El Gobierno del PP sólo logra sumar al País Vasco al acuerdo sobre la financiación de la 'ley Wert'

No hubo consenso en el contenido y tampoco lo habrá en la senda financiera para la implantación de la reforma educativa que llega a las aulas el próximo curso. De las autonomías no controladas por el PP, el Gobierno sólo ha logrado que el País Vasco vea con buenos ojos la cuantía económica con la que se financiará el sobrecoste que supone la implantación de la FP Básica y de los itinerarios de 3º y 4º de la ESO. Esta cantidad asciende a 964 millones de euros en una primera fase (la que irá de los años 2014 a 2017), que se complementará con otros 1.200 millones de euros en un segundo período, que el Ejecutivo define como de consolidación de la reforma (2018-2020). En total serán 2.164 millones de euros. Este lunes, el titular de Educación, José Ignacio Wert, se reunió con los consejeros del ramo para abordar este asunto.

La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Vasco, Cristina Uriarte, señaló que la cantidad que Educación ha asignado a su autonomía  (48,9 millones de euros) es "razonablemente aceptable" y señaló que con esos medios pueden ofertar "una buena FP Básica". Una visión muy diferente dieron los responsables de Educación de Andalucía, Canarias, Asturias y Cataluña, todas ellas autonomías en las que no gobiernan los conservadores. Luciano Alonso, consejero andaluz, cree que los 117 millones con los que se financiará la reforma en su comunidad son insuficientes y criticó los "errores de cálculo tremendos" del sistema de financiación. Ana González, la consejera asturiana de Educación, también ve insuficientes los 4,5 millones con los que se financiará la Lomce en su comunidad. Según sus cálculos, la implantación de estos estudios, aplicando los mismos criterios que el ministerio, ascendería a 16,5 millones. "Incluso Melilla [con 7,9 millones asignados] dobla la financiación de Asturias", lamentó. 

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José Miguel Pérez, consejero de Canarias, denunció que Educación solo pondrá uno de cada cinco euros del coste por alumno de la implantación de la FP Básica en su comunidad: "Cuatro lo pondrá la comunidad autónoma", puntualizó. La consignación para esta autonomía es de 44,9 millones en total, de los que 28,8 son para la FP. Por su parte, la consejera catalana, Irene Rigau, dijo que su Ejecutivo no ha podido aceptar la propuesta que ha hecho este lunes el ministro José Ignacio Wert en la Conferencia Sectorial de Educación porque "no ha quedado claro ni por escrito" que el modelo de financiación no generará déficit a las comunidades. Además, ha lamentado que ese sistema se haya elaborado "de espaldas" a los gobiernos regionales y sin que haya un nuevo modelo de financiación. 

Precisamente la polémica sobre si la financiación computaría como deuda para las autonomías marcó el curso de la Conferencia Sectorial de Educación. En rueda de prensa al término de la reunión, Wert explicó que los 964 millones previstos para los tres primeros años de implantación de la norma son un adelanto a las autonomías, cuya deuda inicial "se amortiza automáticamente" con la generación de un crédito, que "supone incurrir en el gasto para el que se ha facilitado [a las autonomías] este anticipo". Y que, por tanto, no computarán como deuda en ningún caso. 

Previamente, el consejero canario había alertado de que la parte de la financiación del primer período de la reforma que corre a cargo del Fondo Social Europeo (614 de los 964 millones) inicialmente computaría como deuda para las autonomías. A la salida del encuentro, otros consejeros como la vasca Cristina Uriarte o la asturiana Ana González señalaron que este asunto no había quedado muy claro. En este sentido, Wert reiteró que el déficit de las comunidades no aumenta porque lo que lo produce son los intereses y en los anticipos de fondos europeos están excluidos. "El anticipo, como es en este caso, si se da como adelanto de fondos europeos, no hay intereses", ha aseverado el ministro para añadir que esto "no entra en la contabilidad de las comunidades autónomas". "Se genera un crédito que mata la deuda que se haya contraído", apostilló.