también en lo relativo a la reclasificación de créditos.

Estados financierosinfoLibre

se ha puesto en contacto con Deloitte, que ha asegurado que los tres casos citados no tienen ningún punto en común. Además, en relación a Bankia, un portavoz de la auditora ha destacado que no está imputada, al mismo tiempo que reseñó que el expediente del Ministerio de Economía, que no es firme, tampoco cuestiona los estados financieros ni la auditoría.