El dinero de los conciertos para residencias de dependientes se ha reducido un 15% en dos años

El volumen de dinero que los responsables de empresas privadas reciben por parte de las autonomías en concepto de concierto para ofrecer plazas públicas en residencias geriátricas se ha reducido un 15% de media en todo el país desde 2012. Este dato fue aportado por Jorge Guarner, presidente de la patronal AESTE, durante la presentación de un informe sobre la situación actual del sistema de Dependencia presentado de forma inédita por sindicatos y patronal. Con la obra pública paralizada por la crisis, el modelo de gestión privada con provisión pública ha ido ganando protagonismo en los últimos años en todas las autonomías. Sin embargo, los recortes también han llegado a esas partidas. Y eso es algo que, según las partes afectadas, tiene consecuencias en el empleo y en la calidad de los cuidados. 

Según señaló Pilar Navarro, secretaria de Salud y Dependencia de UGT, esta situación ha provocado "bajadas salariales de entre el 18 y el 20%" que han acabado por situar las retribuciones medias del sector entre los 800 y los 1.000 euros netos mensuales, algo que tiene especial relevancia en las mujeres, mayoritarias en este tipo de trabajos. Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO, apuntó por su parte que, desde 2012, se han perdido alrededor de 28.000 empleos en el sector.

Desde el punto de vista asistencial Guarner señaló que se está haciendo todo lo posible para que esta reducción de fondos no tenga consecuencias para calidad asistencial, aunque no siempre es posible. "Intentamos sacar ese dinero de lo que cobramos a las personas que no tienen plaza subvencionada", explicó. Y se quejó también de que, en muchos casos, las residencias tienen que tener profesionales sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares...) contratados y que esos gastos no están contemplados en los baremos que utiliza la Administración para evaluar el coste de las plazas. 

Las cifras reflejan que las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema. De hecho, entre diciembre de 2011 y mayo de 2014 ha habido incluso un descenso neto de las personas que cuentan con algún tipo de ayuda o prestación. Han pasado de 738.587 a 736.777. La reducción puede ser pequeña pero sí da cuenta de una tendencia a la baja en el número de personas asistidas en virtud de la Ley de Dependencia.

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La patronal insiste en que también las residencias han sufrido el recorte presupuestario. Según datos de AESTE, durante 2013 se llegó a cerrar hasta una residencia al día como consecuencias de los problemas económicos y la morosidad de las comunidades, que en algunos casos llegan a tardar hasta ocho meses en abonar el pago de las facturas. Asimismo, el máximo responsable de esta organización asegura que hay 55.000 plazas de residencias en España que están vacías y que no se ponen en marcha por falta de fondos. 

Sindicatos y patronal hicieron una cerrada defensa de la Ley de Dependencia y exigieron al Gobierno central y a las autonomías que tomen medidas para revertir la poca repercusión que ha tenido la ley en los servicios profesionales. En este sentido, denunciaron que siete años después de su entrada en vigor, el 42,81% de las personas beneficiarias de alguna prestación está recibiendo los cuidados en el entorno familiar por no profesionales. Los servicios de atención residencial llegan al 13,95% de los dependientes, los de ayuda a domicilio al 12,71% y los de teleasistencia al 12,53%. Así, señalaron que la profesionalización total de estos servicios podría generar hasta 125.000 puestos de trabajo. 

En la actualidad, según datos del Imserso, hay 736.777 beneficiarios (15.228 menos que cuando el PP llegó al Gobierno) y 184.060 personas esperan una cobertura a la que tienen derecho.