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Reforma constitucional

El futuro modelo territorial: entre el secesionismo y el inmovilismo

Presentación del informe 'El modelo territorial español treinta y cinco años después' de la Fundación Alternativas.

El debate soberanista planteado por Artur Mas en Cataluña pone sobre la mesa –si es que no lo estaba ya– la posibilidad de replantearse el modelo territorial del Estado 35 años después de que se aprobara la Constitución española.

A través del informe de la Fundación Alternativas El modelo territorial español treinta y cinco años después –presentado este martes–, el catedrático de Derecho Administrativo y exministro socialista de Justicia y de Administración Territoral Tomás de la Quadra pretende buscar "una solución realista a un debate que lleva tiempo en la vida política" a través del "consenso".

Según el catedrático, caben muchas posibilidades entre el centralismo o el inmovilismo y el independentismo y el secesionismo. Para ello presenta una serie de propuestas que incluyen reformas constitucionales, por un lado, y adaptaciones y mejoras que pueden hacerse sin reformar la Carta Magna, por otro.

Del Estatut a reformar la Constitución

"Cataluña expresó una voluntad al ratificar el Estatuto pero el pueblo no sabía si eso era estrictamente consitucional, ni tenía por qué saberlo", explicó De la Quadra. "Resultó que muchos aspectos no eran constitucionales y el Tribunal no tuvo más remedio que decirlo", pero "esa voluntad pude tener encaje por medio de modificaciones constitucionales e incluso sin ellas", apuntó el experto.

Incluso cuando hacen faltan modificaciones constitucionales, advirtió De la Quadra, "no son de esas que implican una alteración completa, no son excesivamente difíciles de hacer". En concreto se refirió a las que afectan al Título VIII de la Constitución, que supondrían según el exministro un proceso de reforma "simple" equiparable a la del artículo del 135 de la Constitución que PP y PSOE modificaron en agosto de 2011: "No es difícil si hay un acuerdo y tampoco es algo que afecte a las bases del sistema".

Un Senado a la alemana

De la Quadra cree –y así lo expresa en el documento de trabajo– que el principal obstáculo para alcanzar este consenso es el inmovilismo del Gobierno de España y el victimismo secesionista de la Generalitat. Plantea que, desde el punto de vista constitucional, se podría volver al encaje "sin distorsiones excesivas".

El autor defendió que España "ya es un Estado de corte federal" pero se podría profundizar en este camnino cambiando en el artículo 149 de la Constitución, que prevé que las competencias que no asuman los estatutos de autonomía son siempre del Estado, algo que "podría cambiar" para darle un tono "más federal" a la Constitución: "Lo que no esté expresamente previsto que es competencia del Estado, que sea de las comunidades autónomas".

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Otro asunto novedoso recogido en el informe es reinventar el papel del Senado. Propone un Senado al estilo alemán formado por los gobiernos (por sus consejeros)de las diferentes comunidades autónomas para conseguir "un debate real" que realmente conozca de lo que se habla. "Que el gobierno catalán, el vasco, el de Valencia... discutan qué cosa beneficia más a uno u otro territorio. Así los consejeros hablarán de temas que conocen y no se estará interfiriendo la presencia del debate interno, que para eso ya está el Parlamento de Cataluña o la Asamblea de Madrid", explicó el catedrático.

Por otro lado, aconsejó el cambio del principio dispositivo que recoge la Carta Magna, que dejó "muy abierto" el modelo territorial y las competencias de cada autonomía posibilizando "diversos contenidos". "Habría que cerrarlo y eso sería una buena pedagogía para dejar claro que el Estado tiene unas competencias y las otras son residuales", explicó de la Quadra. Además propuso que también existan competencias concurrentes, es decir, que tanto el Estado como las regiones sean competentes por igual para legislar en una materia, y no como ahora, que cada uno es competente en una parte: el estado hace las bases y las autonomías las desarrolan.

El experto defendió en último término la idea de negociar la financiación autonómica y el esfuerzo fiscal (que paguen más los que más tienen). También el de respetar los signos identitarios pero, eso sí, la "línea roja" es que no puede haber comunidades privilegiadas ni se puede romper el principio de solidaridad, algo, dijo, "bien razonable en cualquier estado federal del mundo".

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